El primer año de Orlando Aguirre como presidente de la Corte Suprema de Justicia no fue ordinario. En medio de fricciones del presidente Rodrigo Chaves con los otros poderes de la República, y un récord histórico de homicidios en el 2023, Aguirre se topó con un escenario desafiante para el Poder Judicial.
A pesar de los grandes retos, Aguirre sostuvo, en entrevista con La Nación, que el Poder Judicial se mantiene sólido ante las adversidades. Eso sí, admitió el magistrado de Sala Segunda, el sistema debe actualizarse a los tiempos modernos, sin dejar de lado el modelo garantista que ha destacado a Costa Rica en la región.
También admitió que el punto más débil del Poder Judicial es la mora judicial, lo que se refleja, por ejemplo, en que un expediente quede atascado en tribunales por 26 años.
Los avances tecnológicos serán un aliado para combatir la mora, señaló, y ya está en una etapa avanzada el plan para crear un programa donde se pueda consultar el estado de los expedientes en cada circuito judicial, y así detectar aquellos que se extiendan por muchos años, tarea que actualmente es bastante complicada.
Sobre estos y otros temas conversó Aguirre con La Nación en una entrevista realizada el pasado 11 de diciembre.
– Usted lleva poco más de un año como presidente de la Corte, ¿qué análisis hace de este periodo? ¿Cuáles cree que han sido los mayores cambios que ha podido implementar?
– Hemos vivido durante todo este tiempo un ambiente complejo. Se ha incrementado mucho el narcotráfico, el crimen organizado, con índices que entristecen como es el índice de los homicidios, y además es un clima en el que nos hemos propuesto gestionar algunas reformas legislativas, con el fin de de ir mejorando el sistema de administración de justicia.
“Un proyecto que hemos mencionado muchas veces, es la puesta en práctica de la Ley contra el Crimen Organizado y hemos propuesto algunas reformas que están en trámite que tienen que ver con hacer más accesibles algunas herramientas, como los allanamientos, las intervenciones telefónicas, las cuentas bancarias.
“También hemos hablado de una herramienta que consideramos que es una deuda histórica del país, una Ley de Ejecución de la Pena que establezca con propiedad las competencias, de cuál es la verdadera intervención del Poder Judicial, cuál es la verdadera intervención del Poder Ejecutivo, y que se establezca una especie de jurisdicción.
“Por las circunstancias del clima político hemos tratado de ser no confrontativos, sino todo lo contrario, tratar de que las cosas se solucionen de la mejor manera. Hay proyectos importantes del Poder Ejecutivo, no puede ser que se desechen por un malentendido”.
– ¿Cuán desafiante ha sido para usted mantener la relación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo?
– Es un desafío que no es tan complejo, porque si nosotros adoptamos una actitud de choque, eso no conviene. La verdad es que hemos conversado varias veces con don Rodrigo Chaves, con don Rodrigo Arias. Chaves ha sido muy accesible en cuanto a lo que le hemos propuesto.
“Sí, se han dado algunas cosas que a nosotros no nos han gustado, se lo hemos dicho (a Chaves). Por ejemplo, se echa la culpa a los jueces porque ponen en libertad a un determinado imputado. Nuestros jueces resuelven sin ninguna presión de nadie y nadie les va a decir cómo resolver.
“Hay muchas tareas pendientes, y en este momento hemos venido trabajando conjuntamente con Planificación en un sistema de control del funcionamiento de todos los despachos judiciales. Aplicando la tecnología podemos tener acceso, no vaya a ser como nos ha venido sucediendo hasta ahora, que de un momento a otro alguien denuncia, ‘es que yo tengo un expediente que tiene 12 años de estar ahí’.
“Nosotros no sabíamos, no lo sabemos porque nuestros funcionarios no van a revisar todos los expedientes, pero hay métodos con Planificación, en el sentido de establecer un sistema que nos permita hacer una auditoría a través de los medios informáticos. Nosotros lo podemos hacer, tenemos todos los despachos judiciales del país interconectados, todos están conectados con nosotros.
“Me parece que lo único que sí se va a requerir es alguna modificación legislativa, la vamos a presentar, para que haya algún funcionario empoderado, una ley que le dé competencias y que establezca consecuencias”.
– ¿Sería crear un nuevo puesto?
– No es necesario, sí hay que crear un nuevo puesto, pero ya lo tenemos bien medido, no tenemos que utilizar ninguna plaza. Aquí hay muchos funcionarios que ya están trabajando en esto y más bien sería como algo anexo a Planificación. Como un departamento de Planificación, poniendo algunos de los funcionarios que ya existen.
