EscucharEl juicio por presuntos actos de corrupción en la construcción de la trocha fronteriza quedó suspendido hasta nuevo aviso hasta que se conforme un nuevo tribunal que asuma el debate.
Lo anterior luego de que la jueza titular Rosaura García acogiera la recusación planteada por Mauricio Paniagua, un defensor público que advirtió que él, en una causa abierta en el 2019 por presunto prevaricato, había sido el representante de los jueces Franz Paniagua Mejía y Alfredo Arias Calderón y que este asunto podría significar un cuestionamiento a la imparcialidad en el nuevo debate.
Dicha observación fue respaldada por José Miguel Villalobos, otro de los abogados involucrados en el proceso y quien representa a 8 de los implicados.
“Las recusaciones presentadas en este caso resultan amparables. El licenciado Mauricio Paniagua es defensor público de dos encartados en este proceso y la circunstancia objetiva que ha dado cabida al cuestionamiento sobre la objetividad de los cojueces ha sido corroborada; incluso hasta aceptada por los últimos. (...) Por ende, para garantizar la imparcialidad y el debido proceso, se dispone la separación de los jueces Arias Calderón y Paniagua Mejía de esta causa”, concluyó la jueza García.
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Así las cosas, ahora el juez coordinador en materia penal deberá buscar reemplazos para los jueces Paniagua y Arias a la brevedad posible, pues el plazo del contradictorio se mantiene para el periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 22 de setiembre en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial, en Goicoechea.
La fecha para el inicio dependerá de que se consigan los dos jueces sustitutos y que tengan disponibilidad para asumir un proceso programado para seis meses.
Los hechos
En esta causa se juzgarán supuestos actos de corrupción en la construcción de la obra y que trascendieron en mayo del 2012, cuando se denunciaron presuntas dádivas y desvíos de fondos destinados a la construcción de la vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
La construcción del camino se impulsó con un decreto de emergencia del Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) ante la invasión de Nicaragua a isla Calero, en el Caribe norte de Pococí, en el 2010.
Luego, en febrero del 2020, cuando se anunció que se elevaría a juicio, se mencionó que solo 13 personas irían a debate. Este lunes, el abogado Fernando Apuy confirmó que él sigue representando al exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta Monge.
Por su parte, Villalobos detalló que él representa al empresario Alexánder Mesén Vargas y su esposa María Eugenia Morera Fernández, a los encargados de proyecto del Conavi Manuel Serrano Alvarado y Francisco Ramírez Marín, y los empresarios de alquiler de vagonetas y tractores Geovanny Montoya, Gerson Herra, Célimo Soto Campos y Geovanny Baralis Crosetti.
El Tribunal no ha divulgado la lista de los imputados ni los hechos que se les atribuyen, por lo que aún faltan nombres.
