EscucharUna madre y su hija son sospechosas de mantener privada de libertad a una mujer para explotarla sexualmente. Ambas fueron detenidas la mañana de este viernes en el Infiernillo de Alajuela, informó la Dirección General de Migración y Extranjería.
La Policía Profesional de Migración identificó a las sospechosas con los apellidos Salazar Jara y Amador Salazar, quienes serán procesadas penalmente en la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Salazar Jara, quien al parecer mantenía el control total sobre la víctima, cuenta con antecedentes por venta de drogas, amenazas agravadas y resistencia a la autoridad.
La víctima era sometida a amenazas, coacción, maltrato físico y explotación sexual, además de ser mantenida contra su voluntad en un lugar con estrictas medidas de seguridad, sin la posibilidad de salir o realizar necesidades fisiológicas y de aseo de manera adecuada.
La investigación reveló que Salazar Jara recibía el dinero proveniente de la explotación sexual de la víctima, e incluso la obligaba a consumir drogas. Amador Salazar, además, la agredía físicamente, la insultaba y se burlaba de los actos a los que era sometida.
Ambas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que la mujer afectada se encuentra bajo la observancia de las autoridades correspondientes.
Este es el segundo caso de explotación sexual que trasciende en los últimos días en la provincia de Alajuela. El 10 de noviembre, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a una mujer y tres hombres, como presuntos responsables de reclutar mujeres con el objetivo de explotarlas sexualmente en un bar, en San Miguel de Naranjo.
La mujer, identificada como Méndez Manzanares, de 41 años y los tres hombres de apellidos Carranza Vivas, Guzmán Arias y López Rodríguez, de 31, 35 y 18 años respectivamente, fueron detenidos mediante un allanamiento en una vivienda en Sarchí y en un bar situado en Naranjo.
El artículo 172 del Código Penal castiga la trata de personas con sentencias de seis a 10 años. La pena impuesta puede ser de entre ocho y 16 años, cuando la víctima sea menor de edad.
