El juicio por presuntos delitos de corrupción durante la construcción de la trocha fronteriza, previsto para este lunes 27 de marzo, ni siquiera arrancó, pues dos abogados recusaron a dos de los jueces que integran el tribunal.
Mauricio Paniagua, un defensor público advirtió que él, en una causa abierta en el 2019 por presunto prevaricato, había sido el representante de los jueces Franz Paniagua Mejía y Alfredo Arias Calderón y que este asunto podría significar un cuestionamiento a la imparcialidad en el nuevo debate.
Al respecto, José Miguel Villalobos, abogado defensor de ocho de los imputados en la causa de la trocha coincidió en el criterio, solicitó que se inhibieran de participar en el proceso y que se conforme un nuevo tribunal.
“A juicio de don Mauricio y mío se genera una situación de duda o de suspicacia. Aquí no estoy juzgando ni la corrección ética, ni la probidad, ni el conocimiento de ninguno de los jueces ni es un gesto de desconfianza subjetivo. Es un tema objetivo, el país tiene el derecho de que este asunto se resuelva por jueces, de la forma que sea, absolviendo o declarándolos autores responsables, que sea una decisión en que los costarricenses tengan plena confianza que es producto de un razonamiento objetivo, de un análisis ponderado”, manifestó Villalobos.
El abogado considera que sí se creó un vínculo entre el defensor y los jueces, y que podrían llegar terceros a considerar que eso podría inclinar la balanza en favor de los acusados, porque los jueces “están muy agradecidos” con Mauricio Paniagua, o ser muy estrictos para garantizar imparcialidad.
La tercera jueza, Rosaura García, explicó que sus compañeros Franz Paniagua y Alfredo Arias presentarán este martes un informe sobre este asunto y que, a partir de los razonamientos, se resolverá si comienza el contradictorio o se conforma un nuevo tribunal.
¿Un nuevo atraso?
El juicio de la trocha programado del 27 de marzo al 22 de setiembre en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial, juzgará supuestos actos de corrupción en la construcción de la obra y que trascendieron en mayo del 2012, cuando se denunciaron presuntas dádivas y desvíos de fondos destinados a la construcción de la vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
La construcción del camino se impulsó con un decreto de emergencia del Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) ante la invasión de Nicaragua a isla Calero, en el Caribe norte de Pococí, en el 2010.
Aunque inicialmente el proceso investigó a 73 personas, en noviembre del 2018 la Fiscalía dictó sobreseimiento contra 47 personas, en cuenta la expresidenta Laura Chinchilla, su segundo vicepresidente Luis Liberman, su ministro de Obras Públicas Francisco Jiménez y otros miembros del gabinete.
Luego, en febrero del 2020, cuando se anunció que se elevaría a juicio, se mencionó que solo 13 personas irían a debate. Este lunes, el abogado Fernando Apuy confirmó que él sigue representando al exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta Monge.
Por su parte, Villalobos detalló que él representa al empresario Alexánder Mesén Vargas y su esposa María Eugenia Morera Fernández, a los encargados de proyecto del Conavi Manuel Serrano Alvarado y Francisco Ramírez Marín, y los empresarios de alquiler de vagonetas y tractores Geovanny Montoya, Gerson Herra, Célimo Soto Campos y Geovanny Baralis Crosetti.
El Tribunal no ha divulgado la lista de los imputados ni los hechos que se les atribuyen, por lo que aún faltan nombres.
En caso de que deba conformarse un nuevo tribunal, Villalobos teme un nuevo atraso largo en el proceso, hasta que se consiga un tribunal con un mínimo de seis meses disponibles.
Por el contrario, Apuy sostiene que el asunto debería reprogramarse pronto.