21 noviembre, 2000

La imagen pública de Montesinos, mientras sobornaba a un congresista opositor para que hiciera causa común con el oficialismo, realizó el milagro en Perú. Ni el voto popular ni la presión internacional ni la OEA ni un sector del ejército habían podido abatir a uno de los regímenes más prepotentes de América Latina en esta década. Valga este testimonio como prueba de la trascendencia de la información en una sociedad y explicación del esfuerzo de todo gobierno dictatorial o corrupto para guarecerse en el secreto. Esta imagen reveladora potenció y unificó todos los esfuerzos anteriores contra Fujimori y sus secuaces.

Fujimori huyó de su país y ha hecho abandono del poder más como un bandolero que como gobernante impopular. Vencedor contra el laureado escritor Mario Vargas Llosa en 1990; contra el exsecretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, en 1995, con el 64 por ciento de los votos, y proclamado presidente en un tercer período en abril pasado, el otrora imbatible político es hoy un fugitivo de la justicia peruana, quien, desde Japón, la patria de sus ancestros, envió ayer, al parecer, la carta de renuncia. Estableció un régimen de terror y corrupción en estos 10 años y Perú recoge ahora su terrible herencia: una profunda crisis moral, económica y política, en la que ni siquiera está claro quién va a ser el sucesor pues, si la Constitución prevé el orden de precedencia, este no garantiza experiencia política ni capacidad para gobernar. A esta designación urgente seguirá la organización de las próximas elecciones, en las que corresponderá a los actuales dirigentes y a los candidatos demostrar, por su madurez, visión y espíritu cívico, que están a la altura de las circunstancias. Ningún homenaje mejor al binomio tenebroso de Fujimori y Montesinos que un proceso electoral turbio, violento o desintegrador, aún más, de la unidad y de la concordia en el seno de la sociedad peruana.

Un gobierno peruano que genere confianza debe, además, como objetivo prioritario, iniciar las gestiones pertinentes, en el ámbito de la justicia interior e internacionalmente, para enjuiciar a Fujimori y a Montesinos. No basta con llevar a cabo un proceso electoral limpio, competitivo y universal, ni reiniciar un proceso sostenido de estabilidad política y de reconstrucción económica. Este esfuerzo debe asentarse en el triunfo de la justicia, esto es, en el combate de la impunidad, sin importar el valimiento de los gobiernos que le hayan brindado protección a los delincuentes del poder. Si no se llevan a término las exigencias del estado de derecho y de la democracia, y si rápidamente no se abre un horizonte de esperanza y de seguridad, comenzarán a rondar de nuevo en Perú los fantasmas de la violencia y de otros senderos tenebrosos. Desde el punto de vista del interés de los países latinoamericanos y en vista de los desgarramientos sufridos por el sistema democrático en estos años, es necesario el retorno de Perú a la normalidad.

Ya habrá tiempo de someter a examen el paso de Fujimori por el escenario político de Perú. Adelantamos, sin embargo, una reflexión: el peligro de que un pueblo, en particular sus clases dirigentes, pierdan el deber de vigilancia y de sentido crítico constante, así como la sensibilidad ético-política, llevados por el éxito, por algunos resultados económicos o políticos inmediatos, de parte de sus gobernantes. Si se repasa la trayectoria de gobernante de Fujimori, queda registrada, de manera cabal, desde sus primeros años, su sed de poder incontrolado y su desprecio por las normas legales, mediante el arrullo de la seguridad nacional y el aplauso de muchos. Perú ha pagado a un precio muy alto una gran tentación: anteponer el gobierno de los hombres al gobierno de las leyes. La subversión de este principio desemboca en el gobierno autocrático y todo lo demás.