“Yo vengo a colocar formal denuncia por la desaparición de mi hija Luany Valeria Salazar Zamora, de 23 años, quien el martes 9 de junio del año en curso a eso de las 6:30 p. m. me puso un mensaje de texto desde su teléfono. Indicaba que ya estaba la casa limpia y que iba a salir a dar una vuelta por el lugar.

"Pero al llegar la noche, mi hija no volvió a la casa. Según un vecino, que es consumidor, me indicó, él la había dejado en la alameda de donde vivimos a las 3 a. m. del 10 de junio y que no sabía más de ella. Yo tengo el nombre de este sujeto. La gente me ha confirmado que él estaba con ella".

Así reza la primera parte de la denuncia que Patricia Zamora, mamá de la muchacha fallecida, interpuso a las 5:55 p. m. el jueves 11 de junio por la pérdida de rastro de su hija y de la cual La Nación tiene copia.

Cuatro días después de ese trámite, Luany Valeria fue encontrada muerta de siete puñaladas y enterrada en el patio trasero de la casa donde vivía el sospechoso de matarla en La Unión de Cartago. Él es de apellido Mejía, alias Hippie.

Lo anterior significa, entonces, que desde la interposición de la alerta, la madre sí señaló a Mejía como sospechoso de la desaparición de su hija, lo cual contradice lo dicho este jueves por Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En una comparecencia frente a diputados, Espinoza aseguró que, en la denuncia, Zamora no indicó que sospechara de alguien, ni brindó mayor información que pudiera ayudar en el caso.

Relató que, la primera vez que supieron sobre Hippie, fue "¡cien horas después de la desaparición!".

"Estábamos buscando a una persona desaparecida, cuya madre solo nos dijo que no está. No nos habló de agresiones, ni de enemigos, ni de problemas de ninguna naturaleza, ni de secuestros", apuntó Espinoza en la comparecencia.

Un día después, Zamora reprochó todo lo expuesto por el jefe policial y hasta lo calificó como "una mentira".

"Él dijo que yo oculté información, que nunca hablé de sujeto. (...) En la denuncia dice que mi hija salió con un vecino que es adicto, que es la última persona con la que ella estuvo, que tengo el nombre de esa persona. ¿Por qué no lo investigaron?", cuestionó la madre.

Zamora agregó que, el sábado 13 de junio, volvió a insistir al OIJ sobre el sospechoso. Ese mismo día, una amiga de Luany, de apellido Urbina, fue entrevistada por los agentes y ella confirmó que Hippie fue la última persona con quien fue vista.

No aceptan culpas

Por otro lado, Joseph Rivera, abogado de la familia, aseguró que no aceptan las culpas que Espinoza pretendió achacarles al decir que la mamá no brindó información sobre la desaparición y que, además, denunció de forma tardía.

Primero porque, detalló, desde el día de la desaparición los parientes llamaron al sistema de emergencias 9-1-1 para alertar sobre lo ocurrido.

“Luany desaparece el 9 de junio. Doña Patricia hace una serie de llamadas al 9-1-1 y dicen que debe esperar de entre 24 y 48 horas o sino no le reciben la denuncia. Ella insistió porque quería hacer presión, pero se le cerraron las puertas”, lamentó Rivera.

Segundo porque, insistió, la familia sí brindó hasta un posible sospechoso.

Tercero porque, a su criterio, es labor de los agentes judiciales visitar el sitio donde fue vista la muchacha por última vez y así obtener datos importantes para la pesquisa.

"Ellos deben preguntar a la familia, por medio de una estrategia de comunicación, lo que saben de la desaparición. A veces es difícil. Cuando una familia reporta una desaparición, está con dolor, con miedo, con inseguridad. Hay muchas cosas en medio y deberían saber cómo extraer esa información; no asumir que no la tienen y ya".

Justo por esa razón es que él, en representación de la familia, demandó tanto a Espinoza como a la sede del OIJ de Tres Ríos por incumplimiento de deberes.

Abogado: ‘Vamos a demandarlo por difamación’

El hecho de que Espinoza diera a conocer ayer, de manera pública ante los diputados, el perfil de Luany Valeria Salazar "devastó" a sus parientes.

En ese momento, el jefe policial reveló que ella era novia de un hombre de apellido Romero y alias Cachetón, a quien lo tienen identificado policialmente como sicario de la banda liderada por Luis Ángel Martínez Fajardo, conocido como Pollo.

También dio a conocer que trabajaba en el hotel El Rey, en San José, y que, en una fecha no determinada, ella estuvo envuelta en una balacera ocurrida a lo interno de un motel en Paso Ancho.

Espinoza agregó que ella era drogadicta, información que hasta su madre dio a conocer en la denuncia del jueves 11 de junio.

Para Joseph Rivera, abogado de la familia, esas apreciaciones son "hirientes hacia la víctima" y, a su criterio, no tenían ningún interés público.

"Le está abriendo un juicio de valor (...) Dijo, por ejemplo, que era drogadicta. ¿Qué es? ¿Él (Espinoza) se iba a fumar piedra o marihuana con ella (Salazar) para que diga eso? (...) Y, bueno, si fuera cierto, ¿ya qué? Ella murió", enfatizó.

Por esos hechos, aseguró, lo demandarán por difamación. "Eso lo vamos a hacer el lunes. Vamos a presentar querella y acción civil en contra del director", dijo Rivera.

Además, concluyó, volverán a insistirle a los diputados para que pidan la renuncia de Espinoza a su cargo.

Otros grupos alzan la voz por declaraciones de Espinoza

En este mismo sentido, la Coordinación de la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial también lamentaron “profundamente” las declaraciones brindadas por Espinoza ante los diputados, al considerarlas “estigmatizantes en perjuicio de la víctima y de sus familiares”.

“Ambas representaciones estiman que referirse a aspectos de la vida personal de la víctima y su posible relación con personas vinculadas a actividades delictivas, desvían el foco de la atención pública e institucional, sobre el objetivo de la investigación: la muerte dolosa de una mujer”, apuntaron en un comunicado compartido la tarde de este viernes.

Dijeron que, pese a los esfuerzos que ha hecho el OIJ en la capacitación en temas de género, estos casos revelan el camino que falta por recorrer, “con declaraciones no adecuadas, que provocan una atención innecesaria en la víctima y su entorno, desviándola del verdadero responsable de la muerte”.

Asimismo, decenas de grupos civiles enviaron misivas al OIJ, a Corte Plena, a la fiscala general Emilia Navas y al Consejo Superior para hacer notar su “repudio” hacia lo dicho por Espinoza en la comparecencia, sobre todo cuando abordó el perfil de ella.

Entre los grupos se encuentran Acción Respeto, Sombrilla Costa Rica, Federación de Estudiantes Universidad de Costa Rica, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu), entre muchas otras.

“Durante la comparecencia, Espinoza brindó una serie de detalles personales de la vida de Luany basados en prejuicios de género y de clase, brindó especulaciones responsabilizando a la víctima de su propio asesinato, y culpabilizando a sus familiares. Es clara la revictimización a la que ha sido sometida la familia de Luany, mujer víctima de un feminicidio atroz, situación que no es ajena y es reproducida en múltiples casos donde se permea la violencia de género”, se lee en las cartas firmadas por sus representantes.

Agregaron: “Para el director actual del OIJ resulta más importante la imagen de su institución y la de “sus muchachos” que proteger a la población, incumpliendo así con sus mandatos”.

Por esa razón es que también piden la destitución de Espinoza.