El Ministerio Público acusó a Juan Carlos Bolaños Rojas por tres delitos de influencia contra la hacienda pública por un préstamo que recibió del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y que está incluido en el caso del cemento chino.
Por estos mismos hechos, también están señaladas ocho personas más a las que se les atribuyen, según sea el caso, los delitos de influencia contra la hacienda pública y falsedad ideológica. Entre los implicados figura una mujer de apellidos Suárez Aguiar, esposa de Bolaños.
Los otros imputados son de apellidos Cortés Zúñiga, Rojas Segura, Thompson Camacho, Gómez Barrantes, Delgado Negrini, Bogantes Brenes y Arias Silesky.
Esta investigación la abrió de oficio el Ministerio Público en octubre del 2017, para determinar si el Banco Popular fue estafado con la línea de crédito que le dio a la compañía Sinocem Costa Rica, que forma parte del Grupo JCB, cuyo presidente es el empresario Juan Carlos Bolaños.
El caso investigó un préstamo revolutivo por $5 millones, otorgado por el Banco Popular en el 2015 para importar cemento chino. El asunto se tramitó en el expediente 17-000013-033-PE.
Según el artículo 57 de la ley de enriquecimiento ilícito, “serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.
En tanto, el delito de falsedad ideológica es reprimido con prisión de uno a seis años al que “insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas”, según los establecen los artículos 366 y 367 del Código Penal.
Antecedente
Este asunto comenzó a ser investigado después de que el 29 de setiembre del 2017, La Nación reveló que el Grupo JCB le reportó al Banco Popular y al Banco de Costa Rica (BCR) las mismas importaciones de cemento a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero, provenientes de líneas de crédito.
Por separado, esas dos entidades le giraron a compañías de Bolaños $13,8 millones para traer este producto desde China, entre finales del 2015 y principios del 2016.
El Popular le depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, mientras que el BCR le giró $9,4 millones a la compañía Sinocem Costa Rica.
En marzo del 2018, la Fiscalía dirigió un operativo en el cual se detuvo a dos gerentes de Sinocem de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga.
Asimismo, se arrestó a cuatro empleados del Popular apellidados Bogantes Brenes, analista de crédito; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos; Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, y Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial y quien formaba parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno.
Luego en noviembre del mismo año fueron arrestados un perito de apellidos Arias Silesky y un analista de crédito apellidado Thompson Camacho. La pesquisa empezó por el delito de peculado.
Conclusiones fiscales
La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, al anunciar este viernes la conclusión de este caso que forma parte del paquete de asuntos del llamado cemento chino, dijo que la pieza acusatoria fue comunicada a la Procuraduría General de la República y al Banco Popular para que determinen si se convierten en querellantes. Eso significa que pueden presentar una acción civil resarcitoria para reclamar los daños y perjuicios.
Esos entes tendrán un plazo de 13 días hábiles para presentar las acciones. Luego la acusación será entregada al Juzgado Penal de Hacienda para que la haga de conocimiento de los imputados y fije una fecha para la audiencia preliminar.
La fiscala, al explicar el resultado de la pesquisa, dijo: "Los imputados habrían dirigido acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB para importar y comercializar cemento chino.
“En apariencia los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago”.
Luego añadió: “La investigación señala que, presuntamente, los funcionarios públicos Bogantes y Gómez, en conjunto con Bolaños, habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de la República Popular de China, mientras se tramitaba el análisis y aprobación del crédito bancario (...) las indagaciones arrojan que, con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular, no se importó cemento”.
Por su parte, el fiscal adjunto anticorrupción, Carlos Mélendez Sequeira, explicó que aunque este asunto se empezó a investigar por el delito de peculado, luego se varió la calificación jurídica a influencia en contra de la hacienda pública.
“En ese delito se requiere la actuación de funcionarios públicos y de personas privadas (...) para lograr un resultado lesivo (...) la acción típica de los hechos se adecuan al delito (...) los hechos y la prueba que se tienen son suficientes para que el Ministerio Público tenga por acreditado la probabilidad de que estamos en presencia de ese delito”, agregó Meléndez.
El abogado Fernando Vargas, defensor de Juan Carlos Bolaños, consultado sobre la acusación dijo que en este caso la Fiscalía tuvo un viraje importante al cambiar la calificación del delito.
“Lo que me llama la atención es que después de tres años de investigación se dieron cuenta de que efectivamente no se había distraído ni sustraído dinero (como lo penaliza el delito de peculado), sino lo que había simplemente era una transacción normal donde se ejecutan propiedades (...) ahora al darse cuenta de que no podían acusar simplemente vieron un delito que amarra todo (influencia en contra de la hacienda pública) para penalizar”.
En tanto, el Banco Popular en un comunicado de prensa, anunció que a raíz de este asunto: “hemos adoptado las medidas administrativas necesarias para garantizar la legalidad y moralidad de nuestras actuaciones, en estricto respeto al ordenamiento jurídico aplicable. Es importante hacer notar de hecho que dos de las personas mencionadas (como acusados) por el Ministerio Público ya no laboran para el Banco Popular”, pero no indicó cuáles.