La Corte Plena comenzó este lunes el análisis de un proyecto que pretende introducir varios cambios en la forma de juzgar a los miembros de los supremos poderes.
Serían modificaciones al Código de Procedimientos Penales (CPP) y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
Una de las reformas más importantes pretende garantizar la segunda instancia a esos funcionarios que gozan de un fueron especial o inmunidad, como es el caso de ministros o diputados.
Con la segunda instancia, las sentencias pueden ser apeladas ante un tribunal, antes de llegar a la casación, como estableció una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 2004, que obligó a crear la segunda instancia en materia penal para ciudadanos comunes, mediante ley de 2010.
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En la actualidad, los casos contra miembros de supremos poderes son juzgados por la Sala Tercera. Esa resolución se podría apelar ante la Corte Plena, lo que implicaría que magistrados constitucionalistas, de familia, laboral y civil resolverían un asunto penal. Mediante este sistema no se cumple la doble instancia.
En los últimos años, ninguna persona con inmunidad ha enfrentado un juicio penal. El último que estuvo en ese proceso fue el exdiputado liberacionista Jorge Angulo Mora (2010-2014), pero debido a una enfermedad del imputado el juicio que iba a realizar la Sala Tercera se aplazó.
Para cuando el juicio se realizó, Angulo ya no era diputado y pasó a la vía ordinaria. Este asunto todavía está pendiente de debate.
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Justificación
El magistrado de la Sala Tercera, Rafael Segura, encargado de hacer la exposición del proyecto, dijo que entre las novedades está la inclusión de la doble instancia.
Cuando los magistrados iban a conocer cada uno de los 11 cambios del CPP, tres de la Ley Orgánica del Poder Judicial y uno de la Ley Orgánica del Ministerio Público se presentaron algunas objeciones y la discusión se postergó para el 16 de setiembre.
Una de las principal observaciones la hizo la magistrada Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera, quien mencionó que para aplicar este tipo de cambios se requiere reformar la Constitución Política, lo cual consideró que no es viable discutir en ese foro.
Sin embargo, Patricia Solano, vicepresidenta de la Corte e integrante de la Sala Penal, manifestó que no se requiere cambio constitucional, sino modificaciones a leyes penales.