Reos con enfermedades severas, que los hagan más vulnerables ante el nuevo coronavirus, podrían salir en los próximos días de la cárcel, para continuar con su sentencia en el régimen seministitucional.
El Ministerio de Justicia, en acatamiento a las órdenes giradas por los juzgados de Ejecución de la Pena de la zona Atlántica, Cartago, Alajuela y San José, entre otros, dispuso que se realicen valoraciones extraordinarias de todos los reos que tengan factores de riesgo ante la covid-19, que ya afectó a 669 personas en el país, entre ellas un policía penitenciario.
El anuncio lo hicieron este martes la ministra del ramo, Fiorella Salazar y su homólogo en Seguridad, Michael Soto, durante una conferencia virtual.
El objetivo de esta medida es reducir las posibilidades de un contagio masivo en las 21 cárceles del país, que congregan a 16.353 reclusos, con un hacinamiento del 31%, según datos oficiales al 6 de enero anterior.
Justicia reacciona 18 días después de que el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José dispusiera que “es necesario, importante y urgente asegurar de forma inmediata todos los procesos necesarios de desinstitucionalización transitoria o provisional, por riesgo a la vida, de toda la población penal sentenciada cuyas condiciones de salud signifiquen un alto riesgo a su vida considerando la pandemia”.
Lo hace, dos días después de que un policía penitenciario de la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, en San Rafael de Alajuela, diera positivo por covid-19 y esto obligara a enviar a cuarentena a todas las personas que tuvieron contacto con él.
LEA MÁS: Policía penitenciario con covid-19 custodió a reos que acudieron al hospital de Alajuela
Los privados de libertad que serán evaluados serán todos aquellos que tienen “complicaciones severas”
insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, pacientes inmunosuprimidos (como aquellos con VIH), enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial con crisis frecuentes, pacientes oncológicos, hipertensión, diabetes y obesidad mórbida.
También se considerarán los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o con niños en módulos materno-infantil.
En sus casos, no solo se hará una evaluación clínica, sino que se cruzará con el perfil criminal, pues reclusos de alta peligrosidad permanecerán en las cárceles.
La alternativa es que, aquellos que registren un expediente clínico complicado, pero cumplan con algunas de estas variables: buen comportamiento, no representen riesgo para la sociedad, estén prontos a cumplir la pena, tengan una pena corta y no tengan una sentencia pendiente puedan salir al régimen semiinstitucional.
Es decir, podrán irse a sus casas, siempre y cuando obedezcan sus requisitos específicos. Por ejemplo, firmar cada cierto tiempo en el juzgado correspondiente, contar con un núcleo familiar que los respalde y tener una alternativa de empleo o de educación, entre otras opciones.
La medida se habilitaría para los próximos tres meses, con posibilidad de ampliación según evolucione la pandemia en el país y según el comportamiento del beneficiario.
“Como ministerio nos asiste la obligación de atender la orden del juzgado, por lo que estas valoraciones extraordinarias se llevarán a cabo a través de un proceso técnico fundamentado no solo en los criterios médicos, sino también tomando en cuenta una serie de factores que analizan el proceso de atención de la persona privada de libertad desde el momento en que ingresó al sistema.
" De manera que sea posible determinar que el movimiento a un régimen semiinstitucional no represente un riesgo para la propia persona, para potenciales o reales víctimas ni para la sociedad. Se trata de una medida que, si bien tendrá origen en lo médico, analizará también los factores criminales”, declaró Salazar.
Alcances
Justicia no tiene todavía una estimación de cuántos internos serán sometidos a la evaluación cruzada, cuántos podrían calificar para el régimen semiinstituicional y cuánto demorarán en este proceso. Hasta este martes, ningún reo ha sido movilizado.
El Instituto Nacional de Criminología (INC), ente encargado de otorgar los beneficios carcelarios, es el responsable de las valoraciones extraordinarias que permitan la salida de las personas en riesgo.
Dicha entidad sesiona de manera ordinaria 2 veces por semana, lunes y miércoles; sin embargo, desde principios de marzo sesiona de manera extraordinaria, todos los días, para analizar todos los casos que recomiendan los centros de atención y las unidades de atención integral.
Esto coincide con las circulares del 10 y 11 de marzo, en las que se ordenaron cambios en la operación del INC para atender la emergencia por covid-19. En la segunda ya se empieza a hablar sobre valorar la reubicación de privados de libertad, pero estaba delimitada a adultos mayores y mujeres embarazadas o con hijos menores.
Se desconoce cuántas personas atenderán esta situación extraordinaria, a partir de este miércoles.
Preocupación en Seguridad
Concluidos los anuncios de la jerarca de Justicia, el ministro de Seguridad, Michael Soto, sí indicó que “no puede ocultar su preocupación” y “no está feliz” por la salida obligada de algunos privados de libertad.
No obstante, reconoce que aquel despacho responde a órdenes giradas por jueces de Ejecución de la Pena que deben ser acatadas.
Al respecto, pidió que las valoraciones del INC fueran muy rigurosas para no afectar los índices de criminalidad que se registran en el país, pues algunos han disminuido, entre otras razones, por el trabajo de los cuerpos policiales.
Colaboró la periodista Katherine Chaves.