Carlos Arguedas C.. 20 agosto
Los magistrados aprobaron en la sesión de este lunes el reglamento que regulará la escogencia de los miembros de la nueva junta administradora del fondo de pensiones. Foto Carlos Arguedas
Los magistrados aprobaron en la sesión de este lunes el reglamento que regulará la escogencia de los miembros de la nueva junta administradora del fondo de pensiones. Foto Carlos Arguedas

La Corte Plena inició este lunes el proceso para buscar a las seis personas que, de forma ad honoren (sin recibir ningún tipo de renumeración económica), se encarguen de administrar el fondo de pensiones del Poder Judicial.

La escogencia tendrá que tenerse antes del 22 de noviembre pues ese día el control de las jubilaciones pasará del Consejo Superior a la llamada Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

Este cambio quedó establecido desde el 28 de abril cuando la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley cuyo fin principal era cerrar un hueco de ¢5,3 billones proyectado para ese sistema jubilatorio.

En la reforma se concedió un plazo de seis meses al Poder Judicial para regular mediante un reglamento la elección de los seis miembros. También se estableció que tres serán nombrados por los magistrados y tres por el colectivo judicial (los 13.000 empleados actuales y los cerca de 3.000 jubilados). Para designar estos últimos se tendrá que realizar una votación electrónica. El período de los nombramientos es de cinco años.

Precisamente, en la sesión de Corte Plena de este lunes los magistrados aprobaron de manera unánime el reglamento que regulará la elección de los miembros de dicha junta. La normativa está conformada por 44 artículos.

Altos requisitos

Durante el análisis, el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos Hidalgo, hizo ver a los magistrados que la ley aprobada por el Congreso estableció altos requisitos para quienes aspiren a ocupar los cargos en esa junta y advirtió de que ninguno de los escogidos recibirá ningún tipo de remuneración.

Campos dijo que la ley pide que los que lleguen a los puestos deben tener cinco años de experiencia en el manejo de fondos de pensiones, ser conocedores de las finanzas y de asuntos actuariales.

“Los estándares o perfiles son muy elevados y tienen que ser supervisados por la Superintendencia de Pensiones (Supen)”, agregó.

El magistrado Román Solís Zelaya, de la Sala Primera, comentó que va a ser complicado encontrar dentro del Poder Judicial personas que cumplan con esos requisitos y que, además, sin recibir renumeración alguna, asuman ese cargo que tiene una gran responsabilidad.

Un criterio similar expresó Iris Rocío Rojas, también de la Sala Primera, cuando dijo: “nos va a costar un mundo conseguir a esas personas”.

Los magistrados determinaron que en la junta tiene que haber equidad de género.

Asimismo, acordaron que para las votaciones del colectivo judicial ninguno de los aspirantes podrá recibir ayuda de ningún tipo de personas físicas o jurídicas de fuera del Poder Judicial.

Durante la discusión, los magistrados advirtieron que la junta administardora debe estar integrada el 22 de noviembre, pues al día siguiente el Consejo Superior ya no tendrá ninguna injerencia en el manejo del fondo de jubilaciones.

“El problema es que si no se elige a esas personas, no se podrán girar dineros a los jubilados, aprobar nuevas pensiones o tomar otras decisiones administrativas”, dijo Rodrigo Campos.