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El sistema de monitoreo electrónico empezó a funcionar en febrero del 2017.Foto: Diana Méndez. (DIANA_MENDEZ.)
El Ministerio de Justicia y Paz deberá iniciar un proceso contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), encargada de las tobilleras electrónicas, por presuntos incumplimientos del contrato.
Así lo ordenó la Contraloría General de la República (CGR) desde el 25 de mayo del 2018, y lo reiteró el 25 de junio pasado, debido a las demoras de Justicia.
Según la CGR, “numerosas gestiones realizadas por diversas partes interesadas en el tema han propiciado un atraso significativo” en el trámite. En caso de desacato, la institución indicó que aún no adelantaría criterio.
El Ministerio de Justicia informó de que, tras recibir el aviso del 25 de junio, “está tomando todas las acciones que corresponden para dar cumplimiento a la orden emitida”.
“En ese sentido y por encontrarse en proceso de acatamiento lo indicado por la CGR, es que no se puede emitir ningún otro criterio ni documentación al respecto”, comunicó.
La cartera no detalló las razones del atraso señalado por el ente contralor; sin embargo, apuntó que en el último año ha enviado a la ESPH 59 solicitudes de mejora y alertas sobre faltas al contrato.
Justicia y Paz advirtió sobre la ausencia de un software para cruce de datos, incumplimiento con la entrega de tobilleras según las tallas requeridas y el desabastecimiento de los dispositivos.
El vocero de la ESPH, Christopher Camacho, indicó que “siempre ha dado respuesta a todo oficio que ha remitido el MJP; por el contrario, ha sido la ESPH la que ha denunciado las múltiples desatenciones de oficios por parte de la señora ministra”.
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“Además, es importante señalar que, a pesar de las solicitudes de la ESPH de reunirse con la señora ministra, en ningún momento lo ha hecho. Como contratistas, estamos sumamente tranquilos de nuestro cumplimiento a todas las condiciones que nos obliga el cartel, por lo que las manifestaciones de la señora ministra no son algo que nos preocupe”, apuntó.
Sobre las diligencias de la CGR, la compañía añadió que “se le ha aportado toda la documentación solicitada. Estamos tranquilos, ya que el sistema y su implementación se han desarrollado de la forma adecuada durante todo el proceso”.
El contrato fue adjudicado en el 2016, por un costo cercano a los $18 diarios por tobillera.
Actualmente, con más 1.300 personas monitoreadas, el monto pagado por el ministerio supera los $700.000 al mes, afirmó la jerarca Marcia González.
Los aparatos, estrenados en febrero del 2017, también fueron cuestionados por su vulnerabilidad.
Esto habría ayudado a que 160 personas incumplieran las medidas a octubre del 2018, lo que representó un 15% del total (1.068 reos) de aquel momento.
La ESPH solucionó el inconveniente con tobilleras más seguras y modernas.
Sin embargo, otro percance enfrentó a la ESPH y al Ministerio de Justicia, a inicios de junio, cuando la empresa confirmó que no tenía dispositivos disponibles, y se debieron suplir con algunas devoluciones durante dos días.
El faltante provocó, por ejemplo, que un joven tuviera que permanecer en su casa hasta recibir su tobillera, por lo cual tuvo que ser llamado con frecuencia por las autoridades penitenciarias y visitado por oficiales.
El 6 de junio, la ESPH alegó que el Ministerio de Justicia separó 60 kits que no pudieron usarse más. Además, reclamaba que el ministerio debía $1,5 millones (¢877 millones), la cual ya fue pagada.
Según Justicia, en aquel momento la deuda aún no había vencido.
