En el 2013, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Italia por violación a los derechos humanos en las cárceles debido al hacinamiento. El país debió pagar 100.000 euros a siete reos pero aún tenía 4800 casos pendientes. Para evitar nuevas sentencias, la Corte obligó a Italia a tomar medidas contra la sobrepoblación en prisiones.
“La norma dice que (para que se configure el delito de tráfico de influencias) tiene que haber un resultado, entiendo que eso no se da”. Esa es la explicación que dio ayer el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, cuando se le consultó si abriría una investigación penal de oficio luego de que, el lunes, La Nación diera a conocer una denuncia presentada por el director del OIJ, Wálter Espinoza, ante la Inspección Judicial.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, presentó el viernes una denuncia ante la Inspección Judicial para que indague si el magistrado Celso Gamboa y el subdirector de la Policía, Gerald Campos, sirvieron de mediadores de un diputado para intentar conseguir una plaza a un tercero dentro de la institución.
El ex fiscal general de la República, Francisco Dall'Anese Ruiz, justificó la acción de un conductor que, el 24 de julio, en Heredia, atropelló a dos motociclistas sospechosos de intentar asaltar a una joven, al parecer, para evitar que se fugaran.
"Lo vamos a hacer, si lo tenemos que hacer, pero con mucha angustia, estirando el presupuesto, esto va a implicar descuidar áreas de trabajo que tenemos. No nos alcanza para tanto", dice el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, en relación con la posibilidad de que ese cuerpo policial tenga que investigar los casos de maltrato animal.
El presidente interino del Poder Judicial y magistrado de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, considera que existe un "abuso" en la aplicación del derecho penal para temas como el maltrato animal.
