Desde comienzos de abril y con motivo de la pandemia por covid-19, varios jueces de Ejecución de la Pena le ordenaron al Ministerio de Justicia y Paz reubicar a los reos que tuvieran enfermedades crónicas, porque son más vulnerables a la enfermedad y para evitar un contagio masivo.
Sin embargo, fue hasta el 21 de abril que el Instituto Nacional de Criminología (INC), encargado de dar los beneficios carcelarios, emitió la circular 4-2020, en la cual se establecían los lineamientos a seguir para hacer estas valoraciones extraordinarias: se haría un chequeo clínico cruzado con una evaluación del perfil criminal.
16 días después, la Defensa Pública criticó que Justicia solo ha autorizado la salida de 22 presos, pese a la urgencia que existe por reubicar a la mayor cantidad posible de reclusos con enfermedades crónicas y pese a que el INC sesiona, de forma extraordinaria, todos los días, para analizar los casos que les remiten desde las direcciones de los centros penales.
La información la facilitó Laura Arias Guillén, coordinadora de la Defensa Pública de Ejecución de la Pena, en medio de una audiencia virtual y pública que realizó este jueves la Sala Constitucional, para mejor resolver un recurso de amparo interpuesto por un reo que alega no haber sido aún considerado para el beneficio, pese a cumplir con los requisitos.
Arias Guillén es la abogada del recurrente.
La defensora indicó que esa baja cifra de reubicaciones significa que “no hay respuesta oportuna” por parte de las autoridades penitenciarias, sobre todo cuando en el sistema penitenciario hay cerca de 16.300 privados de libertad.
“Esa cantidad de reubicaciones refleja que, a pesar de la buena voluntad, de las circulares y de los protocolos, no se surte el efecto esperado”, lamentó la defensora.
Se intentó conocer un criterio del Ministerio de Justicia, en el sentido de si consideran que ese es un buen número de reubicaciones o si, por el contrario, han tenido algún problema con las valoraciones extraordinarias.
Al cierre de esta nota, la oficina de prensa de esa cartera se limitó a responder que este viernes darían más detalles sobre este proceso.
¿Cuántos podrían verse beneficiados?
Pese a reiteradas solicitudes de este medio, Justicia no ha divulgado la cantidad de reos que son considerados para estas valoraciones extraordinarias por tener factores de riesgo.
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En una nueva consulta hecha este jueves, la oficina de prensa indicó que, como los juzgados ampliaron a inicios de abril la lista de enfermedades, “los equipos de salud han tenido que emprender una revisión de expedientes”.
“Conforme los casos lleguen al INC, serán dados a conocer sin entrar en el detalle particular de la condición médica de las personas”, recalcó Justicia en un correo.
Para tener una noción de la problemática, en la circular del INC se pide valorar la situación de los reclusos mayores a 65 años. Y solo en la cárcel de Adulto Mayor, en Alajuela, había 137 presos al 6 de enero pasado.
Además, según información que había facilitado días atrás el juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, en la cárcel Vilma Curling hay cerca de 50 mujeres con alto riesgo.
“Ellas presentan condiciones de salud o personales que ameritan el egreso provisional, pero es urgente la atención de esas listas de personas privadas de libertad de alto riesgo”, apuntó.