Durante toda esta semana se desarrolla una nueva audiencia para discutir las medidas cautelares que pesan sobre unas 28 personas detenidas el 14 de junio del año pasado por presunta corrupción en contratos de obras públicas con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en el caso conocido como Cochinilla. La Fiscalía pidió prorrogar por seis meses más las medidas dictadas contra esas personas entre el 26 de junio y el 16 de julio del 2021.
Los abogados de los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, dueños de las constructoras MECO y H Solís, respectivamente, insisten en que las condiciones iniciales del caso han tenido cambios fuertes, por los que no se justifica la prisión dictada contra sus clientes, ambos de 62 años.
Erick Ramos, defensor de Carlos Cerdas, alega que entre los principales cambios en el expediente está el hecho de que un juez señaló que cuatro artículos (2, 6, 7 y 9) de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754) están derogados, lo que cierra la posibilidad de acceder a un plazo duplicado de prisión preventiva y el máximo permitido es de un año.
El artículo 2 de la citada ley establece que a los casos declarados como crimen organizado se les permite la ampliación de la vigencia de las medidas cautelares. Es decir, bajo esta clasificación, los imputados deben permanecer en prisión preventiva hasta un máximo de 24 meses, el doble de lo estipulado en el artículo 257 del Código Procesal Penal.
El artículo 6 fija los motivos por los que se suspende el término de prescripción de la acción penal. En su inciso A, menciona que en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no puede ser promovida ni proseguida. En el caso de los artículos 7 y 9 se refieren al plazo y la prórroga de la prisión preventiva.
Sin embargo, el pasado 7 de marzo la Fiscalía indicó en un comunicado que “El Ministerio Público ha asumido una firme posición, en el sentido de que no existe ningún artículo derogado de esa ley (N.° 8754) y que las resoluciones dictadas hasta hoy a partir de ella mantienen su vigencia, porque la propia Asamblea Legislativa estableció que la nueva normativa entraría a regir 18 meses después de que se otorgara el presupuesto correspondiente; plazo que no se ha agotado”, explicó el fiscal general a. i., Warner Molina Ruiz.
De igual manera, el 17 de febrero pasado el juez Jean Carlo Monge Madrigal, dijo que la derogatoria del artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada en el período comprendido entre el 14 al 30 de octubre del 2019, en nada afectó el desarrollo del proceso penal conocido como Caso Cochinilla.
Pese a ello, Ramos afirma que “es exagerada, desproporcionada e innecesaria la medida cautelar. Por otro lado mi cliente está detenido sobre la base de la resolución del 19 de julio del 2021, del juez Hugo Porter Aguilar, que establecía un daño o una defraudación cercana a los ¢78,000 millones, pero en todos estos meses se logró demostrar que eso es falso y ahora el Ministerio Público dice que el daño no es importante”, sostuvo.
Por lo anterior, afirma que Cerdas sufre una “pena de banquillo” o pena anticipada, máxime que nota “sumamente lento” el avance de la investigación y dice que en nueve meses solo han entrevistado a tres testigos.
Estima que la pena de cárcel como medida preventiva resulta innecesaria ante la inercia de la Fiscalía. Recordó que el 16 de junio la jueza Carolina Lizano dejó en libertad a Cerdas y él siempre se mantuvo apegado al proceso, sin embargo en la audiencia del mes siguiente se rechazó la fianza permitida originalmente, alegando el alto monto de lo defraudado, y se ordenó enviar a los empresarios a prisión. El abogado no adelantó, aduciendo respeto a la jueza, las propuestas sustitutivas a la medida de cárcel que pesa contra Cerdas, pero no se descarta que se retome el planteamiento inicial de una fianza.
Carlos Cerdas ingresó a San Sebastián el 22 de julio, mientras que Mélida Solís entró el 19 de julio al Centro de Atención Institucional Vilma Curling.
Monto inicial va por la mitad
Erick Gatgens, codefensor de Mélida Solís, comparte los criterios de Ramos y dice que la misma Fiscalía ya no menciona en la audiencia aquellos ¢78.000 millones que en un inicio citaba y más bien señalan que hubo una malversación de fondos, porque se tomaron dineros de otros proyectos para que el Conavi cancelara facturas al cobro. Para él eso demuestra un cambio importante en la tesis del Ministerio Público, pues antes el esquema era un daño enorme al erario público y ahora el monto del que se habla ronda los ¢40.000 millones, casi la mitad de lo inicialmente mencionado.
La audiencia se desarrolla en el tercer piso de los Tribunales de Goicoechea y solo Carlos Cerdas y los abogados de ambos privados de libertad asisten de manera presencial, pues el resto sigue de manera virtual los hechos, lo mismo que la jueza Karol Castro Fallas. Por su parte, Mélida Solís sigue las incidencias desde la cárcel, ya que continúa con problemas médicos por alta presión arterial y solo irá presencialmente cuando llegue el turno de sus defensores.
Gatgens sostuvo que la propuesta de una fianza en lugar de la prisión preventiva es una posibilidad, “siempre ha existido apertura de parte nuestra de hacerle frente al tema de una fianza; sin embargo, en su momento el Tribunal de Juicio consideró que la fianza que daba mi representada, de $3 millones, era insuficiente, tomando en consideración aquellos famosos ¢78,000 millones de déficit, ahora como hablamos de un escenario totalmente distinto, esa garantía más bien resultaría sobrada. Es algo que estamos valorando” manifestó.
La Fiscalía informó de que no se va a referir a la audiencia, hasta que esta termine. Para este miércoles se espera que comience a exponer la defensa de Carlos Cerdas y luego seguirá la defensa de Mélida Solís, para cerrar con la resolución de la jueza Castro.
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