La cárcel Luis Paulino Mora, ubicada en San Rafael de Alajuela, registra cifras críticas de sobrepoblación.

Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, hasta este lunes, había 863 presos recluidos allí, cuando la capacidad es de 715 campos. Hay un hacinamiento de 20,7%.

Las reglas internacionales indican que un centro penal presenta hacinamiento crítico cuando su capacidad está sobrepasada en más de un 20%.

Ese contexto provoca presión sobre los jerarcas de esa cartera: deben conseguir dinero para mejorar esas condiciones. Sobre todo porque, más de una vez, la Sala Constitucional ha ordenado demoler módulos de ese centro, que son considerados como “inhabitables", y generar nuevos espacios.

Una de las posibles soluciones que se manejan sería trasladar el superávit que tiene la Junta Administrativa del Registro Nacional a Justicia. Se tratan de casi ¢5.600 millones.

Con ese dinero, la ministra de Justicia, Marcia González, detalló que se podrían construir 1.000 nuevos campos y se podrían sustituir otros 500 cupos.

En ese sentido, el Ministerio presentó un proyecto de ley en setiembre del año pasado para poder tener acceso a esos fondos. Actualmente, la iniciativa se tramita bajo el expediente 21.613 e ingresó recientemente a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de la Asamblea Legislativa.

Gustavo Viales, presidente de esa comisión legislativa, sostuvo que la iniciativa tiene “buen camino”, puesto que, además, no sería la primera vez que se traslada el superávit del Registro hacia otra institución.

"Estoy de acuerdo por dos puntos: el primero es por usar un dinero que está estancado y, segundo, porque es una señal de alerta para nosotros que aún haya instituciones generando superávit.

“Por último, creo que usar estos fondos para levantar infraestructura sería lo más conveniente por la situación en la que se encuentran nuestras cárceles”, puntualizó.

Justificación

En el documento, firmado por Jairo Vargas, ministro a. i. de Justicia, se recalca que el Registro Nacional es un ente adscrito a esa cartera, lo cual les permitiría hacer el eventual traslado de dinero.

Además, señala que el superávit del que se habla se estimó, ya teniéndose en cuenta “las inversiones y proyectos previstos para los años 2019-2024”.

“Dicho superávit se generó a partir de los ingresos propios del Registro Nacional y comprende los períodos 2017 y 2018. Es decir, estos son recursos que actualmente están disponibles pero no tienen ningún uso concreto en el corto o mediano plazo, lo cual se considera inconveniente en el contexto de estrechez fiscal que atraviesa el país”, apuntó el proyecto.

La falta de uso de ese dinero viene a contrarrestar la necesidad que tiene Justicia, puesto que, según ellos mismos describen, el sistema penitenciario atraviesa “una compleja situación de carencia de infraestructura (...), lo cual ha derivado en un aumento del hacinamiento carcelario”.

Ese entorno hace que sea “imperiosa” la necesidad de construir más espacio y, por ello, es que esa hasta se convirtió en una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Ahí se propuso levantar 3.000 espacios nuevos, lo que significaría pasar de 10.547 espacios a 13.547 en el 2022.

Por esa razón es que, en el proyecto de ley, el Ministerio insistió en que “es viable, razonable y necesario el traslado del superávit libre del Registro Nacional para atender esas necesidades”.