Los daños provocados por los privados de libertad a las tobilleras electrónicas agravabaron el desabastecimiento momentáneo de estos dispositivos de vigilancia.
De enero del 2018 a hoy, se contabilizan 315 aparatos vandalizados.
Así lo sostuvo este viernes por la mañana, en conferencia de prensa, William Villalobos, asesor legal de Ibux-ESPH, empresa encargada de proporcionar los equipos al Ministerio de Justicia y Paz.
El funcionario detalló que de 286 baterías enviadas a revisión en la casa matriz, en Suiza, solo tres presentaban problemas de fábrica.
Además, también se registró vandalismo en 32 de los aros de policarbonato que rodean el tobillo.
Aunque no quiso detallar los daños, los equipos son golpeados con mazos o se provocan averías en los contactos para que la tobillera no funcione.
“Las baterías funcionan con estándares internacionales garantizados por Geosatis (empresa suiza que los fabrica) y que es un sistema de alta tecnología, por lo tanto, las afirmaciones del Ministerio de Justicia donde ponen en duda la calidad de las baterías no se apegan a la realidad”, aseguró Villalobos.
Ibux-ESPH convocó a conferencia de prensa un día después de que el Ministerio de Justicia y Paz reportara un faltante de estos dispositivos, que ya utilizan otro 1.460 reos en todo el país.
Estado de situación
En la otra acera, la empresa no solo denuncia problemas de vandalismo, sino atrasos en el pago de los dispositivos y una inadecuada administración de los mismos por parte de Justicia.
Por ejemplo, Villalobos explicó que Ibux-ESPH tiene planificadas las entregas, tanto de kits completos (con tobillera, batería y cargador), así como de baterías con sus cargadores.
Sin embargo, denunció que Justicia separó 60 paquetes, pues para reponer baterías dañadas, tomó las disponibles de los kits completos y eso provocó que quedaran tobilleras sin batería para colocarle a otros reos.
“No ha existido un incumplimiento de parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)”, aseveró.
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Villalobos también desmintió al director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, quien este jueves afirmó a este medio que las facturas de enero y febrero ya estaban pagadas.
“La factura de enero se pagó con 84 días de atraso, la febrero con 69 y la de marzo ya lleva 46”, mencionó el asesor legal de Ibux-ESPH.
Este jueves la ESPH anunció que el Ministerio de Justicia les adeudaba $1,5 millones (¢900 millones) por el pago del servicio de tobilleras electrónicas que se utilizan con privados de libertad; sin embargo, ese monto disminuyó este viernes, luego de que se cancelaran $684.000 correspondientes a la factura de febrero.
La próxima semana saldrían de Aduanas 50 dispositivos completos y 100 cargadores.