Escribo porque me importa mi país y porque creo que es posible corregir el grave error en torno a Cinde y la atracción de inversiones
Roberto Artavia
No es por falta de contenido fiscal, pues Procomer financiaba a Cinde con los recursos provenientes del canon que pagan las zonas francas y este en los últimos años ha crecido, no disminuido.
No es por el empleo rural, puesto que en la estrategia de Cinde y en los compromisos asumidos a cambio del financiamiento público destaca la búsqueda de inversiones fuera de la GAM; y Cinde nunca ha dejado de cumplir los compromisos que asume como parte del convenio. Además, la búsqueda de inversiones fuera de la GAM está en la estrategia de Cinde desde el 2014. Lo sé porque yo mismo serví como facilitador de ese proceso de planificación estratégica.
No es porque Cinde haya disminuido en sus capacidades, pues ha venido evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes de los inversionistas extranjeros: desde empresarios de flores frescas y plantas ornamentales en los años 80 del siglo pasado hasta los microchips, implementos médicos y servicios de valor agregado de nuestra economía y exportaciones actuales. Esto lo puede hacer por la flexibilidad que le da ser una agencia privada, mientras las entidades públicas solo pueden hacer lo que dictan las leyes y sus estatutos, lo que limita su velocidad para responder a cambios en el contexto.
No es por falta de crear valor a los inversionistas extranjeros, porque quienes interactuamos con las empresas extranjeras en zona franca sabemos que hay algo llamado “el factor Cinde”, que se reconoce como la capacidad única de esta institución para tender puentes, resolver cuellos de botella, encontrar profesionales y trabajadores para las empresas y llenar todas sus necesidades en este y otros campos. Y ni que decir del valor creado para el país, sus jóvenes en busca de empleo, sus inversionistas y desarrolladores, fondos inmobiliarios, la banca nacional y miles de pymes que se encadenan con los inversionistas extranjeros.
No es por ineficacia o ineficiencia operativa, pues el retorno sobre la inversión muy modesta que representa Cinde para el Estado costarricense es claro en los casi 200.000 empleos directos y muchos más —casi otro tanto igual— creados de manera indirecta en proveedores de insumos, suministros, servicios, logística, etc., y de los muchos millones de colones que desde las zonas francas se aportan a entidades públicas como el ICE, la CCSS y el INA, entre muchas otras, o el impacto en la transformación y modernización educativa que resulta de la colaboración con universidades públicas y privadas. Todo esto además de exportaciones por más de $10.000 millones, con valor agregado creciente, que ayudan a la balanza comercial, balanza de pagos y reservas internacionales.
Si no es por ninguna de las razones anteriores, entonces, ¿qué hay detrás de esta ruptura?
¿Y las Cámaras del sector productivo que votaron por romper el convenio desde la directiva de Procomer habrán pensado en lo que esto implica cuando les llegue el turno de disentir con el Poder Ejecutivo?
¿No será más bien otro paso hacia la concentración de las decisiones y funciones clave y valiosas en el Poder Ejecutivo? Un poder ejecutivo demasiado centralizado en la figura de un presidente que desea que se hagan las cosas a su modo o rompe relaciones y se aísla y disminuye a entidades valiosas como Cinde. ¿No es precisamente la diversidad de pensamiento y la colaboración entre sectores la esencia misma de la democracia?
La alianza entre Cinde, Comex (antes Minex) y Procomer (antes Cenpro y Consejo Nacional de Inversiones) ha sido ejemplo para el mundo de una política de Estado con 40 años de vigencia, que ha transformado la estructura económica y la capacidad exportadora, y ha contribuido a la modernización y diversificación productiva del país. Es además generadora de empleos de calidad y fuente de encadenamientos productivos; posiblemente, en todas esas dimensiones, la economía más robusta de América Latina.
No se dan cuenta de que esa colaboración transparente, abierta y eficaz es precisamente la magia de la atracción de inversiones a Costa Rica; que las empresas internacionales en busca de un destino para sus operaciones se sienten cómodas en un ambiente en que lo público y lo privado se unen para recibirlos, atenderlos, guiarlos y facilitar su instalación y operación. Pues bien, esa comunión, ese ambiente balanceado y colaborativo se acabó el 2 de mayo del 2023.
No hay razón más que la obvia: mayor concentración de poder en el Ejecutivo y su líder. Pero es un retroceso en la confianza interna e internacional, otro golpe a la independencia y diversidad de pensamiento y acción, un golpe a la posibilidad de avanzar por medio de la colaboración entre lo público y lo privado en este y otros campos que lo requieren y —ojalá que no, pero posiblemente— un golpe casi mortal a la capacidad del país de seguir atrayendo inversiones y diversificando y modernizando su economía.
Escribo esto a título estrictamente personal, como asesor internacional de gobiernos e instituciones en estrategias de atracción de inversiones extranjeras, modernización productiva, diversificación de exportaciones y competitividad del clima de negocios, entre otros temas.
Lo escribo porque me importa mi país y porque aún estamos a tiempo de corregir este gravísimo error que se está cometiendo en la atracción de inversiones en particular y, sobre todo, en basar las relaciones entre lo público y lo privado y lo laboral no en la confianza, la transparencia y la colaboración, sino en la descalificación, la polarización y la fuerza.
El Dr. Roberto Artavia es consultor internacional.
