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El joven acusado de matar a la maestra Marjorie Soto, el 20 de noviembre del 2015, quedó absuelto la mañana de este jueves por el Tribunal Penal de Heredia.
El individuo, identificado como Emanuel Ramírez, era el principal sospechoso de atropellar, abordo de su vehículo de alto cilindraje, a la maestra mientras ella se dirigía caminando hacia su trabajo. Varias grabaciones de seguridad incluso muestran cómo regresó a la escena en tres ocasiones para evaluar la gravedad del incidente.
El martes pasado, la familia solicitó que se le impusiera a Ramírez la pena máxima por homicidio culposo, que equivale a ocho años de prisión. En contraste, la Fiscalía propuso una pena de cuatro años.
Sin embargo, ni las grabaciones, ni los testimonios de los testigos que identificaron al acusado, ni el parabrisas del vehículo dañado tras el incidente, resultaron contundentes para asegurar una condena, ya que el Tribunal absolvió a Ramírez por duda.
Federico Campos, abogado y representante de la familia de la víctima en el caso, declaró que apelarán la sentencia correspondiente. “Estamos sorprendidos (...). Pero confiamos en que esta sentencia será revertida en la instancia de apelación. Es una injusticia para los familiares de la víctima”, manifestó el letrado.
Justificaciones de la defensa
Después de conocer el fallo, La Nación conversó con Edgardo Campos, uno de los abogados defensores del acusado, quien argumentó que los videos de las cámaras de seguridad mostraban que Soto caminaba “de manera inapropiada”, ya que, según su relato, iba de espaldas y sobre la calzada en el momento del incidente, a pesar de que había una acera para peatones.
El defensor también destacó que la identificación plena de Ramírez como el conductor que atropelló a la maestra “queda en tela de duda”, ya que es necesario esperar la redacción del fallo para conocer los detalles al respecto.
“Lo que se puede decir es que él o cualquier persona que manejara un vehículo en esas condiciones encontraría difícil evitar el daño causado”, afirmó el abogado.
Respecto a los regresos del acusado a la escena, el defensor comentó que no es responsabilidad del Tribunal Penal juzgar eso y que “se refiere más a una cuestión ética”. “El Tribunal declaró que no es algo de su competencia porque no es un Tribunal de Conciencia, sino un Tribunal de Legalidad”.
Además de la pena, la familia de Soto solicitó una indemnización total de ¢318 millones por daños materiales y morales en favor del hijo, quien tenía 6 años en el momento de los hechos, y el viudo. Sin embargo, esta petición también fue denegada.
El defensor del acusado afirmó que esto “refleja un sentimiento de culpa por haberse desentendido de la señora”, ya que según él, Chaves era consciente del peligro que corría su esposa al caminar sola durante más de un kilómetro en las primeras horas de la mañana.
Durante el juicio, se mencionó que Ramírez acudió al Instituto Nacional de Seguros (INS) días después del accidente para solicitar el arreglo del vehículo debido a los daños causados en el atropello. Sin embargo, como la declaración ante la aseguradora se realizó sin la presencia de un abogado, no pudo ser considerada como evidencia ante el Tribunal.
“Él acudió al INS porque era el propietario del vehículo, pero lo que dijo al INS no formó parte del contenido de la sentencia que se dictó hoy”, afirmó el defensor.
Tras conocer el por tanto, la Fiscalía Adjunta de Heredia indicó que deberá esperar a contar con la sentencia integral para analizarla y determinar si procede o no presentar una apelación.
Extensa lucha
Meses atrás, antes de que el caso se elevara a juicio, la Fiscalía de Heredia solicitó en dos ocasiones el sobreseimiento a favor del sospechoso por falta de pruebas. Por esta razón, el viudo de la víctima, Mario Chaves, comenzó su propia recopilación de evidencias: reunió videos y contactó a testigos.
Después de cinco años de lucha y con la colaboración de su abogado, Federico Campos, en diciembre del 2020 Chaves recibió la noticia de que el caso sería llevado a juicio. No obstante, una vez más, el hombre es consciente de que no obtuvo la respuesta judicial que esperaba. Confiado en la instancia de apelación, el esposo aseguró a través de sus redes sociales que su satisfacción radica en que llevó al acusado ante el Tribunal.
“Como familia, nuestra gran satisfacción fue haber obligado al Sistema Judicial que nos escuchara, fue el arrebatarle a la Fiscalía una acusación que en dos ocasiones se negó a dictar en contra del único sospechoso (...). Fue poder sentar al sospechoso y a su familia en el banquillo de los acusados”, expresó Chaves, en sus redes sociales.
En negociaciones previas, el INS ofreció a la familia de la víctima una indemnización de ¢65 millones. Sin embargo, optaron por rechazarla.
“Siempre hemos estado convencidos de la culpabilidad del chofer y ese monto era, y es, un monto muy bajo para indemnizar a dos víctimas (el menor y su padre) por el resto de sus vidas”, destacó el abogado de la familia, quien calificó la decisión final del Tribunal como “un error judicial”.
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