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El Juzgado Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de la expresidenta de la República Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) y el exfiscal Jorge Chavarría Guzmán, por el caso de la fallida construcción de la trocha fronteriza.
La resolución tomada desde el 2 de noviembre pasado, pero que fue notificada hasta este 24 de enero, también beneficia a otros 45 investigados.
Entre estos figuran el exvicepresidente Luis Liberman Ginsburg, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes y la exmagistrada Ana Virginia Calzada Miranda. Lo otros favorecidos con la decisión son funcionarios y dueños de constructoras.
A los imputados el Ministerio Público les había achacado los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y tráfico de Influencias. Este pesquisa se abrió en el 2017 y se tramitó en el expediente 17-000005-1218-PE.
Sin embargo, fue la misma Fiscalía la que solicitó la exoneración de cargos, luego de analizar 42 informes de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del OIJ, 38 informes y 28 ampliaciones de la Sección de Fraudes del OIJ, 132 expedientes administrativos que conforman las facturas de las empresas cuestionadas, levantamientos de secreto bancario de las diversas empresas, legajos de rastreos e intervenciones telefónicas y la prueba decomisada en 58 allanamientos realizados.
Para el Ministerio Público, luego de analizada toda esa documentación, “existe una falta de certeza, y adicionalmente, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, por lo que no existen bases para llevar esta causa a etapas ulteriores, el hecho no está adecuado a una figura penal o no fue cometido por el imputado” y por tanto se solicitó el sobreseimiento que fue acogido por el juzgado a cargo Ana Laura Arce Hidalgo.
Las personas investigadas tienen que ver con la fallida construcción de la carretera Juan Rafael Mora Porras o ruta 1856, de 160 kilómetros, parte los cuales van paralelos al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
Fue un proyecto impulsado por la administración de Laura Chinchilla, en respuesta a la invasión del gobierno de Daniel Ortega a isla Calero, en Pococí, Limón, ocurrida en el 2010.
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La obra inició en diciembre del 2010 y se paralizó en mayo del 2012, cuando Chinchilla denunció a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por recibir supuestas dádivas de empresarios.
En el proyecto, que quedó en abandono, se invirtieron al menos ¢20.000 millones.
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Por estos mismos hechos, en enero del 2017 el Ministerio Público acusó a otras 26 personas entre quienes están Carlos Acosta Monge, exdirector del Conavi; Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado, quienes eran los encargados de la supervisión de los trabajos. Eso se lleva en un expediente aparte 12- 000053-621-PE.
A estas personas se les atribuyen los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
Ese asunto actualmente se encuentra a la espera de que se realice la audiencia preliminar, la cual está programada para llevarse a cabo a partir de la última semana de setiembre del 2019 y hasta enero del 2020.
La Fiscalía, en esa diligencia, solicitará que se ordene realizar un juicio en contra de las 26 personas acusadas, comunicó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Justificaciones
La investigación del expediente en el cual figuraron Laura Chinchilla y Jorge Chavarría y otras 45 personas, comenzó luego de que se acusó a las otras 26 personas en enero del 2017.
Se hizo mediante un testimonio de piezas, pero una vez revisadas todas las pruebas, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que los elementos indiciarios son insuficientes para redactar una acusación.
“No había prueba para acreditar que ellos habían participado en los hechos delictivos acusados a otras personas en el expediente 12-000053-621-PE; así mismo, existía un grupo de personas en cuyo caso los hechos eran totalmente atípicos, es decir, no constituían delito alguno. Por esa razón, en setiembre del 2018 se solicitó el sobreseimiento definitivo a favor de las 47 personas”, comunicó la Discalía.
Para citar algunas de las razones, que constan en la resolución del Juzgado Penal de Hacienda, para dictar el sobreseimiento se tiene que en los casos de la expresidenta y el exvicepresidente, Laura Chinchilla y Luis Liberman, se les denunció porque al firmar el decreto que declaró emergencia la construcción de la trocha, presuntamente se “facilitó la disminución de los requerimientos y controles habituales para las contrataciones”.
Al respecto, el Ministerio Público determinó: “No hay prueba de que la firma se hizo para que funcionarios corruptos distrajeran fondos públicos en colusión con los empresarios, sino el motivo fue realizar acciones para facilitar los procesos de contratación de las empresas para la construcción de rutas de acceso a la zona del conflicto, dada la violación de la soberanía costarricense”.
En relación al exfiscal Jorge Chavarría, se le denunció por no investigar los delitos cometidos en la construcción de la carretera. Empero, el hecho se descartó porque en este caso ya fueron acusados 26 personas y está en proceso otra pesquisa por delitos ambientales.
El abogado Alonso Salazar, defensor de un empresario de apellido Ramírez, que también resultó sobreseído en el caso, dijo: "En torno a la trocha se generaron muchas conjeturas y entonces la Fiscalía actuó de forma violenta en contra de una serie de personas que no tenían ninguna vinculación con los hechos investigados.
“Eso significó que toda la documentación fue decomisada y se causó un enorme perjuicio porque muchas de esas empresas no han podido cobrar los servicios prestados. Ahora nos damos cuenta de que no tenían nada que ver con los hechos”.
