En 30 años de carrera, al director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, le ha tocado estudiar, y notar antes que los demás, la acelerada evolución de los grupos criminales en el país.
Ahora son organizaciones más complejas, estructuradas como empresas, y más violentas y crueles al atacar a bandas rivales. Producto de esto, Costa Rica enfrenta sus peores cifras de homicidios en la historia.
Hasta este viernes, el país registraba 671 asesinatos, 212 más con respecto al mismo periodo del año anterior y el riesgo es que diciembre cierre con más de 930 crímenes.
Zúñiga aseguró que este escenario lo habían previsto desde hace cuatro años, y aún así las autoridades no tomaron las medidas necesarias para evitarlo. Incluso, a inicios de este año se hizo la misma advertencia, cuando él aún era director interino, cargo que ocupó en noviembre del 2022 tras la muerte de Walter Espinoza.
Al igual que en su primera conferencia de prensa como director general en propiedad, el 28 de agosto, Zúñiga enfatizó en que las medidas fiscales que se han tomado han afectado gravemente el funcionamiento del OIJ y su persecución del crimen, justo en un momento crítico en la seguridad del país.
También profundizó en los problemas que aquejan a la institución: poco presupuesto, pobre capacidad para retener personal, necesidades tecnológicas para investigar que no se han satisfecho y leyes que dificultan la lucha contra el crimen organizado y los delitos sexuales.
Sobre estos y otros temas, Zúñiga conversó extendidamente con La Nación en una entrevista el pasado 26 de setiembre.
– ¿Cuál es el fenómeno criminal que ustedes identifican como el mayor problema en este momento a combatir en el país?
– Homicidios en primera instancia, por supuesto, el tema del gota a gota y el gran incremento que ha habido últimamente en el tema de fraudes informáticos, que afectan a las personas que tienen cuentas en los diferentes bancos del país.
– ¿En todos sus años de trayectoria cuanto ha visto usted evolucionar el crimen organizado? ¿no estábamos preparados para esto?
– En realidad, nosotros esto ya lo hemos previsualizado. Si ustedes buscan el reporte de situación del 2019, ahí lo decíamos. Nosotros hablamos de cómo habíamos pasado de estructuras pequeñas territoriales a microcárteles criollos, que le hemos llamado. Los grupos criminales ya se estaban conformando como una empresa, tenían sus divisiones, tenían su personal a sueldo, con una parte de logística que se encarga de obtener armas, obtener lo que ocupen para cometer la criminalidad.
“Ya esto era algo previsto que podía suceder y sin embargo, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todo lo que se dijo, pues siguió y en esto hay que ser muy claros y sinceros. Yo me acuerdo que don Walter Espinoza (qdDg) dijo alguna vez que si esto continúa así se iba a armar una ‘matancinga’ en Puntarenas. Le sacaron memes, pero nadie visualizó que lo que estaba diciendo era cierto.
“Uno a veces se siente como Casandra en la mitología griega. Casandra era la pitonisa que adivinaba el futuro, pero nadie le hacía caso. Nosotros, desde principios del año, desde febrero de este año, dijimos que este año va a terminar entre 800 y 850 homicidios, como que no caló el asunto.
“Es una situación que nos ha llevado a este punto de inflexión en el cual ustedes ven homicidios que le cortan la cabeza a una persona, le sacan los ojos estando vivo, le sacan la lengua, le cortan las orejas, le cortan los dedos, le cortan el pene también a la persona estando vivo.
“Aparte de esto, se suma dentro de este contexto de criminalidad, una decisión estatal bastante apoyada en su momento y bastante cuestionada ahorita y bastante regresiva, que es la Ley de Finanzas Públicas. La Ley de Finanzas Públicas viene a generar una serie de amarras y de trabas tremendas y barreras a todo el mundo”.
– ¿Ustedes hacen un informe y han anunciado todo lo que vivimos ahora hacia dónde va el país con el tema de homicidios o qué se pronostica?
– Aquí siempre ha existido permanencia de grupos criminales extranjeros, pero este nivel de alevosía con que se trata a la gente de maldad, de crueldad, esto aquí no lo hemos visto, lo que ven ahí... que le ponen una cabeza en la calle a una persona para mandar un mensaje.
– ¿Necesitan más investigadores para desarticulación de grupos?
– En realidad, aquí a nivel de OIJ había un estudio que hizo Planificación, que nos enseñó en su momento que para hoy hay un faltante de 940 plazas más o menos. Nosotros ni siquiera estamos pidiendo eso, estamos pidiendo dos tercios de esa cifra.
– Ustedes capturan a los criminales, los mandan a la cárcel y luego salen. ¿Cómo ha sido para ustedes ese tema?
– Hay un tema aquí de las cárceles que a veces es nocivo, y es el hecho de que se ejemplifique la labor que hace algún órgano en particular. Les voy a hablar de las prisiones preventivas. Analizando la problemática, se parte del artículo 244 del Código Procesal Penal (el cual indica que, siempre que las presunciones que motivan la prisión preventiva puedan ser evitadas razonablemente, deben buscarse medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario o la prohibición de salida del país, entre otros).