“Nosotros reestructuramos la oficina de información aquí, la idea es que haya una forma de comunicación con la prensa más fluida, más directa, para para poder nosotros decir las cosas, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y pusimos un politólogo para que nos ayude en trámites de Asamblea Legislativa, nos dé visión de lo que está pasando, sin ocupar una sola plaza.
“Hay plazas que realmente están haciendo cosas que se pueden suprimir, había una plaza que era para la formulación de las agendas en la Corte. Yo tengo tantos años de estar aquí en la Corte, yo sé cómo se tramitan esas cosas, yo la hago la agenda con la señora secretaria y dedicamos la tarde del jueves para montar todo eso, no suprimimos la plaza, la convertimos en un comunicador”.
– El Poder Judicial, los jueces y los magistrados han recibido críticas de parte de la población general, a veces cuando sale una condena la gente queda muy molesta. ¿Cuánta importancia le da a este tipo de críticas?
– Muchas veces la gente no queda conforme con la sentencia y es una crítica que se hace, pero la verdad es que el sistema funciona a través de jueces independientes y ellos consideraron que esa era la pena, para eso existen lo que se llama los regímenes recursivos, que las partes pueden hacer valer. Cuando usted no tiene cómo impugnar, cómo hacer valer sus derechos, entonces ahí sí estamos mal.
“Yo acepto que sí hemos cometido errores, se nos puede criticar el retraso judicial. Eso es sin duda el punto más débil del Poder Judicial. Con el sistema de auditoría que nosotros estamos construyendo, lo que se pretende es que nosotros tengamos conocimiento de lo que sucede en cada despacho.
“Pero las críticas son propias del sistema, y hay muchas que tienen que ver con la información que se hace y se transmite a través de la prensa, con algún sesgo. Aquí tuvimos un caso que se publicó mucho, era un homicida que había sido puesto en libertad en forma inmediata y se nos hizo un alboroto por la prensa, pero después el Ministerio Público informó que la persona no había sido detenida porque habían considerado que había actuado en legítima defensa (Aguirre confirmó que se trató del caso ocurrido el 12 de enero en barrio San Cayetano de San José).
“Pero hay muchas cosas que tienen sesgo, yo lo he señalado, con don Rodrigo, en los últimos tiempos le he escuchado un discurso crítico que me parece que puede estar correcto en el sentido de que ya no los jueces, sino el sistema está desactualizado.
“Creo que existe en este momento la necesidad de hacer una revisión del sistema, sobre todo procesal penal para adaptarlo a las circunstancias del momento y no para abandonar el sistema garantista, como algunos pensarían, que algunos lo han criticado.
“Posiblemente haya mucha gente que quiera que nosotros adoptemos sistemas que se han implementado en otros países, lo que pasa es que ese es un pensamiento muy simple, los problemas de esos países no son iguales a los problemas que nosotros tenemos. Eso es un pensamiento simplista y para mí absurdo”.
– Usted lleva toda una vida en el Poder Judicial (desde 1976), ¿cuán drástico ha sido el cambio desde que usted empezó su carrera judicial? ¿Cuánto se ha visto obligado a cambiar el Poder Judicial?
– En algún momento se inició aquí un proceso de modernización del sistema de administración de justicia. Primero, abandonando las leyes que muchas veces las personas siguen añorando, del sistema de leyes inquisitivas, donde prácticamente se presume que todo el que llevan ahí es culpable y entonces, en otro momento yo recuerdo que la prisión preventiva era la regla y soltarlo era la excepción.
“Eso se fue cambiando, primero con un sistema de modificación y finalmente, se llegó a construir el sistema acusatorio, es un sistema bastante moderno donde precisamente se tutelan los derechos de las personas. Claro que está el tema de las víctimas, pero también se ha trabajado la tutela de las víctimas, tenemos oficinas e incluso damos asesoría legal gratuita.
“En algún momento, en los años 90, hubo una crisis en el Poder Judicial cuando ya comienza a aparecer aquí el narcotráfico, y hubo una comisión de narcotráfico que investigó el Poder Judicial, fue toda una crisis. Se superó, se hicieron los cambios que había que hacer y seguimos adelante, ahora estamos sufriendo otra crisis relacionada con el mismo tema, pero esta ya no es una crisis de moralidad, de ética en el Poder Judicial, sino que es una crisis que estamos viviendo a nivel general.
“Nosotros creo que hasta ahora nos mantenemos bastante sólidos, yo no voy a decir que no se den hechos que sean contrarios a la ley, pero tenemos los mecanismos y trabajamos mucho en el examen de la valoración de las personas que vamos a meter aquí y trabajamos mucho también en la reacción cuando encontramos que hay algo que no está bien, pues reaccionamos como debe de ser y yo creo que de esa manera me parece que hasta ahora el Poder Judicial, por lo menos en este momento se presenta sólido y con un buen balance del sistema jurídico costarricense”.