Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) usaron una armería en San José como mampara para traficar drogas y armas, principalmente, hacia México.
La información la confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con base en datos de la Policía Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), que supo de los movimientos de esta célula en Costa Rica.
Tras obtener los datos, hace dos semanas, el OIJ aplicó una estrategia para capturar a los que la DEA califica como miembros de la principal guerrilla colombiana, que tiene 8.000 combatientes y que ha sido señalada por financiarse con narcotráfico.
Dos agentes del OIJ encubiertos lograron infiltrarse en la banda que operaba en San José y negociar la compra de 492 kilos de cocaína, 27 fusiles, siete pistolas, un revólver y un silenciador para fusil.
La transacción se concretó y, posteriormente, el OIJ los detuvo.
El arresto se dio la noche del jueves en La Sabana, Curridabat y barrio Escalante. En ese último sitio operaba la armería en una oficina de un edificio.
“Se inició el trabajo encubierto de alta peligrosidad que ayer (jueves) culminó con la participación de unas 70 personas”, dijo Francisco Segura, director del OIJ.
Entre los apresados hay un tico de apellidos Martín Víquez, de 38 años, el cual aparece registrado como presidente de Importadora de Armas Martín Armar S. A.
También se detuvo a tres colombianos de apellidos Quijano Martínez, Sevillano Carrasquilla y Soto Martínez. Además, a una mujer apellidada Higuita, de la misma nacionalidad, y a un nicaragüense de apellidos Herrera Aguirre.
La Dirección de Migración informó de que la mayoría de los foráneos tienen estado de residencia en el país por estar casados con costarricenses.
El fiscal subrogante, Carlos María Jiménez, informó de que a los sospechosos se les achaca la infracción de ley de estupefacientes y a la ley de armas. La Fiscalía pediría un año de prisión preventiva.
Vía legal. El director del OIJ, Francisco Segura, declaró ayer, en conferencia de prensa, que el grupo traficaba la cocaína hacia México. La media tonelada fue descubierta en una casa de los sospechosos.
En cuanto a las armas que comerciaban, eran importadas de forma legal. Posteriormente, eran vendidas y sacadas del país de manera clandestina, pero los agentes investigan con qué método.
“A algunas de las armas les limaron las características para entregárnoslas y con la condición de que no se usaran en el mercado nacional”, detalló Segura.
Agregó que los fusiles también eran adaptados para disparar en forma de ráfaga, lo cual es prohibido en Costa Rica.
Segura consideró que hay carencia de supervisión en los establecimientos que venden armas.
“Yo quisiera saber cómo una persona puede importar 30 o 40 AR-15, que son armas de este tipo, y luego importar nuevamente 30 o 40, y saber qué se hace ese mercado, si es que en Costa Rica hay tanto mercado, porque esas armas son lícitas, pero con una simple modificación, son un fusil de asalto de repetición”, reprochó.
William Hidalgo, director de Armamento del Ministerio de Seguridad, aseguró que la entidad ejerce tres controles: uno con la documentación en aduanas cuando se importan las armas, otro físico para comprobar que coincida con lo ingresado y luego se supervisan los comercios para registrar a quiénes se les vende el armamento.