Corte amplia permiso para que Michael Soto concluya su mandato como ministro de Seguridad

La Corte Plena amplió este lunes por un año el permiso para que Michael Soto Rojas pueda concluir en el cargo como ministro de Seguridad Pública, como lo ha venido desempeñando desde mayo del 2018.

El acuerdo contó con el apoyo de 20 magistrados y hubo uno voto en contra. La autorización rige a partir del 8 de mayo próximo hasta el 8 de mayo del 2022, fecha en la que concluye la Administración Alvarado Quesada.

La licencia es sin goce de salario. Soto, de 47 años, se desempeñaba como jefe de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad en la que laboró 26 años antes de ser designado en Seguridad Pública. Es abogado, criminólogo y tiene una maestría en Administración Pública.

El magistrado Paul Rueda Leal, de la Sala Constitucional, votó en contra de conceder el permiso, al considerar que el funcionario judicial estará en un puesto de carácter político.

“Yo planteo mi posición en el sentido de la necesaria independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales, quienes asumen un riesgo considerable cuando se dedican a cargos políticos. Respeto otras posiciones, pero en mi caso creo firmemente en lo que estoy aseverando”, dijo Rueda.

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La postura del magistrado constitucionalista ha sido constante, ya que cuando se aprobó el primer permiso para Soto, el magistrado justificó su posición por consideración a la independencia judicial.

En aquella ocasión afirmó: “Pienso que vamos en un mal derrotero en seguir en la línea de no trazar límites claros y directos entre lo judicial y lo político. No me parece bien que funcionarios judiciales de cualquier rango tengan que desempeñarse en puestos políticos. Eso atenta contra lo más esencial de la independencia judicial”.

Otros asuntos

Paralelamente, durante la sesión de Corte Plena de este lunes se procedió a juramentar a la magistrada Patricia Solano Castro, de la Sala Tercera, como vicepresidenta de ese poder.

Solano fue electa por un plazo de dos años y la función principal que desempeñará será la de sustituir la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

También los altos jueces conocieron sobre una propuesta para reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que está relacionada con el nombramiento de los letrados que trabajan en las cuatro salas del Poder Judicial.

La iniciativa pretendía que el nombramiento de esos funcionarios se hiciera mediante votación unánime de los integrantes de las salas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.