EscucharLas proponentes de la “marcha de las putas a la tica”, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las más de 1.500 personas de todas las edades que se sumaron a la acción del domingo 14 de agosto, en demanda de un alto a la violencia sexual y en repudio a las declaraciones de autoridades de la Iglesia católica, cuyo sentido reproduce ideas revictimizadoras y opresivas en contra de las mujeres.
La "marcha de las putas a la tica" convocó a una amplia diversidad de personas bajo una demanda común: el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
En esta ocasión, se ejerció la libertad de expresión, derecho consagrado en el ordenamiento jurídico costarricense y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Subrayamos que la marcha fue un fenómeno espontáneo, sin dirigentes ni líderes, donde el instrumento de convocatoria fue el uso de redes sociales. Por lo tanto, el evento permitió la expresión libre y diversa de todas las personas que se sintieron identificadas con el objetivo de la marcha. Por ello, no todas las expresiones manifestadas en el evento fueron compartidas por todas las personas que participaron de este.
Contra la revictimización. Sin embargo, lo que sí nos convocó a todas y todos fue la necesidad de repudiar cualquier acto o expresión que busque responsabilizar a las mujeres por la violencia sistemática de la que somos parte.
El movimiento la marcha de las putas fue para las y los participantes una gran fiesta pacífica de libertad democrática, la cual se realizó sin ningún tipo de violencia y, por lo tanto, no fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública en ningún momento.
Tampoco hubo actos de degradación de bienes públicos ni irrupción en ceremonias religiosas.
Por ello, rechazamos con fuerzatoda acusación de “incitación a la violencia” o “violacióndel Estado de derecho”, las cuales deben interpretarse como mensajes de manipulación de la opinión pública e intolerancia de parte de la jerarquía católica, que intenta reducir desmedidamente la libertad de expresión.
Consideramos falso que las declaraciones de los señores Ulloa y Robles se dirigieran solo a las mujeres católicas que van a misa. Siendo este un país en que la religión católica es oficial, los mandatos morales emitidos por la Iglesia católica tienen un espacio privilegiado en los medios de comunicación y su voz está más presente que la de muchos otros sectores sociales. Por lo tanto, la manifestación pública de malestar ante sus mensajes es totalmente válida y pertinente cuando estos se dirigen por la ruta que responsabiliza a las mujeres de la violencia de la que son víctimas.
Respetamos profundamente la libertad de expresión. Sin embargo, las expresiones de esta institución religiosa entran en frontal conflicto con las obligaciones del Estado claramente establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Por consiguiente, no estamos solicitando censura contra las autoridades religiosas, pero sí exigimos claridad y compromiso en materia de derechos humanos de las mujeres.
Por otra parte, cuando se le pidió su opinión a la señora presidenta sobre la manifestación social "la marcha de las putas", ella no asumió una posición de compromiso público para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
De una presidenta esperamos y exigimos la toma de acciones concretas para fomentar el respeto de las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos de las mujeres.
Señales alarmantes. Finalmente, expresamos nuestra preocupación, al igual que el Comité CEDAW de las Naciones Unidas, acerca de las consecuencias que tiene sobre los derechos sexuales y reproductivos el hecho de que Costa Rica sea un Estado confesional y por las intenciones del Gobierno de firmar un concordato con el Vaticano.
Expresamos nuestra preocupación por los privilegios que se le conceden a la Iglesia católica, al someter temas relacionados con la salud de las mujeres a la opinión de sus autoridades religiosas.
Exigimos al Gobierno de Costa Rica que cumpla inmediatamente con las obligaciones nacionales e internacionales de los Estados, establecidas en la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y en la Convención de Belém do Pará.
Exigimos al Gobierno de Costa Rica el impulso de una política fuerte para la erradicación de toda forma de violencia y de discriminación contra las mujeres.
Exigimos al Gobierno de Costa Rica el pleno reconocimiento del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y a elegir su proyecto de vida.
