Los defensores públicos atenderán por teléfono a las personas que sean detenidas por irrespetar la orden de aislamiento, impuesta cuando haya sospechas de que padecen covid-19.

Así se desprende de la circular 05-2020 de la Defensa Pública, la cual fue emitida el 27 de marzo pasado. Ese mismo día, la Fiscalía investigaba a 13 personas por incumplir diferentes órdenes sanitarias, pero solo una de esas era por irrespetar la cuarentena impuesta.

Según ese documento, firmado por Diana Montero y Erick Núñez, jefa y subjefe de esa entidad respectivamente, la atención de esas indagatorias será muy diferente a lo que se tiene acostumbrado.

Para empezar, cuando el defensor sea llamado para atender la indagatoria de un usuario, este se trasladará hasta la Fiscalía correspondiente para tener acceso al expediente.

Después, entablará comunicación con el imputado, “sea que lo llame desde el teléfono del despacho o bien, si lo prefiere el defensor, desde su propio teléfono si a bien lo tiene”.

“La comunicación inicial que se tendrá con la persona usuaria será vía telefónica y, mediante este medio, conversará de manera privada la Defensa Técnica (abogado) con la Defensa Material (imputado) y pondrá en conocimiento los hechos atribuidos, atenderá sus dudas y consultas, evitando con ello el contacto directo con dicha persona”, apunta la circular.

En palabras de Diana Montero, además, en esta comunicación privada, el defensor coordina la estrategia de defensa con el investigado.

Una vez que se termina esa conversación, el defensor usará los medios informáticos que tenga a disposición para tomar los datos y la declaración al imputado.

En cuanto a la actuación de los defensores públicos en las audiencias de solicitud de medidas cautelares, la directriz apunta: “Se deberá solicitar la realización mediante el uso de medios informáticos o telemáticos que estén al alcance de la Administración”.

Todas las medidas anteriores, indicaron ambos jerarcas ante una consulta de La Nación, son como resultado de un “análisis de proporcionalidad y razonabilidad entre el derecho de defensa y acceso a la justicia de la persona usuaria y el derecho a la salud y vida de la persona funcionaria que le brinda el servicio y de la población en general”.

Tanto Montero como Núñez agregaron que, pese a que no existirá contacto físico, ellos garantizan que el defensor realizará su labor usual “de manera comprometida y responsable”.

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Detalle

La circular de la Defensa Pública se dio a conocer luego de la captura de un hombre, de apellido Marenco Miranda, realizada dos semanas atrás.

A él lo detuvieron cuando intentó salir del país por el aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, pese a que estaba en cuarentena obligatoria.

El delito que le achaca la Fiscalía Adjunta de Liberia es el de desobediencia y se investiga bajo el expediente 20-000666-3995-PE.

Según comunicó el Ministerio Público, el Juzgado Penal de la zona acogió la solicitud hecha y le impuso las siguientes medidas cautelares: mantener domicilio fijo y confinamiento por cuarentena e impedimento de salida del país.

La desobediencia se sanciona con penas de seis meses a tres años de prisión, según lo establece el Código Penal.

Fiscales también deben tomar precauciones

Ante una consulta de este medio al Ministerio Público, se detalló que la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, instó a las jefaturas que implementen todas las herramientas tecnológicas posibles para la atención de estos casos.

Navas, en un correo que respondía una consulta hecha por un subalterno suyo y el cual fue enviado a este medio por la oficina de prensa, precisó:

“Cada fiscal adjunto y fiscala adjunta debe investigar, determinar y aprovechar las posibilidades tecnológicas que haya en el territorio de su jurisdicción, de la mano con las instituciones involucradas en este tipo de diligencia (indagatorias), para decidir cómo llevarlas a cabo de la manera más segura, en vista de que las mismas no pueden dejar de hacerse por ninguna razón”.

La fiscala general indicó que hay funcionarios que están en conversaciones con las administraciones de los tribunales, “para que se faciliten espacios más amplios para hacer las indagatorias y guardar más allá de las distancias mínimas”.

Además, instó a sus subalternos a valorar distintas opciones, tales como realizar videoconferencias desde Cruz Roja o Fuerza Pública.