"Es necesario, importante y urgente asegurar de forma inmediata todos los procesos necesarios de desinstitucionalización transitoria o provisional, por riesgo a la vida, de toda la población penal sentenciada cuyas condiciones de salud signifiquen un alto riesgo a su vida considerando la pandemia.
“Pero también considerando las limitaciones de la infraestructura carcelaria, las limitaciones de ventilación adecuada, la dinámica y la convivencia carcelaria, la ocupación y sobrepoblación penitenciaria, donde la propagación del virus covid-19 generaría sin duda un contagio masivo catastrófico para toda la población penal y (sería) en cuestión de pocas horas”.
De esa manera, los jueces de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo e Irene Barrantes, fueron claros al ordenar que los reos que tienen enfermedades crónicas fueran sacados de las cárceles y reubicados a regímenes abiertos, como el semiinstitucional y el Programa Comunidad, ambos del Ministerio de Justicia.
A esta solicitud también se unieron despachos judiciales de Alajuela y de Cartago, quienes concuerdan en que aún se está a tiempo de tomar esta medida, puesto que no existe un caso confirmado de covid-19 dentro del sistema penitenciario.
En la medida correctiva de San José, emitida la tarde del 3 de abril, ambos juzgadores, al referirse a personas en riesgo, citan a todas aquellas que tienen “complicaciones severas” por hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, pacientes con VIH, cáncer, esclerosis múltiple, bronquitis crónica, asma, enfisema pulmonar y enfermedades obstructivas del pulmón.
Para ellos, es imposible combatir el coronavirus en “espacios hacinados en los cuales no se puede garantizar la higiene óptima ni la distancia entre cada persona”. Actualmente, el sistema penitenciario tiene casi 17.000 personas y una sobrepoblación que ronda el 30%.
Eso los llevó a ordenarle al Instituto Nacional de Criminología (INC), ente encargado de otorgar los beneficios carcelarios, realizar valoraciones extraordinarias que permitan la salida de las personas en riesgo.
“En estos casos deberá priorizarse el criterio médico sobre el criterio técnico profesional”, apuntaron Murillo y Barrantes.
El Juzgado de Ejecución de la Pena de San José vela por los derechos de los reclusos que tienen una sentencia en firme y que están en la cárcel Vilma Curling, San Sebastián y San Agustín (Heredia).
Por su parte, las personas indiciadas (acusadas de algún delito) están bajo las órdenes del juzgado, por lo que Justicia no puede ubicarlos en otra modalidad.
Ante estos casos, tanto Murillo como Barrantes indicaron que “es importante” la ubicación en un espacio sin hacinamiento y en condiciones de higiene, que “garanticen la salud y vida a la población”.
Así las cosas, los juzgadores pidieron incorporar todo lo anterior a la circular N° 002-2020 del INC, emitida desde el 11 de marzo pasado y en donde hablaban de dar prioridad solamente a las valoraciones en caso de mujeres embarazadas, o con hijos menores y adultos mayores.
Para dicha ampliación y cumplimiento del oficio, brindaron diez días hábiles para el cumplimiento de esta medida.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Paz se limitó a responder: “En efecto, la comunicación llegó al Ministerio el viernes al final de la tarde. El asunto está en valoración. En cuanto exista definición, se comunicará”.
Además, desde el viernes 3 de abril se le solicitó a la oficina de prensa de esa cartera la cantidad de reos con factores de riesgo ante el covid-19, luego de que ellos mismos anunciaran que iban a levantar una lista al respecto.
Sin embargo, al cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.
Más juzgados se suman para garantizar salud en reos
El Juzgado de Ejecución de la Pena de San José no fue el único en pronunciarse al respecto. Los despachos de Alajuela y Cartago también hicieron lo propio el 2 y 3 de abril, respectivamente.
En el primer caso, el juez Mario Rodríguez indicó que, pese a los esfuerzos institucionales de Justicia, estos “no ofrecen” una respuesta integral a los reclusos en estado de alto riesgo.
Por eso, también solicitó al INC realizar valoraciones extraordinarias en personas vulnerables ante esta enfermedad y resolver con prioridad las recomendaciones que hacen los profesionales para un cambio de nivel de algún preso.
También indicó al Instituto que debe remitir los casos que ameriten un pronunciamiento célere de ese Juzgado de Ejecución de la Pena, no sin antes recordar que se debe tomar en consideración que el trámite jurisdiccional será “más lento” que el administrativo.
El juez Rodríguez otorgó al INC diez días hábiles para el cumplimiento de esta medida correctiva.
Este despacho alajuelense resuelve temas del complejo penitenciario La Reforma, incluyendo el Centro de Atención Específica (Máxima Seguridad), y de la cárcel Nelson Mandela, en San Carlos.
Mientras que el juez de Ejecución de la Pena de Cartago, Jorge Umaña, ordenó las mismas medidas correctivas a favor de la población penal que está en la cárcel Antonio Bastida de Paz y la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi, ambas en Pérez Zeledón.
Pidió a los directores de esos dos centros penales indicar cuáles medidas sanitarias específicas se han adoptado, indicar si se ha levantado alguna lista de personas con riesgos o vulnerabilidad, especificar cómo se están agendando las valoraciones extraordinarias.
También solicitó una lista de valoraciones extraordinarias que se hayan hecho hasta el momento, un informe en el que se explique cuál es la política en relación con los adultos mayores y con las personas que están en módulos de sentenciados con hacinamiento crítico.
Umaña dio diez días hábiles para brindar dicha información.
Medidas acordes a emergencia nacional
El Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes, aplaudió la decisión de los jueces, al resaltar que es una medida extraordinaria porque el país está bajo un estado de emergencia de salud.
Para tranquilidad del resto de la población, Róger Víquez, director de ese Mecanismo, recordó que dichas reubicaciones tampoco serán antojadizas: “Se realizan y responden a un estudio técnico -profesional de los funcionarios técnicos profesionales de cada centro, de tal manera que no son antojadizas y es al INC a quien le corresponde aceptar o no las recomendaciones de ubicación”.
Indicó que, en estas dos últimas semanas, el MNPT realizó “inspecciones a distancia”, mediante entrevistas telefónicas con distintos funcionarios, quienes contaron que los Consejos Profesionales de las prisiones estaba sesionando y emitiendo recomendaciones de egreso al INC.
Por ello, Víquez también reconoció las medidas tomadas por Justicia para evitar el contagio de la población penal, pero recalcó en que “es importante continuar con dicho control”.
Se le consultó a la Defensa Pública, pero no se consiguió obtener su criterio.