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En la primer semana de vigencia de un acuerdo entre los Ministerios de Seguridad y Justicia se logró detener a 11 personas por incumplimiento en el uso de tobillera electrónica o que incumplieron con otro tipo de beneficios carcelarios. Lo anterior evidencia vulnerabilidades que las autoridades buscan erradicar.
El 13 de mayo los jerarcas Mario Zamora y Gerald Campos, de Seguridad Pública y Justicia, respectivamente, anunciaron un plan conjunto para multiplicar la vigilancia de personas a las que en lugar de cárcel, los jueces benefician con el uso de tobillera dentro de una zona geográfica en especifico o con otro tipo de medidas menos gravosas como la libertad condicional.
De esta forma, el Ministerio de Justicia comparte con cada dirección regional de la Fuerza Pública los datos sobre cuáles son las personas que usan tobillera en cada región, con el fin de que las patrullas puedan realizar visitas sorpresa a esas casas y verificar el cabal cumplimiento de la medida.
Entre el 15 el el 21 de mayo las acciones con ese fin, así como los patrullajes de rutina de la Fuerza Pública permitieron presentar ante la Fiscalía a 11 personas que incumplieron con el beneficio y se exponen a que les sea derogado.
El uso de tobilleras solo lo pueden dictar los jueces, pero otros beneficios carcelarios como el traslado a regímenes semiabiertos los otorga el Instituto Nacional de Criminología (INC) a personas que ya cumplieron al menos la mitad de la pena en prisión y han tenido buen comportamiento.
Los Juzgados a cargo y el INC tienen, en sus respectivos campos, la potestad de derogar el beneficio en caso de incumplimiento territorial o si la persona beneficiaria vuelve a delinquir.
En algunas ocasiones se ha detectado a personas con tobilleras descargadas, desconectadas y hasta adulteradas, así como a otros que se han quitado el aparato y circulan libremente o que lo llevan puesto a la hora de delinquir.
Con el fin de evitar esos incumplimientos, los ministerios citados unieron esfuerzos para velar porque las sentencias se cumplan como debe ser.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmó al firmar el acuerdo con su homólogo de Justicia que la Fuerza Pública será un brazo adicional de la Policía Penitenciaria y en caso de sorprender a una persona fuera de la zona de restricción, se levantará un documento que será enviado a Justicia y al Poder Judicial para determinar por qué la persona estaba fuera del área permitida.
Aunque le consultamos al Ministerio de Justicia sobre las acciones tomadas con esas 11 personas y el lugar y forma en que se les detuvo, no se tuvo respuesta a la hora de la publicación de esta nota.
El ministro Zamora también informó en la conferencia de Casa Presidencial que esta semana se dejó a la orden de las autoridades judiciales a 161 personas que tenían orden de captura en diferentes juzgados del país y fueron detenidas en las diversas acciones policiales.
Las personas con orden de captura son aquellas que no se presentaron a procesos judiciales en su contra o que algún Juzgado requiere pues incumplieron las medidas cautelares mientras se les investigaba por diversos delitos y buscan evadir la acción de la justicia. También incluye a personas buscadas por incumplir medidas de protección o por no pagar pensiones alimentarias, entre otras.
