La Fuerza Pública de cada región tendrá conocimiento sobre las personas que tienen tobillera, de modo que habrá un mejor control de sus movimientos para velar porque la sentencia se cumpla como debe ser. Foto: MSP (Tomada de Twitter)
De ahora en adelante, la información sobre personas con tobilleras en nuestro país será compartida por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), a efecto de que la Fuerza Pública pueda reforzar con visitas sorpresas a las personas que cumplen arresto domiciliario, sea como medida cautelar o por sentencia judicial.
La idea es que los oficiales del MSP puedan reforzar la supervisión en las calles y las viviendas, según el rango de movilidad que el juez haya dispuesto.
Esa unión de esfuerzos llenará un vacío de la Policía Penitenciaria la cual, por escasez de oficiales, realiza controles presenciales muy esporádicos.
El centro de control electrónico, donde una pantalla muestra la ubicación del portador de cada dispositivo, seguirá a cargo de la Dirección de Unidades Electrónicas del Ministerio de Justicia, pero ahora esa entidad podrá alertar a la cartera de Seguridad cuando detecte a una persona fuera de área y que así se pueda determinar qué está pasando y detener al portador, de inmediato, en caso de incumplir lo que el juez ordenó.
Así lo anunciaron los ministros Mario Zamora y Gerald Campos, de Seguridad Pública y de Justicia, respectivamente, la mañana de este sábado en el despacho del segundo en Zapote.
Según Zamora, la policía será un brazo adicional para que en caso de sorprender a una persona fuera de la zona de restricción se levante un parte que será enviado a Justicia y al Poder Judicial. De igual forma, cada vez que se sorprenda cometiendo delitos a una persona con tobillera, la policía tendrá a mano las herramientas para determinar si está o no fuera del área permitida.
Campos, se mostró optimista por el acuerdo y reiteró que van a insistir ante la Asamblea Legislativa para que la tobillera solo se aplique a personas cuyas sentencias sean iguales o menores a cuatro años, de modo que, quienes cometan delitos graves no tengan acceso a ese beneficio.
Hasta noviembre del 2022 había 1103 personas sentenciadas con tobillera y 766 indiciadas portaban ese aparato, para un total de 1869, entre ellas 285 mujeres.
Otro acuerdo, en favor de la seguridad ciudadana, tiene que ver con los patrullajes más intensos que realizará la Fuerza Pública en perímetros de los centros penitenciarios, pero específicamente en dos de ellos que tienen problemas críticos.
Los jerarcas no revelaron de cuáles centros se trata para garantizar el éxito de la estrategia, con la que se busca, entre otras cosas, impedir que personas lancen paquetes a lo interno de las cárceles.
Lo anterior porque muchos de los 2600 celulares y los 210 kilos de droga decomisados, en el primer año de este gobierno, a lo interno de las cárceles, llegar por esa vía, indicó Campos.
El bloqueo de la señal celular va a seguir, pues según el jerarca de Justicia ha sido muy exitoso y se refleja en una fuerte disminución de las estafas que se fraguaban y se perpetraban desde centros penales, con grandes pérdidas para personas engañadas por los reclusos.
Un tercer aspecto en el que ambos funcionarios estuvieron de acuerdo es compartir los alcances que los equipos de inteligencia obtengan para favorecerse mutuamente.
De esa forma, la Fuerza Pública conocerá los datos de interés que se recopilen dentro de los centros penitenciarios, para mejorar los despliegues operativos de interés común, y Justicia también tendrá acceso a los de Seguridad.
