Siete años después de que se planteó una denuncia en su contra, el exdiputado liberacionista Jorge Angulo Mora irá a juicio.
Al exlegislador se le atribuye haberle exigido dinero a los dueños de la constructora COIN KRJ para mantener la adjudicación de un contrato en San Vito de Coto Brus.
La orden de elevar el caso a juicio la dictó el Juzgado Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, el pasado 11 de julio tras la audiencia preliminar. La decisión fue comunicada a las partes el lunes anterior, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Ahora corresponderá el Tribunal de Juicio determinar la fecha en la cual se realizará el debate, que podría ser en un año.
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El Ministerio Público acusa a Angulo, exlegislador por el Partido Liberación Nacional (PLN) durante el período 2010-2014, del delito de concusión, que se castiga con prisión de dos a ocho años.
Según el artículo 355 del Código Penal, incurre en esa conducta "el funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial".
Además del exdiputado, en el juicio también deberán comparecer otros tres hombres de apellidos Arias Dowartt, Gómez Guido y Alfaro Chaves.
El caso que se discute sucedió durante el 2010 y tiene que ver con un contrato que otorgó la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para la construcción del Liceo Italo-Costarricense en San Vito de Coto Brus, Puntarenas. La obra tenía un costo de ¢705 millones y beneficiaba a 250 alumnos.
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El proceso penal se abrió durante el 2011 cuando Jorge Sandoval, dueño de la firma COIN KRJ, adjudicataria del trabajo, denunció que presuntamente Angulo le había exigido dinero a cambio de no entorpecer el avance del contrato.
Otros elementos.
El juez José Pablo León, quien dirigió la audiencia preliminar, estimó que la acusación expuesta contiene los elementos necesarios para vincular a los imputados con los hechos atribuidos por el fiscal Carlos Meléndez Sequeira.
La anterior determinación la adoptó con base en las pruebas testimoniales y documentales que hizo públicas el Ministerio Público en la diligencia.
El juzgador rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo que solicitaron en dicha audiencia los defensores Rafael Gairaud Salazar y Eduardo Jiménez Araya, en representación de los querellados.
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Asimismo, José Pablo León aceptó el desistimiento que hizo la empresa perjudicada (COIN KRJ) de ser querellante en el juicio y, además, del reclamo civil por los daños ocasionados.
Dicha gestión fue dada a conocer el pasado 7 de julio por el abogado José Pablo Badilla Villanueva, representante legal de la firma.
"Ellos (mis representados) tienen una total frustración con el sistema porque ya han pasado muchos años. Tienen también una desconfianza en las instituciones nacionales. Hace cuatro meses la Procuraduría había aceptado la suspensión (arreglo judicial) y ahora no la acepta. Ellos está frustrados con la Administración", manifestó al salir de una de las sesiones.
El juez León sí aceptó el reclamo civil que hizo la Procuraduría General de la República, representada por Miguel Cortés Chaves. Aunque el monto se mantuvo en reserva, trascendió que el mismo sería cancelado de manera solidaria por los cuatro implicados.
La Nación intentó este jueves hablar con Angulo o con Rafael Gairaud pero no respondieron las llamadas hechas a los teléfonos celulares.
Este proceso penal ha sufrido múltiples atrasos debido a que cuando se dieron los hechos y se presentó la acusación, Angulo era diputado tenía inmunidad.
Luego de que se le levantó su inmunidad, en diciembre del 2011, el caso iba a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, pero por múltiples situaciones el tema se postergó hasta que a Angulo se le venció el período. Luego el expediente pasó a los tribunales comunes.