Migración localiza a 47 extranjeros trabajando de forma ilegal en Coopesa

El dato lo suministró la Dirección General de Migración y Extranjería, luego de una inspección realizada este martes en las instalaciones que la compañía tiene en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

En un comunicado de prensa, Migración detalló que la revisión se hizo en conjunto con funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La visita se hizo luego de que recibieron denuncias de que en la mencionada empresa laboraban extranjeros como técnicos en aviación, sin los respectivos permisos laborales.

Los foráneos son salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos y venezolanos, quienes fueron reclutados por dos empresas que son subcontratadas por Coopesa para efectuar algunos de los trabajos especializados.

Esas personas recibían salarios que van desde los $420 (¢240.000) a los $1.300 (¢744.000) semanales.

Cuando las autoridades migratorias revisaron los documentos de los foráneos, determinaron que solamente contaban con las visa de ingreso de turismo, condición que les permite estar en el país, pero no los autoriza a realizar labores remuneradas.

Además, ninguno de los 47 extranjeros había presentado una solicitud para laborar en suelo costarricense.

En un comunicado de prensa enviado la tarde de este martes, Coopesa informó de que con el objetivo de cumplir con sus servicios, suscribió convenios con empresas nacionales y extranjeras para que les suplieran los trabajadores especializados.

"Coopesa no es responsable de la situación migratoria de los técnicos. Le corresponde a las empresas que contratan el personal técnico definir la estancia migratoria del personal que nos suplen.

"Las personas de estas empresas ya se encuentran resolviendo la situación de los técnicos, para normalizar su estatus migratorio bajo la denominación de estancia temporal, lo cual no ha afectado nuestras operaciones", dice el comunicado firmado por Allan Morales Vargas, vocero de Coopesa.

No obstante, Migración y Extranjería informó de que el asunto se encuentra en investigación y que Coopesa debe demostrar que no tiene ninguna responsabilidad.

Asimismo, hicieron ver que en caso de comprobarse que Coopesa incurrió en contrataciones de trabajadores extranjeros de forma irregular, se expone a una multa que oscila entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base del Oficinista 1 del Poder Judicial, según lo sancionan los artículos 174 al 180 de la Ley de Migración.

Para el 2018, ese sueldo es de ¢431.000, por lo que la multa oscilaría entre ¢862.000 y ¢5.172.000.

La Policía Profesional de Migración decomisó los pasaportes de los extranjeros. Estas personas fueron citadas para la próxima semana, para que regularicen la situación laboral en el país, o bien, para que salgan del territorio nacional.