Esta semana se presentó el Informe del Estado de la Pyme 2013, un excelente esfuerzo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio que nos revela la importante contribución de las pymes al país con un aporte del 30% del PIB nacional y como generadoras del 50% del empleo total.
La sistematización de la información ayudará a fortalecer este segmento productivo nacional que ya es importante, pero que podría potencializar a nuestro país a nuevos niveles de desarrollo y bienestar social.
El informe, que esperamos se mantenga como una contribución sistemática y periódica, brinda transparencia, evidencia el peso económico y social de las pymes y facilita priorizar los retos y desafíos.
En un momento en que hay múltiples iniciativas de apoyo al emprendedurismo, el estudio operará como mecanismo de control y rendición de cuentas de lo que funciona y de lo que no, y quizás más importante aún, se convertirá en una buena herramienta para la asignación de los presupuestos públicos.
El estudio revela aciertos en cuanto al paso de la informalidad a la formalidad (254% de aumento), así como el avance de las pymes en el tema del acceso a la tecnología y al uso de Internet, con la excepción de las microempresas, con niveles inferiores al 50%, sin duda un desafío por delante.
El informe revela también uno de los obstáculos más relevantes para las pymes como lo es la dificultad de acceso al crédito. Pese a la tantas veces mencionada banca de desarrollo, el crédito a las pymes no llega al 10% del total nacional.
Igualmente significativo resulta la estrecha relación entre el bajo nivel de desarrollo de las regiones con un bajo nivel de participación de las pymes. Requerimos un plan estratégico de encubadoras regionales.
Esperamos mejoras con la modificación al reglamento para la calificación de deudores con operaciones otorgadas con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (Ley 8634), actualmente en proceso de aprobación así como una mejor operación del sistema de avales a proyectos viables que no cuentan con garantías.
Se requiere hermanar la oferta educativa y técnica con las necesidades de los mercados, desarrollar un ecosistema de innovación, mejorar nuestra competitividad (ej.: energía, infraestructura), fomentar los encadenamientos de valor, así como simplificar aún más los trámites, una bandera en la que acertadamente ha trabajado la ministra Mayi Antilllón.
En el siglo XXI, las pymes son las llamadas a constituirse en la columna vertebral de un nuevo modelo que nos garantice desarrollo, sostenibilidad y bienestar social.