El desabastecimiento de tobilleras electrónicas para privados de libertad generó una serie de ataques entre el Ministerio de Justicia y Paz y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Hasta las 6 p. m. de este viernes al menos 15 personas cumplían sus penas o medidas cautelares de otra forma, a la espera de que se les entregue un dispositivo.
Debido a la situación hay un joven que, por ejemplo, permanece en su casa y, hasta que reciba su tobillera, será llamado constantemente por las autoridades penitenciarias y visitado por oficiales cada vez que se considere oportuno.
“Conversamos con los jueces caso por caso para que determinen cómo podemos proceder”, manifestó José Luis Bermúdez Obando, director de Adaptación Social.
Para el funcionario no hay excusa que justifique el faltante de los dispositivos, ya que la cantidad de personas a las que se les otorga el beneficio de cumplir penas bajo esta modalidad registra un aumento desde hace varios meses.
Según Bermúdez, el contrato firmado en 2017 con la ESPH establece en el apartado de Plazo de Instalación del dispositivo electrónico “que la empresa dispondrá de una plazo máximo de ocho horas para la entrega”.
Agregó que no quieren pensar que la situación se va a repetir nuevamente en los meses que siguen.
Por su parte, la ESPH indicó que este 7 de junio ingresó a Aduanas un lote de 50 kits completos (con tobillera, batería y cargador) y 100 baterías con sus cargadores, los cuales fueron descargados y se prevé que sean entregados a Justicia este sábado.
“Se ofreció a Justicia entregarlas esta misma noche (de viernes), pero indicaron que las recibirían este sábado (8 de junio) en la mañana”, informó la empresa a las 6:30 p. m.
El Ministerio expresó que como las personas fueron enviadas a sus casas se tomó la decisión de recibir los dispositivos hasta este sábado para proceder de inmediato con la colocación.
La ESPH destacó que para los próximos dos meses se entregarán en total 635 tobilleras y 350 baterías.
Asimismo, la institución denunció que Justicia separó 60 paquetes, pues para reponer baterías dañadas, tomó las disponibles de los kits completos y eso provocó que quedaran tobilleras sin batería para colocarle a otros reos.
“No ha existido un incumplimiento de parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)”, aseveró William Villalobos Herrera, asesor legal de Ibux–ESPH, empresa encargada de proporcionar los equipos al Ministerio de Justicia y Paz.
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315 dispositivos dañados en 17 meses
La Empresa aseguró en una conferencia de prensa que los daños provocados por los privados de libertad a las tobilleras electrónicas agravaron el desabastecimiento momentáneo de estos dispositivos de vigilancia.
De enero del 2018 a hoy, se contabilizan 315 aparatos vandalizados.
Villalobos detalló que de 286 baterías enviadas a revisión en la casa matriz, en Suiza, solo tres presentaban problemas de fábrica.
Además, también se registró vandalismo en 32 de los aros de policarbonato que rodean el tobillo.
Aunque no quiso detallar los daños, los equipos son golpeados con mazos o se provocan averías en los contactos para que la tobillera no funcione.
“Las baterías funcionan con estándares internacionales garantizados por Geosatis (empresa suiza que los fabrica), que es un sistema de alta tecnología, por lo tanto, las afirmaciones del Ministerio de Justicia donde ponen en duda la calidad de las baterías no se apegan a la realidad”, aseguró Villalobos.
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Franklin Arguedas Chaves, jefe de la Unidad de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia, reconoció que han desarmado kits porque ellos están obligados a reponer la pieza dañada para que la persona que usa la tobillera no tenga inconvenientes legales.
Sin embargo, mencionó que cuando hay daños a los dispositivos ellos reportan los casos a los jueces para que tomen las medidas pertinentes.
Además, afirmó que es responsabilidad de la ESPH tener en stock tobilleras y baterías, ya que así lo estipula el contrato.
“No podemos hacer pedidos mensuales, ya que no tenemos control sobre las medidas de los jueces, por eso, ellos deben mantener en stock los dispositivos”, aseveró.
Contradicciones por pagos
La ESPH informó de que existen atrasos en los pagos girados por Justicia; no obstante, el Ministerio debate el argumento y asegura que se ha pagado en el plazo establecido.
William Villalobos manifestó que “la factura de enero se pagó con 84 días de atraso, la febrero con 69 y la de marzo ya lleva 46”.
“El Ministerio de Justicia si tiene los recursos disponibles para atender en tiempo sus obligaciones de pago, pero pareciera que prefiere optar por la desatención de estos y poner en riesgo la estabilidad financiera y los compromisos que también ESPH, como empresa pública, tiene ante la casa matriz”, expresó Villalobos.
En tanto, José Luis Bermúdez insistió en que los pagos se hicieron a tiempo.
"El Ministerio de Justicia y Paz, al igual que cualquier otra institución pública, tramita los pagos por medio de Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (Sigaf) y dispone de 45 días para realizarlos.
“Al día de hoy (7 de junio), el Ministerio de Justicia tiene en trámite las facturas que corresponden a los servicios brindados en los meses de marzo y abril, según los registros de la Dirección Administrativa”, destacó el director de Adaptación Social.