El presidente interino del Poder Judicial y magistrado de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, considera que existe un "abuso" en la aplicación del derecho penal para temas como el maltrato animal.
Esa fue su reacción luego de que este martes se aprobara en primer debate de la Ley de Bienestar Animal, que castiga hasta con tres años de cárcel el maltrato de los animales o su muerte.
"No confío en que los temas sobre el cuido y el trato que se les debe dar a los animales, vaya a ser impactado significativamente por la existencia de una amenaza de prisión o de delito y ya lo veremos con el tiempo", expresó.
El magistrado abogó por educar a la población "desde la escuela" y por sancionar con multas en lugar de penas privativas de libertad.
El plan de ley incorpora nuevos delitos en el Código Penal, cuyas pesquisas corresponderían al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo la dirección funcional del Ministerio Público, como se da en los delitos de acción pública.
Esta situación genera inquietud en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien reconoce que en el país "no tenemos antecedentes, ni experiencia, ni especialistas en veterinaria forense".
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"Es muy preocupante que se sigan aprobando leyes sin antes prever los recursos que no son solo económicos sino, como en este caso, son técnicos, profesionales. Obviamente, usted no va a llevar un animal muerto a la morgue de personas, habrá que pensar en un lugar especial para animales, lo mismo que tampoco puede pensarse en revolver animales con personas lesionadas o heridas. Es todo un universo de requerimientos", manifestó Arroyo ante una consulta de La Nación.
"Esta ley no se puede aprobar sin un vacatio legis (tiempo que transcurre desde que se publica una ley hasta su entrada en vigencia) de por lo menos año y medio o dos años, para que el Poder Judicial pueda prepararse", añadió.
Recientemente, el Poder Judicial cuestionó que se aprueben leyes, como el nuevo Código Procesal Laboral o la Ley de Alertas Urgentes en Extravíos de Menores, sin que se otorgue presupuesto.
Opciones. Por su parte, la magistrada de la Sala Tercera, Doris Arias, quien redactó el dictamen del proyecto de ley, explicó que se concluyó que no se afectería la estructura del Poder Judicial porque no se crearían nuevos Tribunales, pero que sí habría un impacto en el circulante y, por lo tanto, un impacto en el presupuesto.
La jueza consideró que se debe optar por la justicia restaurativa para buscar medidas diferentes a la prisión y evitar los juzgamientos que resultan más costosos.
Además, estimó que se pueden establecer alianzas con entidades como el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la Universidad Nacional (UNA) para que brinden los servicios de veterinaria.
El juez penal Carlos Núñez señaló que la redacción actual del proyecto de ley "deja muy abiertos" algunos conceptos. "Podría tener algunos problemas de interpretación, por ejemplo, cómo se va a determinar el sufrimiento o no de un animal o lo que se considere trabajo forzado".
Para ello, según dijo, el OIJ y la Fiscalía tendrán que presentar las pruebas pertinentes.
Ley de Bienestar Animal, que castiga con duras sanciones y hasta con tres años cárcel el maltrato de los animales o su muerte
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