Justicia apuesta a ampliar La Reforma para aliviar crisis carcelaria

La urgencia de un recinto para esta población ha sido la exigencia reiterada del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) y hasta del magistrado Paul Rueda, ante la realidad de San Sebastián, considerada una “jaula humana”, sobre la que pesa una orden de clausura desde el 2016, por sus precarias condiciones.

Salazar indicó que, pese a que por presupuesto no se ve muy factible la construcción de una nueva prisión, sí apuestan por este tipo de “pequeñas obras” para descongestionar el ya colapsado sistema penitenciario. Eso, agregó, les permitiría maniobrar para seguir recibiendo a los indiciados, a quienes en algunos casos los jueces les imponen prisiones preventivas tan cortas que no pasan ni quince días encerrados, pero que sí restan espacios para ubicar a otras personas con prisiones más largas.

Ella explicó que los fondos para estas obras saldrían del superávit del Registro Nacional que les fue trasladado y que es de ¢5.600 millones. Esta propuesta de trasladar fondos se dio en enero del 2020, pero no fue hasta en el 2021 que la Asamblea Legislativa aprobó el movimiento del dinero. De hecho, justamente este miércoles la jerarca defendió ante los diputados el presupuesto para el 2022, el cual tiene un aumento de 4,5% con referencia al del año anterior y en donde se incluye esta propuesta.

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“Nosotros no descartamos del todo ninguna posibilidad y de hecho para estar siempre informados, durante el 2020 hicieron un ranqueo de la infraestructura que tenemos. Porque no es solo generar nuevos espacios, sino atender los que ya están. Entonces, cuando logramos disponer de recurso económico, balanceamos en qué lo usamos: si a construir o si a atender problemas de los centros. Generalmente nos decantamos por dar mantenimiento. Pero, en este caso puntual con el superávit del Registro, sí pensamos construir nuevos espacios”, dijo la jerarca.

Mencionó que es un proyecto en el que trabajan desde este año, cuando se aprobaron los recursos. Como parte de esa labor, definieron que lo harían en el complejo penitenciario, puesto que ahí aún existe mucho espacio para levantar obras, situación que no se da en el resto de prisiones del país.

“Sentimos que es un proyecto que puede ir mucho más rápido por la experiencia reciente de construcción que tuvimos por el CAI Terrazas (cárcel cuyas obras fueron entregadas este año, pero que la falta de presupuesto se habilitaría hasta noviembre próximo). Utilizaríamos casi que los mismos planos arquitectónicos; solo habría que hacer ajustes al lugar y al terreno, entre otras cosas. Pero creemos que es un proyecto para un plazo relativamente corto”, dijo.

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¿De dónde nace la propuesta?

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Cuando en el 2016, el juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, ordenó el desalojo definitivo de la cárcel de San Sebastián (la única exclusiva en el país para indiciados), él justificó su decisión al decir que esta prisión se asemejaba a una “jaula humana”. Es decir, las condiciones de infraestructura, así como el gran hacinamiento que había en aquel momento, eran completamente contrarios al trato digno que se le debe dar al privado de libertad.

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Como parte de su decisión, él incorporaba un informe del MNPT, ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes, en donde se hacía la recomendación de pensar en la construcción de un nuevo centro penal para esta población. Cinco años después, en un nuevo informe de agosto del 2021, esa misma entidad volvió a insistir en esas obras, ya que, pese a que Justicia había hecho mejoras en la cárcel de San Sebastián, estas no eran suficientes.

Justamente en un reciente fallo de la Sala Constitucional en el que se avala la reapertura temporal de esa prisión, el magistrado Paul Rueda hace una anotación aparte con relación a la necesidad de generar una nueva infraestructura; sin embargo, en múltiples ocasiones Fiorella Salazar ha hecho ver que construir cárceles no es “tarea sencilla”, ya que requiere de años, como sucedió con Terrazas.

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Aumento en presupuesto

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Durante la presentación del presupuesto para el 2022 ante los diputados, Fiorella Salazar solicitó ¢199.000 millones, lo que significa un aumento del 4,5% con respecto al año anterior, cuando Justicia tuvo ¢191.000 millones. De ese monto, especificó, ¢141.000 millones irían dirigidos a Justicia y a la operación penitenciaria.

En cuanto al incremento, la jerarca expuso que obedecía, principalmente, al pago de los 745 nuevos funcionarios del CAI Terrazas, que está previsto abrir a finales de noviembre. Señaló también que el rubro de alimentación también se incrementó a ¢5.029 millones por la entrada en funcionamiento de ese centro penal. “Es el impacto que tiene el abrir un nuevo centro, ya que se debe garantizar la manutención de privados y de quienes allí trabajen”, agregó Salazar.

Pero el aumento, dijo, también respondía al traslado del superávit del Registro Nacional. Con relación al compromiso de reducir gastos, en el único rubro que lo consiguieron fue en el de servicios públicos, con una baja de 11,1%. Mencionó que el teletrabajo les permite ahorrarse agua y electricidad en las oficinas, por ejemplo y eso les permite maniobrar con ese gasto.