Carlos Arguedas C.. 16 agosto
El funcionario, por el tipo de labores que desempeña, tenía acceso a todas las instalaciones de La Reforma. Por ahora se desconoce quienes serían los destinatarios de los aparatos. Foto Ministerio de Justicia.
El funcionario, por el tipo de labores que desempeña, tenía acceso a todas las instalaciones de La Reforma. Por ahora se desconoce quienes serían los destinatarios de los aparatos. Foto Ministerio de Justicia.

Un trabajador de mantenimiento penitenciario fue detenido la tarde de este viernes en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, cuando pretendía ingresar con 10 teléfonos celulares ocultos entre sus herramientas.

El subdirector de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, manifestó que al colaborador, de apellidos Pérez Urroz, de 37 años, le seguían la pista desde hace varios días gracias a informes recopilados mediante inteligencia policial.

“En el momento en que ingresó al módulo fue abordado por oficiales de la Policía Penitenciaria. Ellos le pidieron que les mostrara el bolso en el que llevaba sus herramientas. Se detectó que llevaba teléfonos celulares y accesorios que son prohibidos dentro del sistema", indicó el jefe policial.

Aparte de los 10 teléfonos, el trabajador ocultaba 13 cargadores, 10 manos libres, 14 cables USB y dos baterías.

El funcionario labora en mantenimiento eléctrico para el Ministerio de Justicia desde hace un año y tres meses. Antes de este incidente, en su expediente laboral no figuraban otras faltas. Debido a la naturaleza de sus funciones, el colaborador tenía acceso a todo el centro penitenciario.

“Cabe reiterar que el Ministerio ha mantenido una posición clara y firme de no tolerar actos de corrupción. Seremos contundentes con aquellos servidores que actúen en contra de la normativa”, advirtió el subdirector.

Entre tanto, el director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, dijo que el caso ya fue remitido a la Asesoría Legal para dar inicio al debido proceso administrativo que puede llevar incluso al despido sin responsabilidad patronal. Como medida cautelar se solicitó la suspensión del colaborador.

Las bandas que operan en las cárceles pagan entre ¢80.000 a ¢400.000 a particulares o funcionarios de Justicia para que metan los móviles. Una vez con los teléfonos adentro, los venden a precios mucho más altos, ya que pueden cobrar hasta ¢800.000, según datos de Justicia.

44 teléfonos en una semana

Con lo incautado esta tarde ya suman 44 los teléfonos decomisados, esta semana, en ese centro penitenciario.

La Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz también participó en dos allanamientos solicitados por Fiscalía en coordinación con las oficinas regionales del OIJ de Alajuela y el OIJ de Puriscal, para dar con los responsables de una serie de estafas.

Este año se han decomisado 1.962 artefactos electrónicos (sumados los 44 de esta semana) en los centros penitenciarios del país; 14.941 aparatos desde el 2015.

En estos momentos corre el plazo formal de nueve meses para que los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones implementen las soluciones tecnológicas necesarias para bloquear la señal celular en los centros penales del país.

El funcionario de mantenimiento eléctrico en la parte superior del bolso llevaba dos balastros que son usados para regular la corriente de los fluorescentes. Debajo escodía los teléfonos y los accesorios. Foto cortesía Ministerio de Justicia
El funcionario de mantenimiento eléctrico en la parte superior del bolso llevaba dos balastros que son usados para regular la corriente de los fluorescentes. Debajo escodía los teléfonos y los accesorios. Foto cortesía Ministerio de Justicia