Costa Rica se encamina a cerrar el 2023 con al menos 930 asesinatos.
Eso significará un incremento del 41% con respecto a los 657 homicidios de todo el 2022, considerado, hasta entonces, el año con las cifras más altas desde que se tienen registros.
Este incremento en la cantidad de fallecidos, muchos de ellos producto de luchas del narco y el crimen organizado (65% del total de asesinatos) ejerce presión sobre los cuerpos policiales que investigan y en los especialistas que clarifican cómo murió una persona. Estos profesionales no están dando abasto.
Franz Vega, jefe de Medicina Legal en el Complejo Forense del Poder Judicial, en San Joaquín de Flores, reconoce que, si las cifras siguen aumentando, la morgue entrará en una situación crítica, no podrá entregar los cuerpos con celeridad y empezarán a acumularse.
“Estamos resolviendo dentro de los plazos establecidos, normales, pero la situación podría llegar poco a poco a complicarse”, dijo.
Según explicó, el complejo forense no solo atiende muertes homicidas, sino que también recibe cuerpos de personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito, laborales, aéreos, explosiones, incendios, desastres naturales y los de quienes fallecieron por causas naturales sin certificación de un doctor. Además analizan casos de delitos sexuales.
“Nosotros hacemos alrededor de 3.300 autopsias al año. A pesar de eso, vamos a dar abasto, pero pienso que si después de 900 homicidios, la cifra sigue incrementándose, va a llegar el momento en que no podamos hacer las autopsias del día en el mismo día, sino que tengamos que dejar una cola para el día siguiente”, agregó en entrevista con La Nación.
Más complejas
Vega explicó que la dinámica de los homicidios ha tenido un cambio significativo en los últimos años; ahora los patólogos se enfrentan a escenarios más complejos, con víctimas sometidas a tortura o múltiples lesiones. Esto retarda el trabajo.
“El cambio fue muy drástico de un par de años para acá y sobre todo en este último año, pero ha sido paulatino. Se trata de muertes violentas por proyectil de arma de fuego múltiple; antes teníamos heridas de proyectil de arma de fuego con una o dos balas, ahora tenemos heridas de arma de fuego con 25, 30, 50 o 100 balazos en un solo cuerpo. Están utilizando armas de grueso calibre, como ametralladoras, para asegurarse la muerte del sujeto y eso nos está generando una carga laboral enorme”, detalló Vega.
El 82% de los casos de homicidio en el país revela el uso de arma de fuego, el resto de los casos contempla diversos métodos, como armas blancas, traumas y asfixias. El 64% de los homicidios registrados se concentra en la población que tiene entre 20 y 39 años.
“Esto nos está causando un problema, que se nos vaya saturando el servicio. Eso es como cuando usted tiene un servicio de emergencias y de repente ocurre una situación como la que vivimos en la pandemia. Usted tiene un personal determinado que da abasto para atender a la población, pero de repente en una pandemia se le enferma mucha gente y el servicio de emergencias se le satura. Eso es lo que está ocurriendo ya en el Departamento de Medicina Legal”, explicó Vega.
El doctor detalla que, por ejemplo, no es lo mismo para un especialista examinar un cadáver con una bala en la cabeza, que, cuando se abre esa zona del cuerpo, “encuentra la bala, busca las trayectorias y hace un informe”, que hacerle una autopsia a un cadáver que presenta 100 balazos.
Un cuerpo con múltiples disparos exige hasta 10 horas de trabajo antes de que un especialista pueda rendir un informe. “Una persona entra a las 7:30 de la mañana y son las 4:30 de la tarde y está pegada con ese cuerpo haciendo la autopsia”, ilustró el especialista.
Además, el país pasó de tener un promedio de dos crímenes al día a cuatro, y hasta siete, en una misma jornada.
Especialistas cerca de pensionarse
A la complejidad de los casos que atienden se suma que la morgue verá partir, en los próximos dos años, a 10 de sus funcionarios que se acogerán a la pensión.
Esta situación plantea un desafío significativo, ya que la búsqueda de nuevos profesionales cualificados se complica en el contexto costarricense. La entidad no divulgó cuánta población especializada trabaja en la morgue ni cuánto afecta la salida de esas 10 personas.
La escasez de especialistas se atribuye a la rigurosidad de los requisitos, ya que la obtención del rango de especialista para trabajar en el Departamento de Medicina Legal exige un posgrado.
“Estamos tratando de aumentar el número de personal para poder dar abasto, lo que pasa es que incrementar el número de personas expertas no es algo fácil, en Costa Rica no tenemos expertos forenses que podamos contratar. Si un medio se queda sin periodistas hay cierta cantidad en la calle que podría ir a trabajar, nosotros no tenemos esa facilidad, si ocupamos forenses necesitamos formarlos en un posgrado con la Universidad de Costa Rica (UCR) en convenio con el Poder Judicial y ese convenio dura tres años”, recalcó Vega.
El reto, reconoce Vega, es sincronizar los tiempos, de tal manera que los relevos estén formados cuando sus colegas se pensionen.
“Estamos incrementando el número de médicos que están ingresando a la residencia de medicina legal. Este año entraron tres médicas residentes que ya estaban en el posgrado, metimos dos más este año, van cinco, y a partir de marzo entran otros cinco, estamos hablando de diez personas nuevas”, comentó Vega.
Aunque esperan que el plan dé resultados, hay otros factores que también influyen en reducción de personal, aunque sea de forma temporal.
“Hay personas que tienen derecho a vacaciones, que se enferman, que tienen derecho a pedir permisos para asistir con sus hijos a la escuela, a alguna actividad, dentro de un equipo de trabajo también hay una merma natural”, detalló.