Yeryis Salas. 31 marzo
Las aletas que se iban a exportar son analizadas en la Universidad Veritas. En la foto, resaltan los cartílagos de los tiburones. Foto: Sebastián Hernández.
Las aletas que se iban a exportar son analizadas en la Universidad Veritas. En la foto, resaltan los cartílagos de los tiburones. Foto: Sebastián Hernández.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga dos intentos por exportar aletas de tiburón martillo, un grupo protegido por la legislación nacional.

En ambas ocasiones el cargamento se dirigía hacia Hong Kong, en el mercado asiático.

Uno de estos casos, iniciado en enero del 2018, ya ingresó a la Fiscalía Agrario Ambiental.

La pesquisa está en la etapa de recolección de pruebas contra un hombre de apellido Lu, dentro del expediente 18-003701-042-PE.

En aquella ocasión, el OIJ decomisó 515 unidades de aletas, equivalentes a 74,8 kilogramos.

La segunda investigación inició en agosto del 2018, cuando la Policía Judicial se incautó de 331 aletas.

Sebastián Hernández, biólogo del Laboratorio Biomolecular de la Universidad Veritas, quien colabora en el caso, afirmó que las aletas de tiburón martillo se declararon como si fueran de otra especie.

"Las aletas fueron identificadas visualmente y genéticamente como dos especies de tiburón martillo Sphyrna lewini y Sphyrna zygaena, las cuales necesitan permisos especiales para su exportación. Sin embargo, estas aletas fueron declaradas como tiburón azul Prionace glauca, cuya exportación no está regulada”, explicó Hernández.

Una especie amenazada

Según el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica, al tiburón martillo lo amenaza su cotización en el mercado asiático, donde se considera que su aleta es de alta calidad para la preparación de sopas.

El riesgo que enfrenta la especie llevó a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) a regular su exportación desde el 2013, gracias a una iniciativa del gobierno de Costa Rica, junto a Honduras y Brasil.

De esta forma, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre impone penas de prisión de uno a tres años por la exportación de especies “cuyas poblaciones hayan sido declaradas como reducidas o en peligro de extinción, así como de las especies incluidas en los apéndices de la Cites”.

Este grupo de tiburones se incluyó en el Apéndice II del tratado, en el que figuran especies que no están peligro de extinción, pero podrían estarlo si no se regula estrictamente su comercio.

Debido a esto, Cites solo otorga permisos a los países que demuestran que la exportación de estos animales es biológicamente sostenible, lo cual el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no ha evidenciado.

En el 2017, Incopesca declaró de interés comercial a tres especies de tiburón martillo, por lo que ya no las amparaba la Ley de vida silvestre.

Sin embargo, en mayo del 2018, una medida cautelar del Tribunal Contencioso Administrativo suspendió este acuerdo. De esta forma, la decisión de exportar estas aletas dejó de depender, de momento, de esta institución.