EscucharNueve funcionarios del Poder Ejecutivo, que no son criminólogos, revisan cada mes unos 380 casos de delincuentes sentenciados para valorar si deben estar o no dentro de las cárceles o deben completar el resto de la pena en regímenes semiabiertos.
Estas pocas personas son las que conforman todo el Instituto Nacional de Criminología (INC) del Ministerio de Justicia y Paz. Se trata de funcionarios que toman decisiones sin supervisión judicial.
Aunque por el nombre del Instituto se deduciría que las personas que lo integran son criminólogas, la realidad es que únicamente la directora ostenta esa profesión. En total, son diez personas las que integran la institución y, como se indicó al inicio, las otras nueve tienen sus atestados en áreas distintas a la ciencia social que estudia la criminalidad.
El subdirector de la entidad es administrador y entre los demás miembros hay dos abogados, una médica, una orientadora, una trabajadora social, una psicóloga, un educador y un estadista. Estas son las personas que deciden si un privado de libertad puede pasar al nivel de atención seminstitucional, donde los reclusos solo tienen que llegar a pasar la noche en los centros penales y durante el día pueden salir y trabajar.
Los no criminólogos revisan casos que pueden pasar a monitoreo electrónico, libertad condicional, indultos, retrocesos a las cárceles y ejecutan “valoraciones técnicas”. En los últimos seis años y dos meses han analizado más de 28.000 expedientes, en promedio, unos 95 a la semana. Además, en los últimos tres años han autorizado más de 3.000 traslados de reos al sistema seminstitucional.
Datos del 2020 hasta la fecha demuestran que la mayoría de casos que llegan a manos del Instituto para trasladarse a modelos semiabiertos son aprobados. De los 5.297 que se han estudiado desde enero de ese año, 3.657 recibieron un visto bueno y apenas 1.219 fueron denegados. Otros 421 aún se encuentran en estudio para dar un veredicto. Esto quiere decir que, en promedio, un 70% de los privados de libertad que solicitan el beneficio obtienen un sí como respuesta.
La Nación conoció que en realidad el INC no es instituto como tal, sino que funciona como un ‘Consejo de Gobierno’ que se reúne dos veces a la semana en extenuantes jornadas de más de ocho horas, en las que incluso en ocasiones no hay tiempo de comer. Aunque la labor es delicada, los encargados toman decisiones en un ambiente de mucho cansancio y hasta desesperación.
Así lo afirmaron, el pasado 29 de marzo, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos; el viceministro de Justicia, Exleine Sánchez; y el director general de Adaptación Social, Juan Carlos Arias, en una entrevista con este diario.
Una oferta que aún no existe
Ante consultas de La Nación, los jerarcas reconocieron que el INC necesita más manos y verdaderos criminólogos para trabajar adecuadamente, tanto así que hablaron de presentar un proyecto de ley para reestructurar por completo el órgano e incluso cambiarle el nombre. Sin embargo, ese proyecto, hoy, no existe.
El ministro dijo que aunque el instituto no “existe como tal”, requiere su propio edificio y profesionales “que se encarguen seriamente de esta situación”. Por el momento, las siete personas que se necesitan para que haya quórum para sesionar se encargan de los miles de casos que entran cada año, incluida una larga cola de cientos de casos que se encuentran pendientes por el alto volumen de trabajo que recae en tan pocas manos.
“Cuando ellos se sientan no hay tiempos de alimentación, salen muy tarde siempre. El almuerzo es muy reducido, no es en el plazo que usted y yo tenemos a veces de una hora. Ellos se sientan y prácticamente no hay chance de ningún tipo. Usted los ve cansados, superados, desesperados a veces. No son ocho horas las que están ahí”, contó el viceministro Sánchez.
A pesar de la gran carga de trabajo y el atraso en resoluciones, los jerarcas dijeron que desde que iniciaron su administración, en mayo anterior, le solicitaron al INC que fuera más cauteloso en la toma de decisiones y que revisara caso por caso con más detenimiento.
Tras cuestionarles si este trabajo es realista para un equipo de no criminólogos tan pequeño, aludieron que la labor tampoco es tan determinante, porque en realidad solo es “un segundo filtro” o “validación” de un análisis igual que se realiza en cada centro penal del país, desde donde se envían los expedientes que se recomienda al INC aceptar.
“El INC sesiona para conocer los casos que son referidos por los comités de análisis de cada centro institucional, que funciona de acuerdo a ese mismo proceso, pero en un menor nivel, es decir, en La Reforma también hay un orientador, un psicólogo, un abogado y un jefe policial. Entonces, a nivel de centro hay una sesión de un consejo de análisis”, explicó el director Arias.
Rechazan supervisión
¿Se podría prescindir del Instituto, ya que otros consejos de funcionarios penitenciarios realizan su misma función desde cada cárcel del país? Para los jerarcas de Justicia la respuesta es que no, ya que el INC tiene la potestad de decir la última palabra en cada caso.
