Costa Rica alcanzó este martes 702 homicidios en menos de 10 meses y se enrumba a cumplir los peores escenarios, con más de 900 muertos al final del año. El dato se traduce, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en un salto violento en la tasa de homicidios, que es el principal parámetro internacional para medir la violencia de un país.
En el último quinquenio, la tasa del país osciló entre 11,1 y 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes y sin saltos abruptos; pero la proyección de la Policía Judicial es que crezca en un 43% en apenas un año calendario.
“Lamentablemente el tema de la violencia en el país está en una de sus coyunturas más complicadas a nivel histórico, es muy probable que este año estemos en más o menos 900 (asesinatos), lo cual implica una tasa cercana a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes”, advirtió el subdirector del OIJ, Michael Soto.
Esto coloca al país por encima de Panamá y Guatemala, que registran tasas de 11,5 y 17,3 por cada 100.000 habitantes, respectivamente; y muy cerca de Brasil, que contabiliza 18,8 por cada 100.000 habitantes.
Las señales estaban a la vista desde hace meses. Todas las mañanas el país amanece hasta con cuatro fallecidos por ajustes de cuentas, asaltos, violencia doméstica o víctimas colaterales. El grado de violencia y la brutalidad de los crímenes también va en alzada.
Los casos más recientes fueron los de un joven identificado por el OlJ como Derik Andrei Valdez Guzmán, quien es la víctima 701 de la ola de homicidios de este año.
Su cuerpo fue hallado este martes junto a un río por la plaza de deportes de Barranca, lugar donde vivía el muchacho de 22 años, quien presentaba dos balazos en el tórax.
A ese caso se suma otro ocurrido en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, Cartago, avanzada la tarde de este martes, cuando pistoleros interceptaron a un jovencito que caminaba por una acera y lo mataron.
A ellos se suma la muerte en el hospital de un sujeto que había resultado baleado el 18 de setiembre en un tiroteo en un bar de Cinco Esquinas de Tibás.
Ese día falleció en el sitio el colombiano Víctor Gamboa Gamboa, de 32 años, y otros dos hombres resultaron heridos y fueron llevados por particulares al Hospital San Juan de Dios, donde este martes se informó del deceso de uno de ellos, cuya identidad no trascendió.
Según Michael Soto, más del 60% de los asesinatos tienen que ver con narcotráfico y con estructuras criminales que se disputan territorios, principalmente, en las costas o en comunidades urbano marginales, lo que implica, a su vez, niveles de violencia cada vez más altos.
De ahí que se haya vuelto común ver tortura, decapitaciones, calcinados y cuerpos con gran cantidad de impactos de bala.
Hace dos semanas, en entrevista con La Nación, Rándall Zúñiga, director del OIJ, recordaba casos semejantes, donde a la víctima le sacaron los ojos o le cortaron el pene antes de morir.
Además, el 81% de esas personas murieron por arma de fuego. Hay homicidios con armamento de guerra, en especial el AR-15, calibre 5.56, que llega a Costa Rica por medio de contrabando con carteles de México, fundamentalmente, dijo Soto.
La mayoría de los fallecidos son hombres entre 18 y 30 años, con baja escolaridad y de zonas vulnerables o de las costas. “La sangre la están poniendo los jóvenes”, sentenció Soto.
En su análisis, el jefe policial explica que el microtráfico influye en esta escalada violenta, pues estos grupos se disputan territorios en zonas muy cercanas entre sí, muchas veces en comunidades muy populosas o cerca de escuelas y colegios.
De las siete provincias ya cinco tienen cifras iguales o más altas que el total con que cerraron el año pasado, es decir, llegaron a nuevas marcas históricas. Por ahora solamente Alajuela y Heredia siguen por debajo, pero Heredia está a solo ocho casos de alcanzar la marca de 47 que tuvo en el 2022.
Limón, San José y Puntarenas son los que más empujan la cifra de asesinatos, cada una con más de 100 crímenes. Uno de los más recientes es un doble asesinato en Puntarenas, donde los cuerpos aparecieron quemados y en bolsas plásticas. (Andrés Garita)
Con las uñas
La estadística de la tasa de homicidios trasciende en momentos en que existe una pugna entre el Poder Ejecutivo y los cuerpos policiales, pues estos últimos demandan más personal y presupuesto, mientras que el Gobierno de Rodrigo Chaves apuesta por reformas legales asociadas a la ejecución de la pena o la deportación de nacionales para enfrentar la ola de violencia.
En la otra acera, el Poder Judicial estima que se necesitan 1.700 plazas para combatir la criminalidad, según un análisis de su dirección de Planificación.
Dicho análisis señala que se deberían brindar 828 plazas para el OIJ, 292 para el Ministerio Público, 112 para la Defensa Pública, 68 para los juzgados, 134 para los tribunales penales, 24 para los tribunales de ejecución de la pena y nueve para los tribunales de apelación. Adicionalmente, la Policía Judicial pidió 245 puestos más para necesidades complementarias a la investigación, lo que da una necesidad total de 1.712 plazas.
Estos puestos tendrían un costo anual de ¢47.287 millones, lo que va sumado a unos ¢8.706 millones en equipamiento, para un total de ¢55.993 millones. Como referencia, esto representaría un 11,4% del presupuesto del Poder Judicial previsto para el 2024, el cual rondaría los ¢490.764,6 millones.
Pese a que el Gobierno no ofreció respuesta económica al clamor policial, Soto aseveró que no van a desmayar, pues conocen cuáles son sus obligaciones, “tenemos coordinaciones con la Fuerza Pública, con diferentes policías, para encontrar estrategias para poder contener, pero sigue siendo un tema complejo, difícil, cuyas causas y consecuencias siguen siendo múltiples y el abordaje debe ser de la misma forma”, manifestó.
Por ello, urgió que no solo haya una respuesta policial, sino un trabajo conjunto en educación, asistencia social, cultura y deporte.
