EscucharEl Banco de Costa Rica anunció este jueves que interpuso una acción civil resarcitoria en el caso penal del cemento chino, en el que se investigan presuntas irregularidades al otorgar un préstamo de esta entidad financiera a la firma Sinocem Costa Rica, del empresario Juan Carlos Bolaños.
Amparado en el artículo 295 del Código Procesal Penal, el BCR alegó que esta fase del proceso es confidencial y no divulgó el monto que reclama en esta causa en la que están involucrados otros dos empresarios de apellidos Cortés Zúñiga y Rojas Segura, así como seis personas que para el momento en el que abrió la investigación, en el 2017, trabajaban en el banco.
Se trata de Leonardo Acuña Alvarado (subgerente de Finanzas y Riesgos), Gilberth Barrantes Campos (gerente corporativo de Riesgos y Control Interno), Marvin Corrales Barboza (subgerente de Banca Minorista), Paola Mora Tumminelli (expresidenta del BCR), Rodrigo Ramírez Rodríguez (director de Gestión de Crédito) y Andrés Víquez Lizano (exsubgerente de Banca Mayorista).
“Reiteramos que el Conglomerado Financiero BCR es respetuoso de las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales. Continuaremos colaborando con las autoridades en el proceso respectivo y hemos puesto a su disposición todos los elementos requeridos para el desarrollo de la investigación”, indicó el banco en un escueto comunicado.
Esta acción resarcitoria trasciende apenas un día después de que la Procuraduría General de la República reclamara $10 millones por daño social a los imputados en este caso.
“La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, el día viernes 29 de julio de 2022, interpuso escritos de querella y acción civil resarcitoria en el proceso penal seguido bajo sumaria n° 16-13-33-TP, seguido en la Fiscalía General de la República, contra altos funcionarios del Banco de Costa Rica y 3 sujetos particulares”, anunció la PGR este miércoles.
“Se demandó civilmente a los imputados y a cuatro personas jurídicas, para que solidariamente sean condenados el resarcimiento del daño social ocasionado con dichos hechos ilícitos, y que asciende a una suma prudencial de $10 millones (¢6.780 millones, al tipo de cambio actual) así como al pago de intereses y las costas del proceso”.
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El caso
Este asunto comenzó a ser investigado después de que el 29 de setiembre del 2017, La Nación reveló que el Grupo JCB le reportó al Banco Popular y al BCR las mismas importaciones de cemento a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero, provenientes de líneas de crédito.
Por separado, esas dos entidades le giraron $13,8 millones en total a compañías de Bolaños para traer este producto desde China, entre finales del 2015 y principios del 2016. El Popular le depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, mientras que el BCR le giró $9,4 millones a la compañía Sinocem Costa Rica.
En julio anterior, la Fiscalía acusó al empresario Bolaños de 28 delitos, luego de que la Unidad Especializada de la Fiscalía General detallara el 13 de julio que había finalizado la investigación desarrollada dentro del expediente 16–000013–0033–TP.
Bolaños es sospechoso por: 11 presuntos delitos de peculado, ocho de aparente receptación, legalización o encubrimiento de bienes; tres por el supuesto uso de documento falso, otros tres de influencia sobre la hacienda pública y tres más por captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.
