“La norma dice que (para que se configure el delito de tráfico de influencias) tiene que haber un resultado, entiendo que eso no se da”. Esa es la explicación que dio ayer el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, cuando se le consultó si abriría una investigación penal de oficio luego de que, el lunes, La Nación diera a conocer una denuncia presentada por el director del OIJ, Wálter Espinoza, ante la Inspección Judicial.