“Desde el miércoles se presentó el problema. Nosotros los llamamos y le externamos la preocupación que teníamos, ya que había dos personas que requerían y no había dispositivos. Con esos dos casos logramos salir adelante porque hubo una devolución de dos dispositivos", manifestó vía telefónica.

Confirmó que este jueves recibieron una carta por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la cual se encarga de la parte operativa y de monitoreo, en la que indica que “están a la espera en aduana de retirar un pedido de 50 dispositivos completos y 100 cargadores".

La nota agrega: “Sin embargo, para nadie es un secreto que el trámite ante el Ministerio de Hacienda es lento y tedioso, lo que significa que podría demorarnos hasta la próxima semana para tener el pedido en nuestra bodega. Así las cosas, nos encontramos ante un desabastecimiento y en espera de un trámite que se escapa de nuestras manos, por lo que solicitamos su compresión”.

La situación es muy complicada, dijo Bermúdez, ya que todos los días ingresan al sistema entre 5 y 10 personas por diversos motivos o sentencias judiciales. En la actualidad, 1.460 personas cuentan con tobillera de monitoreo electrónico.

“Los jueces son los que ordenan el beneficio del monitoreo electrónico y hoy en la mañana (jueves) nos encontramos a primera hora que llegaron cinco personas y no habían dispositivos. Este contrato tiene dos años de ejecutarse y ellos saben muy bien el flujo , crecimiento y situación con los cargadores”, dijo.

De los cinco casos pendientes de dispositivo, cuatro fueron solventados por la judicatura, mientras que otro estaba pendiente. A este se le sumaron otros dos al final de la tarde.

"Uno de los casos era por el presunto delito de abusos sexuales a persona menor de edad. En uno de los casos el problema es que el muchacho ocupaba uno talla L (large), cuando lo que nos devolvieron fue un S (small). No tenemos en stock y la empresa tampoco tiene. Ellos están obligados contractualmente a tener un stock de brazaletes electrónicos. De hecho cuentan con 8 horas para suministrar el dispositivo en las oficinas de Monitoreo Electrónico”, explicó Bermúdez.

Alegan deuda de $1,5 millones

Por su parte, la ESPH indicó a las 7:30 p. m., mediante un comunicado de prensa, que el Ministerio de Justicia les adeuda $1,5 millones (¢900 millones) por el pago del servicio de tobilleras electrónicas que se utilizan con privados de libertad.

Añadió que la deuda contempla los meses de febrero, marzo y abril (vence en 12 días), por lo que pese al incumplimiento de pagos, la ESPH se ha mantenido operando el proyecto sin inconvenientes.

La empresa señala que los 50 dispositivos correspondientes al mes de junio se encuentran en el país y se entregarían al Ministerio este viernes, debido a procesos de exoneración en aduanas; por primera vez se dio un retraso en la entrega mensual.

Ante esta aseveración, Bermúdez afirmó que las facturas de enero y febrero ya se cancelaron, pero que la de los meses siguientes se tiene 45 días para pagar.

“Ese trámite está en el flujo normal de pagos establecidos. Siempre hay un proceso normal de pagos que se cumple", expresó el funcionario.

William Villalobos, asesor legal de Ibux/ESPH afirmó que “nunca hemos dejado de cumplir en la prestación del servicio a pesar de que no es la primera vez que el Ministerio de Justicia atrasa sus pagos”.

La ESPH indicó también que funcionarios de Justicia han realizado una separación de unidades inadecuada.

“El Ministerio de Justicia hizo un uso inadecuado al separar los kits que están en stock provocando un problema con 60. Estos dispositivos que ahora están desarticulados podrían estar en funcionamiento en estos momentos”, explicó Villalobos,

Para solventar la situación, la ESPH indicó que entregará 100 nuevos cargadores para completar 60 tobilleras. Estos dispositivos se encuentran en aduana junto a los 50 unidades que están a la espera del desalmacenaje.