La Fiscalía General de la República acusó al exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, y al empresario, Juan Carlos Bolaños Rojas, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y aceptación de dádiva por acto cumplido.
Así lo dio a conocer la institución este jueves por la mañana, por medio de un comunicado de prensa, en el que detalla que también se solicitará el auto de apertura de juicio.
La investigación contra Morales y Bolaños se agrupa dentro del expediente 15–000022–0033–PE.
“En este caso se indagaron las presuntas acciones realizadas por parte Morales para obtener beneficios indebidos para Bolaños en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Casa Presidencial y Banco Popular.
“Además, se investigó la supuesta entrega de una dádiva por parte de Bolaños, así como la posterior recepción de la misma por parte de Morales, en razón de los actos cumplidos”, detalló el Ministerio Público.
El ente acusador del Estado agregó que la acusación ya fue validada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, tal y como lo estipula la normativa cuando los sospechosos son funcionarios o exfuncionarios públicos.
Ahora, lo que procede es enviar el expediente al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, con solicitud de apertura de juicio, con el fin de que se estipule una fecha para la audiencia preliminar, donde se definirá si el caso llega o no a un contradictorio.
La Procuraduría General de la República (PGR) se constituyó como actor civil y detalló el pasado 16 de julio que reclamará a Morales y Bolaños un monto de ¢70 millones por concepto de daños y perjuicios.
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Cuestionamientos
Los abogados de los investigados consideran que sus representados no incurrieron en ningún delito, e incluso semanas atrás dijeron que no descartan que en el momento procesal adecuado, más bien, sean sus clientes los que demanden al Estado.
Fernando Vargas Zeledón, representante de Juan Carlos Bolaños, aseguró este jueves que el Ministerio Público lo que ha venido haciendo es dividir el caso del cemento chino en pequeños expedientes y que eso genera mucha confusión.
“El Ministerio Público ha hecho mal al dividir el caso en pedazos pequeños. Hasta ahora solo se han hecho pequeñas acusaciones y en las siguientes etapas va a ser difícil que los jueces entiendan el tema”, manifestó Vargas.
Por su parte, José Miguel Villalobos Umaña, abogado de Víctor Morales, recalcó que se está insistiendo en un hecho donde no existió ninguna dádiva ni tampoco tráfico de influencias.
Aunque dijo no tener claro en qué consistió la aparente dádiva para el Ministerio Público, detalló que ellos ya mostraron documentos donde se refleja que el pago de una casa vacacional en playa Potrero fue hecho por su representado, quien sacó el dinero del cajero automático y canceló en efectivo el alquiler de esa casa en una misma fecha.
“Seguimos sorprendidos de la terquedad del Ministerio Público. Parece que en este caso no se conoce la jurisprudencia y no se sabe en qué consiste el tráfico de influencias. Las gestiones que mencionan no generaron lesividad y no fueron indebidas, están ajustadas a derecho”, destacó el litigante.
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Otra causa
El empresario y el exdiputado también fueron acusados por la Fiscalía, junto con dos exjerarcas de Hacienda, por presuntas irregularidades en el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento.
Este otro expediente es el 17–000032–621–PE e investiga la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado e influencia sobre la hacienda pública.
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Información actualizada a las 5:40 p. m. con declaraciones de los abogados.