La Corte Plena se pronunció en contra de un proyecto legislativo que promueve que todos los nuevos funcionarios públicos coticen para el régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La decisión, apoyada por 11 magistrados, se adoptó porque consideraron que dicha iniciativa afecta el funcionamiento del Poder Judicial, pues significaría el cierre de su propio régimen de jubilaciones, que en este momento aglutina a cerca de 13.000 empleados judiciales.
La discordia esta en que el proyecto denominado Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica, que está en el expediente Nº 20.927, establece que a partir de su vigencia, las personas que ingresen a trabajar al Estado, sin importar el Poder, deberán cotizar para la CCSS.
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Ahora, con el acuerdo de la Corte, la iniciativa legislativa que está en estudio en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, requerirá el respaldo de 38 diputados para que sean aprobada.
Pablo Heriberto Abarca, diputado de la Unidad Social Cristiana y presidente de dicho foro, aseguró que la Asamblea no tendrá problema en conseguir el apoyo requerido.
“No me extraña nada que la aristocracia, como bien lo dice el magistrado, se oponga al proyecto”, dijo Abarca.
“Para decirlo con todas las palabras: a mí no me asusta que se ocupen 38 votos. Yo creo que los diputados estamos con la total capacidad técnica y disponibilidad política para tomar esas decisiones en este momento. Y no es persiguiendo al Poder Judicial, es en general sobre el sistema de pensiones que estamos hablando”, añadió el diputado.
Los magistrados Román Solís Zelaya, de la Sala Primera, y Jaime Robleto, de la Sala Tercera, no apoyaron la posición de la mayoría de compañeros pues consideraron que el mencionado proyecto no afecta el funcionamiento del Poder Judicial. En tanto, Luis Fernando Salazar, Marta Esquivel y Alejandro Delgado, todos de la Sala Cuarta, se abstuvieron de votar pues eventualmente tendrán que analizar la constitucionalidad del plan.
Argumentos del rechazo
La magistrada de la Sala Segunda, Marcela Allón Zúñiga, encargada de analizar el proyecto, considera que “se afectan las competencias de la junta administrativa del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial, en tanto a partir de la entrada en vigencia de la propuesta, quienes ingresen a laborar a la institución deberán cotizar para el régimen de pensiones administrado por la CCSS y no para el fondo que administra la junta. De esta forma, se impacta las competencias de la junta administrativa (...), la inversión de sus recursos y la recaudación de las cotizaciones”.
Asimismo, mencionó que en abril pasado, cuando entraron a regir varias reformas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial contenidos en la ley No 9544, se dispuso la creación de fondo solidario con las pensiones más altas que tendría como destino el mismo fondo del Poder Judicial.
"En el nuevo proyecto se cambia el destino a esas contribuciones, pero no indica el (nuevo) destino con lo cual se afectan competencias asignadas ya por ley (...) Debe señalarse, además, que con este proyecto de ley se plantea la desaparición a futuro, del Fondo de Pensiones del Poder Judicial ", insistió la magistrada.
Abarca dijo que es posible tomar en consideración algunas de las observaciones que hacen los magistrados, debido a que el proyecto de ley se encuentra en una etapa en la que se le pueden hacer modificaciones.
“No necesariamente se van a unificar los regímenes, podría quedar por separado pero sí se limitaría el aporte patronal a cada régimen”, señaló el socialcristiano.
“No es un tema de persecución, es un tema de que si no se disponen los recursos y si no se toman las decisiones va a salirle más caro al país”, añadió el diputado.
Durante la sesión, los altos jueces que se pronunciaron contra la iniciativa legislativa fueron el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, y Julia Varela, de la Sala Segunda.
Cruz afirmó: "acaban de reformar la ley del fondo de pensiones del Poder Judicial, en abril, y ahora surge un proyecto para hacer un cambio que liquida el fondo. Pueden hacer eso, pero es un indicador de falta de perspectiva nacional a mediano y largo plazo.
“No es una unificación (...) es la liquidación del régimen del Poder Judicial. Es muy serio. Esta es una liquidación y una variación fundamental (...) que puede provocar un conflicto para un sector minoritario aristocrático, que serían los pensionados judiciales y por esa razón políticamente no son de tanta relevancia”.
En tanto Julia Varela manifestó: “Es evidente que este proyecto tiene una misión política estratégica, que es acabar con todos los regímenes (...) son reformas tan draconianas, dejando prácticamente que todo el mundo tenga que tener la misma pensión aunque haya aportado diferente. Entonces hay un desequilibrio interesante y que requiere reflexión”.
Para la magistrada, este proyecto forma parte de un “ataque sistemático al Poder Judicial”.
Colaboró la periodista Sofía Chinchilla.