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Casi 12 años después del mortal accidente de un bus en un puente de hamaca ubicado sobre el río grande de Tárcoles, entre Turrubares y Orotina, el proceso judicial sufrió otro traspié.
Para el pasado 23 de julio el Juzgado Penal de Puriscal había agendado la audiencia preliminar para definir si el caso va a juicio; sin embargo, esta fue reprogramada y ahora será del 27 al 30 de setiembre próximos.
Así lo manifestó, ante consulta de La Nación, la Fiscalía de Puriscal, que acusó a una mujer de apellido Ramírez González por el presunto delito de incumplimiento de deberes y a un hombre apellidado Salas Vega por cinco aparentes delitos de homicidio culposo y 38 de lesiones culposas.
Ramírez es ingeniera de puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mientras que Salas era el chofer del bus que sufrió el percance.
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En mayo pasado, el fiscal de Puriscal, Allan Ramírez, dijo que “muchos factores son los que han incidido para que se interrumpan los señalamientos de audiencia preliminar”.
Detalló que en medio de la pandemia por la covid-19 no se ha contado con el espacio apropiado y que, además, por la cantidad de partes involucradas han existido choques de agendas.
“A veces se hace un señalamiento y poco después alguno de los abogados presenta un documento que hace constar que, antes de recibir la notificación del Juzgado Penal de Puriscal, fue citado para otra diligencia y en otra jurisdicción, como parte de otro asunto de igual o similar importancia”, detalló meses atrás Ramírez.
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Aunque este caso lleva bastantes años en medio de procesos judiciales, sigue abierto porque cada vez que hay un señalamiento el plazo de prescripción se interrumpe.
Harley Priscila Castro Benavides, una de las sobrevivientes de la tragedia, conversó con La Nación hace dos años y en aquel momento manifestó que ella siente que no puede cerrar este capítulo en su vida, hasta que concluya el proceso judicial.
Largo camino
Dos años después del accidente, el 19 de octubre del 2011, la Fiscalía presentó la acusación por este percance, que se registró el 22 de octubre del 2009. Ese día, un bus cargado de pasajeros pasaba por el puente de hamaca sobre el río Tárcoles y la estructura colapsó.
Producto del percance, Norma Jiménez Cerdas, Natalia Meléndez Quesada, Marta Artavia Granados, William Gutiérrez Chaves y Efraín Marino Santamaría murieron, mientras que otras 38 personas resultaron heridas.
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En abril del 2014, el juez Kenneth Alvarado Aguirre dictó un sobreseimiento definitivo de los imputados, al considerar que las acusaciones que presentaron el Ministerio Público y los abogados en representación de los afectados carecían de pruebas para demostrar los delitos atribuidos a los distintos acusados.
Sin embargo, la entonces fiscala Andrea Murillo Briones y otros dos abogados apelaron la decisión, al estimar que no había confusión en la acusación y, además, alegaron que sí hay elementos probatorios para juzgar a los imputados.
Ante ello, el Tribunal Penal de Pavas anuló esa medida en mayo y se ordenó una nueva audiencia preliminar.
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Desde entonces es que se han presentado diferentes obstáculos que han impedido la realización de esa diligencia judicial.
El actual fiscal de Puriscal, Allan Ramírez, estima que desde el 2011 hasta la fecha se han suspendido los señalamientos unas 13 veces, por lo que de ser así el de finales de setiembre será el intento 14 en definir qué pasa con la causa que se agrupa dentro del expediente 09–000384–1093–PE.
El sitio de la tragedia
Una funcionaria del MOPT, de apellido Ramírez, figura como sospechosa del delito de incumplimiento de deberes. El conductor de bus, de apellido Salas, es investigado por cinco homicidios culposos y 38 lesiones culposas.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA Y FISCALÍA || JUAN CARLOS ALPIZAR / LA NACIÓN.
