Más de 50 parejas denuncian a organizadora de bodas por presunta estafa

Desde julio del 2022, contactaron a una organizadora de eventos, de apellido Solís, quien les enseñó un paquete con descuento que, según les advirtió, debían reservar antes de que venciera la oferta. Ellos aceptaron y pagaron un adelanto de ¢2,5 millones. En los meses siguientes, afirmó Valeria, “todo estuvo muy estático, no avanzamos prácticamente nada”.

En octubre pasado, empezaron a presionar a la mujer, pues la fecha se acercaba y la boda no tomaba forma. Ella les había enviado un calendario con los planes, y casi nada se había cumplido, afirmó Valeria (nombre ficticio para proteger su identidad).

Contactaban a los proveedores; algunos no contestaban, otros tuvieron que cambiarlos. Pactaron citas virtuales con Solís, pero luego ella daba diferentes razones para no reunirse.

Estos jóvenes forman parte de las más de 50 parejas que han presentado denuncias por estafa ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra la organizadora de eventos.

“Nosotros estamos 100% devastados. Hemos perdido todo, la planificación y el dinero. Todas las invitaciones ya estaban entregadas, todo estaba pautado para ese día y, tristemente, sabemos que ya no se va a dar”, comentó Valeria.

El Ministerio Público confirmó a La Nación que existe un expediente, el 24-000043-1220-PE, en contra de una mujer de apellido Solís, donde se acumularán las denuncias interpuestas en el OIJ, las cuales podrían aumentar.

La Fiscalía, incluso, recomendó este jueves a las personas afectadas solicitar una cita para manejar la alta afluencia de denunciantes.

“Las denuncias interpuestas están en la etapa de admisibilidad y valoraciones iniciales, y una vez que inicie la investigación, esta será dirigida por la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, en conjunto con la Unidad de Fraudes del OIJ”, señaló el Ministerio Público.

Según el Código Penal, el delito de estafa lo comete quien lesione el patrimonio ajeno, al inducir a error a una persona, “por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero”.

Dicha falta se castiga con penas de prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base. En caso de excederlo, la pena va de seis meses a diez años de prisión.

‘No había nada preparado’

Hace dos semanas, Valeria y su novio alcanzaron niveles máximos de estrés. La organizadora los refirió con quien supuestamente sería su maestra de ceremonias; ellos la contactaron y acordaron la fecha para reunirse virtualmente.

Cuando llegó la hora, ella no aparecía, le escribieron y les dijo que ya no trabajaba con Solís.

Al contactar a la mujer, ella les afirmó que había cambiado de maestra de ceremonias, y ese mismo día hablaron con ella. Sin embargo, pocos días después, les dijo que ya tampoco trabajaba con Solís.

“Estábamos a casi 22 días de la fecha y no había nada preparado. Nos faltaba todavía la degustación de la comida, no habíamos visto lo de la música de la boda, no teníamos lo de la pastelería”, relató Valeria.

La llamaron de nuevo y ella les indicó que ahora sería la maestra de ceremonias, por lo que acordaron reunirse el viernes 2 de febrero, encuentro al que Solís no llegó. Cuando le escribieron, argumentó que tuvo que atender un asunto personal.

Aguardaron durante el fin de semana pensando que tenía otros eventos. Pero el domingo, poco después de la medianoche, les avisó por mensaje que se disculpaba, pero no podría seguir con la organización de la boda por estar en una situación personal crítica.

La llamaron varias veces y le enviaron mensajes, pero ella no respondió. También buscaron a una mujer de apellido Espinoza, quien era la encargada de enviarles los contratos, y ella les dijo que Solís “había desaparecido”.

Ese mismo día, decidieron acudir al OIJ y descubrieron que no eran los únicos que pasaban por la misma situación.

Pagaron ¢6 millones

Una situación similar vivieron David y su pareja, quienes habían pagado ¢6 millones para casarse el 3 de febrero, pero el día antes les dijeron que no había mesas o cristalería porque la organizadora no pagó a la empresa proveedora.

Al final, debieron casarse en una pequeña reunión familiar. Belén y su pareja sí lograron realizar la boda, en diciembre pasado, pero sin el DJ ni los toldos para la lluvia que habían reservado.

Según el grupo de personas afectadas, la empresa organizadora tenía cinco años de funcionar y las parejas confiaron porque habían escuchado las buenas experiencias de amigos y familiares.

Antes de cancelar todos los eventos, el grupo señaló que la dueña de la empresa, la mujer de apellido Solís, había salido del país el sábado 3 de febrero, lo cual fue confirmado a La Nación por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Consultada por este medio, la organizadora afirmó que otra persona en la empresa lucró con los contratos, y que en su momento demostrará “las pruebas necesarias de todo esto y limpiaré mi nombre”.