(...) “Yo entiendo el clamor popular (de imponer prisión a los sospechosos), la gente tiene ira, una frustración bastante importante. Pero nosotros como policía somos técnicos, somos científicos. No podemos caer en ese engaño. Y a veces hay algún tipo de manipulación en redes para que se vayan por ese lado contra la judicatura. Pero este artículo le obliga al juez de oficio a ver qué otras opciones hay. Lo encierra, lo encuadra y no tiene otra forma. E inclusive aquí, vea qué ilógico, se trata de una situación de estas en el cual hay una agresión sexual en la casa y lo primero es que se vaya de la casa. No pareciera ser lo correcto. De igual forma, hay otro artículo en el Código Penal, que lo que hace es que cuando la persona cumpla el tercio de la pena y se ha portado bien, es gente que manipula el sistema, entonces yo hago eso, me voy, estudio, trabajo, me porto bien” (y salgo de la cárcel).
– Usted ha hablado de proyectos de ley apoyados por el OIJ. ¿Cómo ve esos proyectos? ¿Qué posibilidades les ve de ser aprobados?
–Es lento el proceso. El primer proyecto que se ocupaba urgentemente era pasar la Unidad de Capacitación del OIJ, que está ubicada extrañamente en la Escuela Judicial, para que pase al OIJ, para que nosotros podamos definir las mallas curriculares.
“Ese proyecto lleva ya en la Asamblea Legislativa dos, tres años, ahí está y nosotros ya nos hemos reunido con diputados para ver una cantidad tremenda de proyectos. Por ejemplo, poder levantar un cuerpo sin la necesidad de que exista un juez. Aquí en la autopista General Cañas hay un accidente y se paró todo el país.
“¿Qué otras leyes? Que podamos tener acceso, por ejemplo, a la información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a lo que son los registros de operaciones financieras que se manejan. La ley establece que la UIF podrá comunicar a la Fiscalía, si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Entonces es un cambio en la palabra, de ‘podrá' a ‘deberá'.
“Yo mencionaba la posibilidad de hacer un proyecto de ley para Yuliana (Ureña, violada y asesinada en San Carlos). (El mismo promovería el uso del programa CODIS, un Sistema de Índice Combinado de ADN, utilizado por cientos de policías del mundo y que alberga el perfil genético de todas las personas muestreadas. Así, un agresor sexual, que ya ha sido muestreado en el pasado, es fácilmente identificable cuando cometa otro delito semejante). Pero a mí lo que me preocupa es que nos desgastamos dos, tres años en una discusión teórica acerca de si esto es una revictimización de las personas imputadas, acerca si estamos lesionando los derechos o no de estas personas.
“Eso es lo que me preocupa, porque entonces se malogran dos, tres años de esfuerzo y van a venir muchas más mujeres que van a ser violadas o que van a ser asesinadas cuando con una sola acción nosotros podremos evitar que sean más mujeres afectadas”.
– ¿Qué ejercicio se está haciendo en la selección o en la evaluación de idoneidad de la gente que está a cargo de grandes investigaciones para evitar la penetración de grupos criminales?
– Nosotros tenemos un esquema bastante riguroso, bastante fuerte de reclutamiento y selección. Ahí no es el problema, el problema es cuando ya la persona ingresa al OIJ y tiene algunos años de estar aquí. En reclutamiento y selección, para darte una idea, solo cinco de cada 100 personas que aplican ingresan al OIJ, porque tenemos controles muy estrictos durante todo el proceso.
“Tenemos una batería de exámenes para poder determinar la inteligencia de la persona. Después tenemos entrevistas psicológicas, posteriormente a eso tenemos otra batería de revisión, por ejemplo, antecedentes de la persona, de los familiares más cercanos, etcétera. En esa parte está bastante blindado el proceso, que se pueda escapar alguno, siempre hay posibilidades. Hay gente que es muy hábil en engañar el sistema.
“El problema es cuando alguien ya ingresa a los cuerpos policiales y se dan situaciones como que una persona se pueda ver sin ingresos o sin aumento salarial en un plazo. Evidentemente son muy poquitos los que toman la decisión, pero algunas personas toman la ruta equivocada y se pasan al otro lado”.
– Se habla desde hace varios años del Diablo. ¿Es ese el objetivo a perseguir dentro de las estructuras del narcotráfico y crimen organizado más importante del país? ¿O existen otras organizaciones tanto o más poderosas?
– Existen varios. En (la ciudad de) Limón hay cuatro grandes organizaciones. En Guápiles, evidentemente es la de este sujeto. Parte de la problemática que hemos tenido ahorita con los homicidios es la expansión de ciertos grupos criminales, porque buscan obtener la plaza o el territorio que anteriormente tenía un grupo local.
“Esa expansión que se genera entre grupos criminales ha generado esta situación. Puntarenas está recibiendo la afectación de influencia de grupos de Limón”.
– ¿Cómo está la situación en la GAM?
– En la GAM no han podido entrar. Lo más que han llegado es a los límites de la GAM, que es San Ramón y Turrialba. En el momento en que esos grupos decidan pasarse a la GAM, tal vez de pronto haya una reacción social, porque ahora sí va a ser más cercano a ciertos grupos de interés esta situación. Pero ahorita como esa realidad está bien alejada, no lo están sintiendo tan cerca.
“Aquí hay grupos muy fuertes San José Heredia, Alajuela. Al final donde hay más concentración de gente es donde hay más mercado, donde hay más posibilidades de generar negocio. Aquí hay una gran cantidad de consumidores en las playas o en las costas, donde hay la posibilidad de venderlo a precios muy altos o muy por encima del promedio nacional”.
– ¿En el Valle Central se está dando esa concentración de grandes grupos? ¿Cuántos identifica?
– Por lo menos unos 15 grandes, que tienen sus zonas bien mapeadas. Pero a veces cuando le matan a un grupo criminal a un pariente cercano, entonces eso genera toda una represalia, una retaliación para desquitarse. Entonces se genera una vorágine y al final aumentan los homicidios.