Tanto así que consideran que ni siquiera debería haber una supervisión judicial en estas medidas, aunque se trate de decisiones que pueden cambiar el rumbo de una sentencia ordenada por un juez en diversos tipos de delitos.
“¿Para qué supervisión judicial si la función del sistema penitenciario es del Ejecutivo? ¿Entonces yo tendría que supervisar cómo resuelven los jueces? Las personas ya están sentenciadas por jueces, pero la pena es de nosotros, no es del Judicial (...). Y por lo menos, ahorita el INC parte con un criterio técnico responsable, a mí me gustaría saber cuál criterio técnico responsable tiene un juez de la República para ordenar monitoreo electrónico a una persona de narcotráfico.
“Si el sistema penitenciario lo administra el Ejecutivo y el fin del sistema penitenciario es que la persona se inserte nuevamente en la sociedad, nosotros no estamos haciendo algo que la ley nos niegue, más bien la ley nos da la razón, el problema es cuando trasgredimos esa norma y entonces otros quieren venir a decir aquí cómo se tienen que hacer las cosas.
“No, yo creo que cada poder preocúpese por lo suyo y por hacerlo bien. (Si el Poder Judicial quiere supervisar) que lo tengan por ley. Entonces que lo asuman todo. Yo feliz les entrego todo, a ver si puede el Poder Judicial”, reclamó el ministro Campos al respecto.
Para el viceministro Sánchez, quien acumula 25 años de experiencia en el Organismo Investigación Judicial (OIJ), que el Poder Judicial supervise los traslados de reos al sistema seminstitucional “sería el acabose de este país”, ya que asegura que está colapsado y no podría con la tarea. Además, explica que en mesas de trabajo en Justicia han llegado a la conclusión de que no es “oportuno” que exista dicha supervisión por la “independencia de poderes y la confianza de deposita el pueblo en nosotros”.
“Yo vengo de casa, el Poder Judicial está colapsado. ¿Cómo pretende un Poder Judicial colapsado supervisar una labor que de por sí ya es crítica en esencia? Entonces, la respuesta que nosotros le damos desde nuestra valoración es que eso no se puede supervisar (...). No tiene que haber supervisión, no tiene que haber invasión, no tiene que ver co-administración”, aseveró.
Sin garantía por reincidencia delictiva
Los jerarcas de Justicia alegaron que no pueden dar seguridad de que las personas que pasen al nivel seminstitucional no vuelvan a cometer delitos cuando se encuentren en sus momentos de ‘libertad’ fuera de las cárceles. De hecho, confirmaron que en ocasiones los reos delinquen y las autoridades penitenciarias se dan cuenta hasta muchos meses después.
“Es que seamos francos; ningún proceso es infalible en esta vida. Uno no puede dar garantía y yo creo que nadie en este país puede dar garantía de que la persona que llegó a un sistema cerrado y que antes estuvo delinquiendo absolutamente toda su vida, que no tuvo familia, que no se formó en valores y que no tuvo oportunidades, uno no puede ser ingrato en pensar que cuando esté en el sistema cerrado un tiempo y migre el sistema seminstitucional, uno no puede dar garantía de que esa persona no delinca otra vez. Cualquiera que le diga eso estaría mintiendo porque no ocurre así”, comentó el viceministro.
Sánchez dijo que para percatarse más rápidamente de la comisión de delitos por parte de reos del nivel seminstitucional, el año pasado le abrieron las puertas a la Fiscalía para que consultara sus bases de datos cuando cualquier persona fuera detenida.
También le solicitaron una lista de los reclusos con ese beneficio que han cometido delitos estando dentro del sistema, con el fin de valorar cada caso de forma individual y evaluar si se regresaban de nuevo al sistema cerrado dentro de las celdas.
“Estamos buscando la manera en que esa información no llegue en tres, cuatro o cinco días, no, que sea en 24 horas. Que si una persona hoy comete un delito estando en el nivel seminstitucional, se nos informe en 24 horas. Pero vieran, eso es complicado en este país. ¿Por qué? Porque aquí hay poderes de la República que están de por menos y algunas veces la comunicación no es tan efectiva como uno pretende. A veces duramos meses en darnos cuenta. (Si alguien comete un delito) muy probablemente nosotros no nos enteremos porque esa información no fluye como la hemos pedido. Así lo hemos solicitado, pero no hemos tenido la respuesta que queremos”, agregó.
Por su parte, el ministro Gerald Campos contó que incluso le han ofrecido al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) que también acceda a sus bases de datos cuando capturen a una persona cometiendo un delito, con el fin de que consulten si pertenece al sistema penitenciario y, eventualmente, lo presenten ante el Ministerio Público con el aviso sobre el nivel carcelario en el que se encuentra o el beneficio que ostenta.
Sin embargo, remarcó que es la Fiscalía la que debe avisar si queda detenido algún reo del nivel seminstitucional, para tomar acciones. “Que nos avisen cuando los detienen porque nosotros no nos damos cuenta”, concluyó.
