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En mayo de 2013, la Policía Judicial allanó en Santa Ana la vivienda de Arthur Budovsky Belanchuk, autor del principal caso de lavado que se ha hecho desde Costa Rica. El ucraniano nacionalizado costarricense lo hizo a través de la compañía Liberty Reserve. | OIJ/ARCHIVO.
Un informe del Departamento de Estado de los EE. UU. señala que Costa Rica es incapaz de contener la creciente penetración del lavado de dinero.
El estudio afirma que las organizaciones criminales internacionales ven cada vez más favorable a nuestro país para realizar esa actividad por su ubicación geográfica y por la “acción limitada” para combatirlo.
“Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno de Costa Rica para evitar que estas organizaciones se infiltren aún más en las economías”, dice el texto publicado el 2 de marzo.
Según el informe estadounidense, con base en información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, en Costa Rica se lavan unos $4.200 millones por año.
El reporte dice que gran parte del dinero es canalizado por la industria de la construcción. Además, operaciones de juegos en línea generan millones de dólares en ganancias ilícitas.
El documento destaca un caso de una estadounidense que estafó a compatriotas con ayuda de compinches en Costa Rica. Las víctimas pagaban para cobrar un supuesto premio de un sorteo.
La mujer logró ganancias de hasta $640.000 y enviaba una parte a sus colaboradores ticos. La mujer fue condenada en el 2014 en Carolina del Norte.
Aparte de ese hecho, el país ha sido escenario de otros fuertes casos de lavado.
En este momento, las autoridades investigan a la firma Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco), la cual, según un reporte del Banco de Costa Rica (BCR), recibió $67 millones desde Malta y Emiratos Árabes, de empresas de la costarricense Marisol Carvajal Cordero, de 35 años.
Carvajal es la gerenta de un sportsbook (negocio de apuestas en línea) asentado en Costa Rica, el cual, según pesquisas estadounidenses, usó tarjetas de regalo del sitio de compras amazon.com para permitir apuestas ilegales y lavar unos $2 millones.
Pocas condenas. “La escasez de condenas y sanciones plantea preocupaciones con respecto a la capacidad de Costa Rica de detectar con eficacia, prevenir, investigar y enjuiciar los delitos de lavado de dinero”, dice el reporte estadounidense.
Según datos de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, entre el 2014 y 2015, hubo nueve condenas en casos de legitimación de capitales. Actualmente, esa fiscalía maneja un circulante de 129 casos en investigación.
Esa oficina alegó falta de personal para este tipo de causas, ya que cuentan con tres fiscales auxiliares y un fiscal adjunto. Asimismo, señaló que depende de las pesquisas de la Policía Judicial, las cuales no son expeditas.
Se requiere ley. El fiscal general, Jorge Chavarría, admitió que el análisis de este delito es difícil porque “la legislación costarricense exige la demostración del delito que da origen a ese dinero ilícito.
”En algunos casos, el delito que dio origen ocurrió fuera de nuestras fronteras y ni siquiera se cuenta con información y pruebas y, en otras oportunidades, en ese segundo país se absuelve al imputado”, arguyó.
Resaltó que los juegos en línea no son una actividad delictiva aquí, pero en Estados Unidos sí.
Chavarría enfatizó que es necesaria la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, la cual permitiría decomisar bienes a quien no pueda probar que tienen un origen lícito.
El director del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza, manifestó que el informe de EE. UU. es una opinión. “Nosotros no hemos recibido ningún dato preciso, formal, de ningún ente estadounidense”, añadió.
No obstante, coincidió en que el lavado de dinero es un problema importante debido a la ubicación geográfica de Costa Rica y en que el recurso para contrarrestarlo es poco. “Holanda es un país con 16 millones de habitantes y tiene 1.200 personas que ven el tema de lavado. Costa Rica tiene cuatro millones de habitantes y cerca de 25 personas trabajan este tema”, ejemplificó.
Coincidió en la complejidad de probar no solo el origen ilícito del dinero, sino de verificar que la persona que lo legitime conocía ese origen. Por ello, también abogó porque se apruebe legislación de extinción de dominio.
