EscucharLa directora de la estación de Guardacostas de Limón, Cinthya Alvarado Guitta, fue nombrada como subdirectora del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) a pesar de que ese puesto no existe en la normativa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Este nombramiento ilegal fue alertado en un dictamen jurídico del Departamento Legal del SNG, del cual La Nación tiene copia, firmado por el asesor legal de la entidad, Carlos Alvarado Valverde, a solicitud de la comandante Ana Luisa Barrantes, directora de Guardacostas de Golfito.
El dictamen, del 4 de setiembre, cita el acuerdo ejecutivo número 058-2023 MSP, del 18 de mayo, firmado por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en el que se indica “nombrar temporalmente y como recargo a la servidora Cinthya Alvarado Guitta actual Oficial Directora de la Estación de Guardacostas Limón, en las funciones del cargo de Subdirectora General del Servicio Nacional de Guardacostas, manteniendo el puesto actual que ocupa”.
El nombramiento regiría desde el 22 de mayo del 2023 hasta el 7 de mayo del 2026.
Al respecto, el dictamen legal señala, respaldado por criterios de la Sala Constitucional, que la Ley General de Policía y la Constitución Política restringen al Poder Ejecutivo en cuanto a nombramientos de fuerzas policiales.
También se indica que para crear el cargo de subdirector de Guardacostas, primero se debe realizar un análisis por parte de la Dirección de Recursos Humanos. También se debe cumplir con los procedimientos que define la Ley Marco de Empleo Público, y luego incorporar el cargo al Manual de Puestos del MSP.
Según constató el asesor legal, con base en un oficio de Recursos Humanos enviado a la comandante Barrantes, tal gestión no se realizó ni estaba en proceso de ejecutarse.
“El Departamento de Análisis Ocupacional de la Dirección de Recursos Humanos no ha realizado el estudio del cargo ‘Subdirector (a) General del Servicio Nacional de Guardacostas’, para su incorporación al Manual de Clases Policiales de dicho cuerpo policial”, señala el oficio del 23 de junio pasado, emitido por la directora de la oficina.
“Por consiguiente, no se dispone de un informe técnico o clase institucional que contemple las tareas, responsabilidades, condiciones organizacionales y ambientales y requisitos de dicho cargo”, indica.
El análisis legal concluye que el nombramiento de Alvarado como subdirectora debería considerarse nulo, sumado a que la comandante estaría incumpliendo con sus labores como directora de Guardacostas de Limón al aceptar un cargo que requeriría su ubicación en San José.
Al respecto, este viernes por la mañana La Nación envió consultas al Ministerio de Seguridad Pública y se está a la espera de las respuestas.
Posibles riesgos
El dictamen enlista además los posibles riesgos en caso de mantener el nombramiento. El primero de ellos, sería el riesgo disciplinario para todas las personas intervinientes en el acuerdo ejecutivo, pues “pueden ser sujetos de responsabilidad disciplinaria por falta grave, al incumplir su deber de aplicación de la normativa de control interno”.
También podría violentarse el deber de probidad, establecido en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la cual establece que esta infracción puede conllevar la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.
En el apartado económico, el análisis estima que el puesto podría tener un salario de ¢3,5 millones, tomando como parámetro el cargo existente de subdirector de la Policía de Control Fiscal. Al considerar aguinaldo y salario escolar, y si el cargo permanece hasta mayo del 2026, podría costarle al erario público más de ¢128 millones.
“Debo, por responsabilidad ética, dejar claro que los montos indicados son absolutamente hipotéticos y basados en un parámetro que no es exacto. El planteamiento económico descrito tiene la única intención de ejemplificar la problemática generada por la creación ilegal de un cargo que no ha sido requerido más de 23 años”, manifestó el asesor.
El informe cita que también se pudo haber incurrido en los delitos de nombramiento ilegal, prevaricato, usurpación de autoridad, incumplimiento de deberes, fraude de ley en la función administrativa y falsedad ideológica.
Finalmente, se recomienda derogar el acuerdo ejecutivo 058-2023, reintegrar a Alvarado a su cargo original, elevar los hechos al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Ética Pública e “instaurar los procedimientos disciplinarios, tendientes a investigar la posible responsabilidad de las personas funcionarias, generadoras de un acto viciado de nulidad con eventual responsabilidad para la administración”.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Nacional de Guardacostas (Sitrasenag), Vanessa Murillo, confirmó a La Nación que ha enviado oficios, con el análisis legal adjunto, al ministro de Seguridad, la Dirección de Recursos Humanos del MSP, la Auditoría del MSP y el Ministerio de la Presidencia.
Murillo agregó que el sindicato estaba por reunirse esta semana para decidir si denuncian el caso ante el Ministerio Público, pero ella se enfermó y solicitó aplazar la reunión para el próximo martes.
