La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó cinco allanamientos en las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería por los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ideológica, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
Los operativos se desplegaron en las instalaciones centrales de la institución en La Uruca, San José, así como en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, el aeropuerto internacional Juan Santamaría, una casa ubicada en Moravia y en las Oficinas de la Policía Profesional de Migración, en Heredia.
De acuerdo con la Fapta, estas diligencias tenían como objetivo recabar prueba digital y documental y aparatos electrónicos que son relevantes para el desarrollo del proceso. Durante la mañana de este 13 de diciembre, la Fiscalía aclaró que no pretendía detener a funcionarios u otras personas involucradas con el caso.
Investigaciones judiciales apuntan a que, desde el 2015 y hasta el 2017, las personas investigadas habrían autorizado y aprobado, de manera ilegal, algunos permisos de tránsito vecinal fronterizo, los cuales son otorgados a personas de las zonas limítrofes cuando salen a Nicaragua.
Sin embargo, según la Ley General de Migración y Extranjería, dichos permisos (no se indica cuántos) no debieron otorgarse, pues no se cumplía con los requisitos legales. El caso se encuentra bajo investigación, dentro de la causa 22-000213-1218-PE.
La oficina de prensa de Migración informó de que la directora de esa institución, Marlen Luna Alfaro, se encuentra representando al país en la Reunión ordinaria de la Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que se lleva a cabo en República Dominicana.
No obstante, la jerarca giró instrucciones al personal a cargo para facilitar a las autoridades judiciales ‘toda la colaboración que requieran en los hechos investigados, cuyas denuncias datan de años anteriores al inicio de la presente gestión’.
El comunicado finaliza diciendo que la institución no podrá referirse al caso durante el proceso y estarán a la espera de los informes correspondientes.