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Los abogados del presidente Carlos Alvarado, Roger Guevara y Rodolfo Brenes, calificaron la acusación de la Fiscalía como “precipitada”, y aseguraron que la defensa “ni siquiera conocía el expediente”. Los juristas aseguraron en un comunicado que se enteraron por medio de la prensa de la solicitud de la Fiscalía General de la República de abrir juicio contra el mandatario y el diputado Víctor Morales Mora.
El presidente Alvarado es investigado por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en la que supuestamente se manejaban datos restringidos y sensibles de los ciudadanos.
Guevara y Brenes añadieron que no han sido notificados de la decisión del fiscal general a. i. Warner Molina, y que el expediente “fue abierto este año” y “no corresponde al que se ha venido tramitando”.
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“Los abogados de la Defensa no conocen la existencia de expediente en el que supuestamente se emitió la acusación. (...). La Fiscalía General de la República se precipitó a formular una acusación penal, cuando aún no se ha abierto y analizado toda la información que fue secuestrada: computadoras, teléfonos y llaves maya”, enfatizaron los defensores.
Además, añadieron que el caso amerita “toda la seriedad”, y cuestionaron la importancia de las pruebas recabadas en el allanamiento a Casa Presidencial, pues a pesar de que la Fiscalía señaló su importancia, procedieron la acusación sin conocerlas.
“Entonces, ¿era necesario allanar la Casa Presidencial o no lo era? ¿eran esenciales las pruebas decomisadas en el allanamiento o no lo eran? Si no lo eran, ¿por qué insistían tanto en ellas? Y si lo eran, ¿por qué ahora proceden sin siquiera conocerlas?”, reclamaron los juristas.
Cuestionan creación de nuevo expediente
Guevara y Brenes cuestionaron también la supuesta creación de un nuevo expediente. Los defensores señalaron que la acusación no se formuló dentro del expediente que se abrió en el año 2020 (20-005433-0042-PE), sino que “en lugar de eso, al parecer, en este año se abrió un nuevo expediente, número 22-0000006-033-PE, cuya existencia no conocía la defensa, donde no hemos tenido ninguna participación”.
Los juristas criticaron que, “al parecer, se abrió solo para formular ahí una acusación penal precipitada, carente de prueba y a espaldas de la defensa. Los procesos penales son cosa muy seria, y deben tener única y exclusivamente como objetivo investigar hechos y determinar si se cometió o no un delito. La utilización del proceso penal con otros fines no es propia de un Estado democrático de derecho”.
Finalmente, Roger Guevara y Rodolfo Brenes sostuvieron que el presidente Alvarado no cometió ningún delito, y aseguraron estar seguros de que “así lo establecerán los tribunales de la República en el momento oportuno”.
