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La Fiscalía acusó y solicitó la apertura a juicio contra el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas; el exdiputado, Víctor Morales Zapata; el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, y el exdirector general de aduanas, Benito Coghi Morales, por el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento provenientes de China.
Así lo informó la institución este jueves en un comunicado de prensa, en el que detalló que luego de la investigación desarrollada dentro del expediente 17–000032–621–PE se determinó que se cometieron los delitos de tráfico de influencias agravado e influencia sobre la hacienda pública.
“Se contó con la evidencia necesaria para acusar la presunta influencia ejercida por parte del exviceministro y del exdiputado sobre Coghi, entre julio y setiembre del 2016, para lograr el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento hidráulico embarcadas a bordo del barco Aquiles Bukle, proveniente de China.
“Además, se acusaron supuestas acciones y órdenes irregulares emitidas por parte del exdirector general de aduanas para lograr este fin, en apariencia, para el beneficio Bolaños”, detalla el documento remitido a los medios de comunicación.
A partir de la investigación, se atribuyó a Morales Zapata dos presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, a Rodríguez y Coghi dos aparentes ilícitos de influencia sobre la hacienda pública, mientras que Bolaños afronta el señalamiento por cuatro supuestos hechos ilegales, dos de tráfico de influencias agravado y dos de influencia sobre la hacienda pública.
El funcionario José Pablo Miranda Hurtado, de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República, explicó que esta causa es una de las que se deriva del caso conocido mediáticamente como cemento chino.
“A veces el término cemento chino se utiliza para referirse únicamente al crédito del Banco de Costa Rica (BCR), pero nuestra unidad ve una serie de casos y expedientes relacionados de manera paralela y de manera satélite con este fenómeno criminal que desembocó todos estos hechos que se dan entre el 2016 y el 2017.
“Este es un ejemplo claro, donde en uno de esos expedientes satélites se llega a la conclusión de que, presuntamente, tenemos la comisión de diversos actos delictivos, la evidencia nos permite llegar a esa conclusión. Es importante señalar que esto no le pone fin al resto de investigaciones contra personas involucradas”, explicó Miranda.
Sorpresa
Después de que trascendió esta decisión del ente acusador del Estado, el abogado de Juan Carlos Bolaños, Fernando Vargas Zeledón, dijo estar sorprendido, ya que es un caso que data del 2017 que, a su criterio, tardó mucho en ser investigado.
Este caso, precisó Vargas, “no es de la importación de cemento chino con el crédito del BCR, sino que es una causa paralela y diferente, que empezó a investigarse más o menos en ese tiempo y tiene que ver con el desembarque de varias toneladas que venían importadas de China”.
“Me llama la atención el porqué en este momento; sin embargo, siempre he considerado que este es un caso político (...) en el que ahora, justamente con la salida de doña Emilia Navas Aparicio por el caso Cochinilla, es que entonces de pronto desempolvan un caso pequeño, que no tiene porqué estar en investigación cuatro años y resulta que lo están acusando”, aseveró el litigante.
Para Vargas, en este asunto lo que hubo fue un problema en Aduanas para la importación de cemento que perjudicaba a su cliente, porque le decían que no había campo para atender los barcos con su carga. Alega que Bolaños fue quien planteó los reclamos correspondientes en busca de una solución, ya que incluso perdió producto por esa situación.
Destacó que esta acusación está dirigida a un accionar en el que, al parecer, incurrieron algunos funcionarios públicos de ese momento y no específicamente su cliente.
“A Juan Carlos Bolaños lo relacionan porque dicen que (la situación) lo favorecía a él, pero no le veo delito por ningún lado. Lo que don Juan Carlos Bolaños estaba haciendo ahí era, simplemente y como todo importador, exigiendo que la estructura que tenía Costa Rica tenía que atenderle los barcos que él traía. No es posible que le dijeran que no cabe, incluso, algunos barcos tuvieron que botar el cemento en el mar por la ineficacia en ese momento del sistema de Aduanas (...).
“Él no estaba pidiendo ningún favor, nadie tenía que hacerle ningún favor y él no tenía que llamar a nadie para pedir ningún tráfico de influencias porque ese cemento estaba entrando legal, no tenía ningún impedimento, estaba prácticamente vendido y él lo que estaba haciendo era diciéndole a la gente que lo desalmecenara porque ocupaba venderlo y había una obstaculización para que eso ocurriera”, aseveró Vargas.
El abogado cuestionó que, en su momento, no se debatiera por qué no se quería eliminar el duopolio cementero y cree que su representado fue utilizado como “un chivo expiatorio.
Asimismo, criticó que la acusación trascienda justo en medio de los cuestionamientos hacia el Poder Judicial y la Fiscalía, por lo que considera que también es “una forma de distraer la atención de las últimas semanas sobre la crisis que hay en el Poder Judicial y, sobre todo, la crisis extrema que hay en el Ministerio Público”, puntualizó.
Procuraduría se apersona como actor civil
Este caso fue investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), ya que algunos de los acusados eran funcionarios públicos al momento en que ocurrieron los hechos.
Asimismo, la acusación fue informada a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual decidió apersonarse al proceso como actor civil, con lo que pretenderá buscar un resarcimiento al Estado por los daños y perjuicios ocasionados por los delitos.
“La Fapta validó la acusación y presentará esta y también la acción civil de la PGR ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, con solicitud de apertura de juicio. Ese órgano debe fijar fecha para celebrar una audiencia preliminar, en la que se definirá si se ordena o no un debate oral y público”, explicó el Ministerio Público.
Otra causa acusada
Esta no es la primera causa, en la que figura como investigado Juan Carlos Bolaños, en la que se presenta una acusación.
En febrero del 2020, el Ministerio Público acusó a Juan Carlos Bolaños Rojas por tres delitos de influencia contra la hacienda pública por un préstamo que recibió del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y que está incluido en el caso del cemento chino.
Por estos mismos hechos, también están señaladas ocho personas más a las que se les atribuyen, según sea el caso, los delitos de influencia contra la hacienda pública y falsedad ideológica. Entre los implicados figura una mujer de apellidos Suárez Aguiar, esposa de Bolaños.
Los otros imputados son de apellidos Cortés Zúñiga, Rojas Segura, Thompson Camacho, Gómez Barrantes, Delgado Negrini, Bogantes Brenes y Arias Silesky.
Información actualizada a las 4:59 p. m. con más datos.
