EscucharLa Corte Plena aprobó este lunes conceder permiso sin goce de salario a Michael Soto Rojas por un período de un año, que será prorrogable, para que ocupe el cargo de ministro de Seguridad Pública en la nueva administración.
El acuerdo se tomó luego de una amplia discusión entre los magistrados sobre la conveniencia o no de que un funcionario judicial pase a ocupar un puesto político.
En total 19 magistrados votaron por aprobar el permiso. Hubo dos votos en contra y un alto juez ausente.
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Soto, de 44 años, actualmente se desempeña como jefe de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad en la que labora desde hace 26 años. Es abogado, criminólogo y tiene una maestría en Administración Pública.
El jueves fue anunciado por el presidente electo, Carlos Alvarado, para dirigir la cartera de Seguridad Pública.
Sin embargo, para asumir el 8 de mayo requería autorización del Poder Judicial.
El investigador será el sucesor de Gustavo Mata, exfuncionario judicial que asumió las riendas de Seguridad Pública en febrero de 2015, luego de la renuncia de Celso Gamboa quien volvió a la Fiscalía.
Para entonces, Mata ya estaba jubilado.
Inquietudes
El tema del permiso a Michael Soto lo llevó el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, quien explicó que el asunto fue planteado formalmente por el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza en la sesión del Consejo Superior del pasado jueves.
No obstante, comentó el presidente de la Corte, él ya había sido informado.
"El presidente electo de la República, Carlos Alvarado me llamó telefónicamente y me comentó sobre la escogencia de Michael Soto. Lo hizo antes de anunciarlo públicamente el jueves anterior. Le dije al presidente electo que yo lo iba a presentar ante la Corte Plena, que soy un voto más, pero que si lo iba a presentar para que se le otorgue el permiso para que pudiera ejercer como ministro de Seguridad, no era solo un interés institucional sino por un interés país", dijo Chinchilla.
El jerarca judicial dijo que por la trascendencia del hecho, el Consejo Superior decidió pasar el tema a la Corte Plena.
Paul Rueda fue uno de los dos magistrados que opuso a que se le concediera el permiso a Soto. Lo hizo, explicó, por consideración a la independencia judicial.
"Pienso que vamos en un mal derrotero en seguir en la línea de no trazar límites claros y directos entre lo judicial y lo político. No me parece bien que funcionarios judiciales de cualquier rango tengan que desempeñarse en puestos políticos. Eso atenta contra lo mas esencial de la independecia judicial", alegó.
Sin embargo, otros compañeros como Fernando Cruz, Nancy Hernández, Doris Arias y Román Solís se pronunciaron a favor.
"Creo en la honestidad y la transparencia de los funcionarios públicos (...) y creo que una persona como Michael Soto puede facilitar la labor de coordinación entre policías", dijo Solís.
Doris Arias dijo por su parte: "en cuanto a los compromisos éticos que tienen que existir, conociendo a don Michael, tiene ese compromiso ético que ha demostrado durante todo este tiempo y si no lo tiene, lamentablemente tendremos la posibilidad de ver, no solo en los tribunales de justicia o sino finalmente cuando regrese este funcionario".
Finalmente, los magistrados aprobaron el permiso por un año, pues es el máximo que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una vez vencido ese período, la Corte Plena tendrá que extender el permiso por otro año y así hasta que concluya la gestión.
No fue posible conocer el nombre del otro magistrado que rechazó el permiso.
La votación fue secreta.
